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¿Y la Ley de Agua?

Claudia Romero

Este mes, integrantes del Congreso local anunciaron la apertura de un proceso de consulta para opinar sobre dos iniciativas de ley: la propuesta de Código Ambiental y la de Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos.

Cada una tiene sus propios desafíos para lograr ser un aporte real al panorama ecológico de Querétaro. Por ejemplo, evitar limitarse al incentivo de manejo de residuos existentes sin llegar a establecer bases para dejar de generarlos; o bien, articular competencias sin atropellarse con otras legislaciones vigentes o en proceso de reforma, como el Código Urbano, todavía congelado en comisiones. Garantizar, además, el mejoramiento y no retroceso del derecho al medio ambiente sano y otros derechos conexos. El reto más grande en el fondo de que lo que se necesita no siempre son nuevas normas, sino la aplicación de las existentes.

Si el Parlamento Abierto cumpliese con las características para denominarse como tal, las iniciativas tendrían posibilidad de sortear los riesgos de un mal diseño. Para ello, es necesario ampliar la socialización de los contenidos más allá de colgarlos de la web. Extender los periodos de revisión y los formatos de participación. Hasta el 18 de agosto, fecha del foro ambiental, una proporción todavía muy pequeña de la población sabía apenas sobre la existencia de las propuestas, participando únicamente en aquella con acceso a internet, comprensión del lenguaje jurídico y el tiempo para analizar 176 y 39 páginas respectivamente. Los Foros Ciudadanos para la actualización del Código Urbano llevados a cabo de enero a marzo de 2019, más la presentación de resultados y mesas de trabajo posteriores, son un precedente de formas más participativas en espacios parlamentarios; no obstante, la opacidad repentina al final del proceso y la presentación de la iniciativa lejos del escrutinio público.

En el caso de las dos iniciativas hoy en revisión simultánea, es también importante prever dinámicas independientes que aseguren que la discusión de una no opaque la de la otra. Es preciso definir, además, mecanismos que den certeza al involucramiento ciudadano, no solo por prevención y buena praxis, sino por obligación derivada del Acuerdo Regional de Escazú. Dado que la consulta, “envío-recepción de opiniones”, es de los esquemas más básicos de participación y no constituye una deliberación. Debe haber rutas claras para informar lo que fue o no fue tomado en cuenta, y por qué, especialmente en tanto que algunos comentarios son más bien interrogantes, que requieren de un análisis colectivo.

Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la Ley Estatal de Agua, aún pendiente, si en el Código Ambiental se está retomando la gestión urbana del agua?, ¿es dicho Código el lugar más adecuado para definir la política hídrica, siendo el agua un elemento territorial que no se limita ni al ámbito urbano ni a la materia ambiental? Debiendo, además, ser la política hídrica una política territorial, multisectorial y multinivel que requiere de una visión integral. Sin duda el tiempo y el espacio para dialogar a profundidad son necesarios.  De no cuidarse la coherencia, la inclusión o la técnica, estos esfuerzos podrían complejizar la aplicación de lo ya existente, debilitar otras regulaciones o dificultar la creación de instrumentos normativos que son urgentes. Sobre todo, en el caso del Código Ambiental. Más que resolver terminarían engrosando la inflación normativa y la estadística de ineficacia de la ley. Eso sí, anunciadas con promesas de cambio, bombo y platillo. Esperemos que no sea el caso.

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