Opinión

Casinogate, más allá de la novela

Por: Omar Árcega E.

Prácticamente llevamos dos semanas escuchando los dimes y diretes de los involucrados en el escándalo de la autorización de casinos. Al pasar el tiempo, el número de los implicados aumenta, casi cada dos días salen nuevos nombres, conocemos nuevos hechos. Esto, en buena medida al seguimiento periodístico que han dado personalidades como Carmen Aristegui o Joaquín López Dóriga. Nadie duda que esta historia tiene componentes novelescos: desamores, traiciones, funcionarios corruptos, empresarios lavadores de dinero, políticos involucrados de varios partidos, la sombra del narco, etc. Periodísticamente hablando, es oro puro.

 

Hiperventilado

En una sociedad democrática, una de las funciones de los medios de comunicación es dar a conocer este tipo de contubernios y mostrar al gran público las asociaciones ilícitas que han y están haciendo los funcionarios entre ellos o con otro tipo de personajes. En ese sentido creo que podemos volver hacia atrás y sentirnos orgullosos como nación: entramados como este eran muy difíciles que se ventilaran en la prensa o la radio antes del año 2000. Contar con esta información debería de llevarnos, como electores, a castigar con nuestro voto a los políticos que se prestan a estas corrupciones, pero no sólo eso nos posibilita a ejercer una sanción social contra los institutos políticos que los cobijan. Sólo de esta forma, los funcionarios públicos evitarían vincularse en este tipo de asuntos y las élites partidistas no darían candidaturas o escaños plurinominales a estos individuos. Esto en sí nos haría una sociedad algo más democrática y menos presa de políticos ladrones.

Sin embargo la sanción social no basta. En un país de instituciones eso no es suficiente; toda esta información debe terminar ante los tribunales de justicia. Allí es donde los involucrados deben fundamentar sus dichos, donde las acusados deben demostrar su inocencia y finalmente, desde ese poder se deben dictar los castigos a los que hayan cometido ilícitos. De no ser así, las apariciones mediáticas corren el riesgo de convertirse en un mal sustito de las telenovelas, en simples distractores, o incluso pueden cumplir el perverso papel de distraer a la opinión pública de vigilar discusiones o decisiones de mayor trascendencia. Ejemplos a este respecto sobran en nuestro país.

¿Y la justicia, apá?

En la cuestión de impartir justicia aun andamos cojos, sobre todo cuando se trata de aplicar la ley a funcionarios o ex funcionarios. La perversión inicia desde las propias normas legales, pues los castigos a servidores públicos tienden a ser laxos de acuerdo al delito que se les imputa. Después tenemos la propia lentitud del sistema para impartir una sentencia definitiva, y a esto sumemos la deficiencia en las técnicas de investigación. Entonces no nos extrañemos de las altas tasas de impunidad y donde esto ocurre se incentiva el hacer actos contrarios a la ley. Si de verdad se desea dificultar los actos de corrupción por parte de funcionarios, un bien inicio sería aumentar las penas, reclasificar los delitos de “no graves” a “graves” y no recurrir solamente a ese mal chiste llamado “inhabilitación para el servicio público”, que para los peces gordos no es realmente un castigo, pues con el fruto de sus negocios sucios no tienen necesidad de volver a trabajar para el gobierno.

En el caso concreto de los casinos es necesario hacerle cirugía mayor a las reglas que los regulan pues este caso nos muestra que hay muchas lagunas legales.

Más allá de los personajes involucrados, este caso nos deja varias enseñanzas: 1. Los medios de comunicación no deben renunciar a su función de dar a conocer los actos ilícitos, evitando tomando partido en este ejercicio. 2. Una desmedida ventilación de estos acontecimientos puede correr el riesgo de convertirse en un distractor social que nos distraiga de temas más importantes. 3. Estos casos deben llegar a instancias judiciales, de no ser así se está fundamentado la impunidad, sobre todo en un país con memoria histórica tan endeble como el nuestro, y 4. La sanción social es importante para elevar los costos que los malos políticos tiene que pagar por este tipo de actos.

Este tema sigue su curso, en las próximas semanas veremos si esto llega a los tribunales; empiezan a caer culpables y a deslindarse responsabilidades, para esto es fundamental que los principales acusados renuncien a sus fueros legislativos, o si no sólo se convertirá en una historia novelesca, una narración de traiciones, corrupciones, desamores, perversiones y corruptelas que nos entretenga un rato, que nos dé tema para despotricar contra el “gobierno”, pero que no nos lleve a ser un país de instituciones y legalidad, esto sentará un precedente. La moneda está en el aire.

twitter.com/Luz_Azul

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