El poder judicial y su presupuesto 2024
El Poder Judicial, por medio de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, entregó al poder ejecutivo su propuesta de presupuesto para el próximo año. Como corresponde, el poder ejecutivo hizo llegar al poder legislativo la solicitud del poder judicial. Legalmente, la aprobación de los presupuestos corresponde al poder legislativo.
En 2023, el poder judicial ejerció un presupuesto de 80 mil 646 millones de pesos y para el año próximo solicita aumentar a 84 mil 792 millones. Es decir, un aumento del 5.14 por ciento, que equivale a 4 mil 146 millones de pesos.
La mayor parte del presupuesto se destina al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego a la SCJN y finalmente a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por ejemplo, en 2022, de acuerdo con datos del INEGI, el poder judicial ejerció un presupuesto de 77 mil 407 millones de pesos, de los cuales el 89 por ciento lo ejerció el CJF, la SCJN ejerció un 7 por ciento y el resto el TEPJF.
Ante los amagos de Morena en el congreso de la unión de limitar el aumento del presupuesto para el poder judicial, la presidenta de la SCJN señaló que ‘el acceso a la justicia no es negociable’ y que el acceso a la justicia tiene que recibir ‘montos adecuados’ para ser una realidad. Es decir, según la presidenta de la SCJN el presupuesto del poder judicial se usa para que los mexicanos tengamos acceso a la justicia.
Pues bien, en la solicitud de aumento del poder judicial hay un total de 6 mil 109 millones de pesos de partidas sin justificación. Es decir, más del aumento que quiere el poder judicial.
En la solicitud llaman la atención varios rubros bastante opacos y no se trata de poco dinero. Por ejemplo, se solicitan mil 47 millones de pesos para una ‘compensación garantizada’, 602 millones para ‘asignaciones adicionales al salario’, 408 millones para ‘compensación de apoyo’, ‘gastos de orden social’ 3 millones y medio, ‘servicios integrales a personas físicas y morales ajenas al PJF’ 3 millones, ‘contratación de otros servicios’ 22 millones, ‘otros servicios comerciales’ 20 millones, ‘subcontratación de servicios con terceros’ 61 millones. Sólo estos rubros oscuros suman 2 mil 166 millones de pesos, la mitad del aumento solicitado.
Por otro lado, existen rubros que muestran un abuso, como son los 361 millones de pesos solicitados para ‘gratificación de fin de año’ (nos imaginamos que se trata de aguinaldos), los 115 millones solicitados para seguros de gastos médicos y los 247 millones solicitados para seguros de separación individualizados, los casi 8 millones solicitados para ‘combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos’, 22 millones para ‘arrendamiento de vehículos terrestres’, ‘servicios de lavandería, limpieza e higiene’ 44 millones. Estos rubros suman 797 millones de pesos.
Existen cosas verdaderamente kafkianas, como los 53 millones de pesos solicitados para ‘productos alimenticios’ (esto equivale a 145 mil pesos diarios, durante los 365 días del año, incluyendo sábados, domingos y días festivos) o el millón 700 mil solicitados para ‘utensilios para el servicio de alimentación’ así como los casi 4 millones solicitados para ‘prendas de protección personal’.
De manera increíble, el poder judicial solicita también 12 millones de pesos para ‘donativos a instituciones sin fines de lucro’. ¿Por qué el poder judicial debe hacer donaciones, de manera discrecional, con nuestro dinero?
Resulta más que evidente que antes de aprobar el aumento solicitado, es un deber ético del poder judicial transparentar y desglosar su presupuesto para saber si está o no justificado. Urge.
