La SCJN y su oposición al Plan B

El pasado 22 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una votación de nueve a favor y dos en contra, invalidó el llamado Plan B, propuesto por el poder ejecutivo y aprobado tanto en la cámara de diputados como en la Cámara de Senadores.

La “Acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023”, fue promovida por los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) luego de perder las votaciones en el congreso y en el senado y por uno de los organismos ‘autónomos’ más inútiles que funcionan en el país, el llamado ‘Instituto Nacional de transparencia, acceso a la Información y protección de datos personales’ (conocido como INAI).

Uno esperaría encontrar al leer un dictamen sobre una acción de inconstitucionalidad una lista de los artículos de la constitución que serían violados por alguno de los poco más de 500 artículos que constituyen el llamado Plan B, que consiste en una serie de propuestas sobre leyes electorales.

Pero no, resulta que no es así. Y esto porque los nueve ministros de la SCJN que votaron a favor de invalidar el Plan B no discutieron el fondo del asunto, sino que se concretaron a la forma. Algo verdaderamente increíble para personajes que ganan más de 400 mil pesos mensuales (incluidas sus ofensivas prestaciones).

Al anular el Plan B, los nueve ministros de la SCJN que votaron a favor de esa decisión votaron en contra, por ejemplo, de garantizar el voto de personas con discapacidad en estado de postración, en contra de facilitar el voto a mexicanos en el extranjero, en contra de regular cuotas de inclusión, en contra de regular la paridad en las candidaturas a las gubernaturas, en contra de que legisladores que busquen una reelección se separen de su cargo, en contra de reducir y rediseñar la estructura de las autoridades electorales nacionales y locales, en contra de desaparecer el inútil PREP y que los cómputos se inicien el mismo día de la elección, tal y como sucede en muchos países.

No debe sorprender la nueva actitud de los ministros de la SCJN. La mayoría de ellos fueron cómplices de los gobiernos neoliberales y de sus abiertas violaciones a la constitución, por ejemplo, la violación al artículo 27 constitucional para permitir que empresas extranjeras generaran electricidad en México.

La actual oposición, que fue gobierno durante 36 años, y sus medios cómplices, quieren hoy en día hacernos creer que los ministros son neutrales, que su único interés es jurídico, que no tienen ni filias ni fobias partidistas, que su actuar no está dictado por la ideología. Pero no es así, eso es imposible. Eso no sucede en ningún lado.

Veamos, por ejemplo, el caso del ministro Javier Laynez Potisek, autor del proyecto base para la anulación del Plan B. Este ministro fue propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2015. A Peña Nieto le debe su cargo, lo mismo que la actual presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. Pero, además, Laynez colaboró abiertamente con los gobiernos neoliberales, de los cuales fue su subordinado. Efectivamente, Laynez fue consejero jurídico adjunto del poder ejecutivo federal durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. Pero también colaboró con el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, durante al menos cuatro sexenios ha servido a gobiernos del PRI y del PAN.

Así que da risa que nos quieran hacer creer que personajes con esta historia personal son ‘apolíticos’ o incluso ‘apartidistas’. Es claro que su pasado pesa en sus decisiones actuales y esta es la razón más fuerte por la que no entran a analizar el fondo de los asuntos, sino que usan como pretexto las formas. Una razón más por la que urge una reforma al poder judicial.