La SCJN y sus obscenos privilegios
Recientemente se dio a conocer una lista de 40 prestaciones de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convertidas en privilegios. Estas prestaciones laborales rayan en lo absurdo, en lo kafkiano, en lo surrealista y son ofensivas para la clase trabajadora del país.
La SCJN tiene como una de sus tareas primordiales ser el garante del respeto a la constitución, pero ¿con qué calidad moral van a decirle a otros que están violando la constitución cuando ellos, de manera flagrante, son los primeros que la violan?
El artículo 127 constitucional, fracción II, señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la república. El salario neto mensual del presidente es de 136 mil 700 pesos. Sin embargo, el salario de las y los ministros es de 297 mil pesos mensuales. Es decir, ganan más del doble.
Ningún funcionario público puede justificar, racionalmente, ganar más que el presidente, pues este último es, en absoluto, el que tiene las mayores responsabilidades. Ningún funcionario público, ni los ministros de la corte tienen la amplia gama de responsabilidades de un presidente del país. Así que nada justifica que un funcionario gane más que el presidente y los primeros que deben cumplir con el artículo 127 son los ministros, los encargados de que la constitución no se viole.
Pero la realidad es que los ministros ganan mucho más de lo que marca su salario nominal, pues además de su salario les tenemos que pagar un aguinaldo exagerado de 586 mil pesos, dos primas vacacionales al año de 95 mil pesos cada una (tienen además un mes de vacaciones), un pago por ‘riesgo’ de 640 mil pesos al año. Sólo estas tres prestaciones más su salario dan un total de 415 mil pesos mensuales.
¿Cuántos trabajadores en México tienen ese nivel salarial? ¿Es justo? ¿Es equitativo? ¡Claro que no! Es verdaderamente obsceno que, en un país con 60 millones de pobres, haya ministros que se sirven del dinero público con la cuchara grande. ¿Quién decide ese nivel salarial tan desproporcionado? ¡Ellos mismos! Usan en su favor la autonomía del poder judicial para determinar sus propios salarios lo que es verdaderamente inmoral.
Además, de manera totalmente absurda les tenemos que comprar dos autos tipo Suburban, blindados. Este tipo de vehículos cuestan alrededor de tres millones de pesos y se les deben renovar cada dos años por lo que los ministros nos cuestan, sólo por esta prestación, otros 250 mil pesos mensuales que sumados a los 415 mil de salarios y las prestaciones antes señaladas, nos dan ya un costo de 665 mil pesos mensuales, pagados por todas y todos los mexicanos.
Pero como tal parece que su salario no les alcanza, también les tenemos que pagar un ‘apoyo’ para gasolina de 22 mil pesos mensuales. Más de mil pesos diarios en 20 días laborables al mes. ¿Por qué consumen tanta gasolina al día? ¿Se la pasan viajando? ¿Atienden sus asuntos en una Suburban blindada?
Pero la prestación más ofensiva para la nación son los 60 mil pesos mensuales de un fondo para comer en restaurantes de lujo. Tres mil pesos diarios. ¿Pues qué comen los señores y en dónde lo hacen? ¿Qué beben, para que nos salgan tan caros? ¿En realidad los ministros necesitan gastar tres mil pesos diarios en comida para impartir justicia?
Si tanto les interesa comer en restaurantes de lujo y reciben más de 415 mil pesos mensuales, ¿no pueden pagar su comida de su propio salario, tal como hacemos todos los mortales?
Urge parar los excesos de este grupúsculo de abusivos. Urge una reforma del poder judicial.
