Opinión

Crímenes

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

 

Si viviera, Carlos Monsiváis ya habría acumulado material suficiente para mil tomos de su libro Los mil y un velorios. Que México se ha convertido en un país de nota roja es indudable.

La desgraciada noticia es que Querétaro ha pasado a formar parte del cuadro de honor. Y lo lamentable es que los ciudadanos nos hemos ido acostumbrando a la acumulación infinita de tragedias que recuerdan aquella imagen con la que de manera cíclica suele representarse la silla del poder: una silla en las alturas, pero en alturas formadas por una montaña de cadáveres.

Así se caricaturizó lo mismo a Felipe Calderón que al guatemalteco Manuel Estrada Cabrera o, cómo no, al presidente Porfirio Díaz. A algunos podría parecer un exceso porque seguramente no todos los crímenes que se cometen en un país tendrían que endosarse al Estado. Sin embargo, cuando reina la impunidad, cuando por su carácter sistemático la impunidad alcanza el rango de política de Estado, los crímenes que quedan impunes son también de alguna manera crímenes de Estado. Porque es al Estado a quien corresponde la justicia.

Es innecesario repetir estadísticas. Baste sólo recordar que el Índice de Impunidad Global 2016 reveló que en México la impunidad, entendida como esa práctica sistemática donde los delitos no reciben castigo, es (considerando cifras oficiales y la cifra negra) del orden del 99 por ciento. Es decir, que de cien delincuentes nada menos que 99 andan sueltos. Hay que aclararlo, no es un dato que provenga de ardillas, pero en la tabla de la impunidad Querétaro aparece en rojo intenso, en el grupo de estados con “muy alta impunidad”, con 72 puntos, nada menos que al lado de Tamaulipas, Guerrero y Veracruz, arriba de Sinaloa, muy por arriba de la media nacional, que es de 67 puntos, y lejísimos de Campeche, que registra la más baja impunidad, con 47.

Cuando no hay Estado capaz de procurar e impartir justicia lo que sobreviene son más crímenes. Más crímenes en las formas más espeluznantes. Es el caso de los linchamientos, cuando los individuos asumen el extremo de la justicia por propia mano, sin proceso y de forma tumultuaria. En los últimos 26 años se registraron en el país 366 casos, y tan sólo en 2015 ocurrieron más de 60. En Querétaro han aparecido mantas con advertencia de linchamiento a los ladrones. Lo vimos hace tres meses en La Pradera, por ejemplo.

Pero también hemos visto aparecer una nueva modalidad, aquí no a manos de una multitud enardecida, de noche y con palos y antorchas, sino a manos de algún poderoso bien armado. Apenas esta semana nos enteramos del caso de un empresario poblano que por su cuenta abrió una averiguación para determinar quiénes habían robado su residencia. Sus tribunales personales resolvieron que los culpables eran seis jóvenes. Pues habilitó a sus escoltas y los mandó buscar. Cuando encontraron a los muchachos dictó sentencia y ordenó que los descuartizaran y los incineraran. Los escoltas, según se ha revelado, fueron comandados por un ex policía miembro de la extinta Agencia Federal de Investigaciones. Así de sencillo. Así de complejo. Así de peligroso.

Por todos lados el Estado y su justicia hacen agua. Si 99 de cada 100 delitos no reciben castigo, nos encontramos en la más absoluta ignorancia sobre el móvil de los crímenes. Cuando el Estado llega a esclarecer crímenes, por la presión social o por el lubricante económico, el tiempo revela que muchos fueron resueltos con montajes y fabricación de pruebas y culpables. ¿Qué hacer con nuestras inútiles procuradurías? ¿Qué hacer con nuestros inútiles tribunales? ¿Por cuánto tiempo México seguirá siendo niebla de misterios sin resolver?

 

 

 

Ciudad de Querétaro, febrero 24, 2016

 

 

 

 

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