Desaparición y simulacro: anatomía de un Estado fallido
El “Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025” de “Red Lupa” ofrece una radiografía implacable del fracaso institucional mexicano. Ocho años después de la promulgación de la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares”, el país no solo no ha revertido la crisis, sino que la ha profundizado. Las desapariciones aumentan, las instituciones creadas para atenderlas se debilitan y el sistema de justicia opera bajo lógicas de negación, opacidad y simulación.
El estudio identifica una triple fractura estructural. En el plano legal e institucional, México cuenta con un marco normativo avanzado en papel, pero de cumplimiento desigual: las fiscalías estatales aplican discrecionalmente los protocolos y los registros oficiales son incompletos o contradictorios. La ley, concebida como reparación histórica, terminó absorbida por el formalismo burocrático que pretendía superar.
El segundo nivel, administrativo y presupuestal, exhibe un patrón de precariedad crónica. Los organismos de búsqueda carecen de presupuesto suficiente, personal estable y formación técnica. Las comisiones estatales sobreviven con recursos mínimos y alta rotación, lo que impide consolidar capacidades y continuidad. La improvisación ha sustituido a la política pública, y la escasez de recursos se ha convertido en argumento de impunidad.
El tercer nivel, político y simbólico, revela la raíz de la crisis: la ausencia de voluntad estatal. Los gobiernos federales y locales multiplican declaraciones y crean nuevas instancias que sustituyen la acción por la retórica. La sociedad, por su parte, ha normalizado el horror: el drama cotidiano de las familias buscadoras se volvió parte del paisaje mediático, reducido a cifras y efemérides.
La discrepancia entre cifras oficiales y estimaciones independientes confirma el carácter estructural del encubrimiento. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que debía ser herramienta de transparencia, permanece fragmentado y desactualizado. La opacidad estadística es la forma contemporánea del silencio de Estado: una burocracia de la ausencia que administra el desconocimiento con lenguaje técnico.
Ante ello, “Red Lupa” plantea una revisión integral de la Ley General: fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de Búsqueda, obligar a los estados a crear mecanismos verificables y reconocer jurídicamente la participación de los colectivos. No es una reforma técnica, sino una exigencia ética: la crisis de desapariciones es una crisis de Estado, no de procedimientos. Su persistencia revela un poder que sobrevive gracias a la desmemoria.
El informe muestra un país que ha institucionalizado la indolencia. Cada número en las estadísticas representa una vida ausente y una democracia degradada. México no carece de leyes ni de diagnósticos; carece de voluntad política y verdad.
La medida de un Estado no está en su retórica de derechos humanos, sino en su capacidad para responder a los muertos que produce y a los vivos que los buscan. En esa medida, México no gobierna su territorio moral: ha delegado la búsqueda en las víctimas y ha hecho del dolor un trámite.
La “Ley General de 2017” nació como promesa de reparación. Ocho años después, su aplicación superficial confirma lo contrario: la ley se volvió coartada. Si algo enseña el informe de “Red Lupa” es que la desaparición no es solo un crimen: es el espejo de un Estado que ha perdido toda noción de sí mismo.
