Opinión

El fin de las esperanzas

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

Acaba de terminar una semana muy densa. Podríamos hoy hablar de las conmovedoras movilizaciones juveniles… y saber que los desaparecidos siguen desaparecidos; o del respaldo de la Sociedad Interamericana de Periodistas a los 75 periodistas queretanos que denunciaron la censura urdida por figuras prominentes del gobierno del estado… y asombrarnos de que ahora son esos funcionarios los que se hacen aparecer como agraviados; podríamos también destacar la revocación de la licitación del Tren de Alta Velocidad, con el que se coronaría el sexenio que está por concluir. ¡Oh, el tren de la impunidad! ¡Oh, el tren de las ilusiones perdidas! Podríamos incluso recitar los versos más tristes esta noche, pues el país se está desbordando. Aunque la historia nos llame a la cordura por nuestras exageraciones, pienso que estamos asistiendo a un coctel nada apetitoso, y la prensa internacional ya lo notó y o ha dicho en grandes titulares: México ha vuelto a ser el mismo México de siempre, asentado sobre la corrupción y la impunidad.

Al lado de las tragedias más impensables han florecido en nuestra dolorida nación los más inverosímiles cuentos. Por eso me tomo la libertad de recordar aquí un viejo relato. Sin preguntarle a nadie, un día el cacique del pueblo decidió vender la gallina de los huevos de oro. Como la gallina pertenecía a todo el vecindario, el vecindario reclamó. Con los compradores ya apalabrados, el cacique del pueblo alegó que los 30 pesos que le darían por la gallina eran muy urgentes para pagar algunas deudas. La gente fue con los viejos del pueblo y les pidió que convocaran a asamblea para que entre todos decidieran si vendían o no la gallina de los huevos de oro. Los viejos, que hasta ese día eran tenidos por sabios, dijeron que no, que recibir esos 30 pesos era urgente y que palo dado ni Dios lo quita.

Eso ha sucedido con los energéticos de este país. Petróleos Mexicanos es la petrolera número 11 del mundo y principal fuente de ingresos en México. En los últimos años, más de un tercio de los ingresos del gobierno federal provinieron del petróleo. Los expertos han alertado que tan sólo con privatizar un 10% de estos ingresos de la petrolera estatal, las finanzas públicas padecerán un boquete de 116 mil millones de pesos cada año, con desastrosas consecuencias para la sociedad, expresadas en menos infraestructura, mayores impuestos y aumento de precios. Privatizar esa empresa del Estado, además, va contra la tendencia mundial, pues los países se mueven hoy en la pista de recuperar el control de sus recursos energéticos. En los últimos 40 años, las compañías privadas internacionales pasaron de controlar el 85% de las reservas de petróleo y gas en el mundo a controlar sólo el 8%. En México estamos, en este tema, caminando para atrás.

Resulta que en el sigilo de sus bunkers, sin preguntarle a nadie, los tres Poderes de la Unión resolvieron la entrega de la riqueza energética nacional a poderosas trasnacionales. La entrega fue propuesta por el Poder Ejecutivo, la aprobó el Poder Legislativo y, apenas el 30 de octubre, el Poder Judicial resolvió que ni hablar, que así está bien. Y es que, como todos los argumentos privatizadores fueron en su oportunidad refutados por los especialistas y nada de eso valió, se recurrió a la recién aprobada Ley Federal de Consulta Popular para que el próximo 7 de junio, el día de las elecciones federales, la ciudadanía opinara sobre esta decisión tomada por las cúpulas en beneficio exclusivo de las cúpulas. De manera olímpica, casi como si fuera la voz de Dios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que tales consultas no se realizarán.

No está de más recordar que otras dos consultas, una sobre salario mínimo y otra sobre plurinominales, fueron también rechazadas. En total, para respaldar las cuatro consultas fueron reunidas un total de 16 millones 117 mil 846 firmas. De plano, los senadores que promovían una quinta consulta, ésta para bajarle el sueldo al presidente de la República, simplemente desistieron. Ya en el pitorreo, habría que pedir a los ministros que hagan una lista de las boberías que sí podrían ser llevadas a consulta popular.

De la forma más abyecta, de un plumazo, nueve sabios mandaron a la basura nada menos que 7 millones 98 mil 868 firmas (sé el número exacto porque ahí iba la mía). Hay un terror por lo que pudiera opinar la ciudadanía. Con la única oposición de José Ramón Cosío, el pleno de la Corte recurrió a una fabulosa interpretación: la gente tiene prohibido opinar sobre los “ingresos y gastos” del Estado. Punto. Y es cierto, como en última instancia cualquier tema impacta en los ingresos y gastos del Estado, cualquier consulta está destinada a morir en la sala de plenos de la Corte. Al hacerlo así, en los hechos, los ministros de la Corte derogaron esa ley federal aprobaba apenas en marzo.

No han sido pocos los economistas que han evidenciado que es falso, igual que con la venta de la gallina de los huevos de oro, no mejorarán los ingresos del Estado. Antes bien, los reducirá, pues ahora el Estado tendrá que compartir la renta petrolera con los inversionistas. Así de sencillo: la reforma redujo la participación del Estado en la economía, quedando ahora subordinado a poderes multinacionales fuera de su control. No ha faltado quién se pregunte: ¿ante esta nueva tragedia, quién va a juzgar a los ministros de la Corte? Y tampoco ha faltado quien diga que, frente al horror en que se ha controvertido la vida cotidiana en este país, lo que queda es rezar. Buscar algún buen salmo quizá sería lo razonable. Pues si de invocar las Escrituras se trata, habrá que sacar agua del pozo más antiguo y leer a algún oscuro profeta que denuncia cómo los criminales están sentados en el trono de la justicia.

Se han juntado aquí varias derrotas para la ciudadanía: los togados virreinales han cumplido su tarea al consumar el asalto de los recursos energéticos; esos mismos señores, en los hechos, han derogado la recién nacida ley de consulta popular, y, por supuesto, la población que con su firma expresó algo de esperanza en el aparato de justicia hoy ha quedado vacunada contra la participación. Si las instituciones ya no son carril para la expresión de los ciudadanos, hay que preguntarnos desde el fondo del escepticismo: ¿qué sigue, a dónde quieren llevar las cosas? ¿Qué relato opondrá la sociedad civil al caudal infinito de cuentos con los que se cubre la tragedia nacional?

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