Opinión

Imperante democratización

Juan José Lara Ovando / Académico Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

 

PARA DESTACAR: La forma de resolver el conflicto del SUPAUAQ, no radica en los académicos, ni, por el momento, en estos grupos enfrentados, sino en las autoridades universitarias. Mientras éstas no saquen las manos de ahí y respeten la autonomía de los profesores para decidir su vida laboral, el problema no vislumbra una resolución.

 

Tal como ha marchado el conflicto del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) en dicha Universidad (UAQ), existen muy pocas formas de resolverlo, ya que los grupos, y con ello sus posturas, están totalmente confrontados y no han manifestado tener acercamiento alguno.

El Comité Ejecutivo del SUPAUAQ (solamente hay uno, se encuentra en el edificio sindical, en avenida Hidalgo y es encabezado por Saúl García) ha llevado a cabo sus actividades sin menoscabo de la falta de apoyo institucional (intencionalmente retirada) pero con amplia colaboración de la base académica que revisó el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para elaborar el pliego petitorio (entre muchas actividades más), toda vez que bianualmente (y este año corresponde) se lleva a cabo ese procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe entregarse con dos meses de anticipación (31 de diciembre) dicho pliego en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), ya que la fecha de su aceptación o en su caso, negación (estallamiento de huelga) es el 1 de marzo.

El otro grupo, encabezado por Nuri Villaseñor, no puede ser Comité Ejecutivo, ya que no fue electo por la base trabajadora, sólo lo fue por sus cuates que le han respaldado porque no quieren dejar el poder sindical. En los hechos, esa es la única razón, no la respalda legalidad alguna, salvo (?) la que dicen tener (sin que la respalde algún documento sindical o incluso, universitario) quienes organizaron el proceso electoral con todo a su favor para ganarlo y aún así, lo perdieron. Con un procedimiento totalmente injusto y gravemente imparcial, en el que los organizadores impusieron todas las condiciones esperando les fueran favorables, por eso no se dignaron resolver impugnaciones antes de la jornada electoral. Hasta que el resultado les fue desfavorable, decidieron desconocer el proceso que ellos mismo vigilaron y dirigieron, ya que no aceptaron la derrota.

No se trata de una cuestión numérica, eso no dejó duda, aún cuando la diferencia fuese mínima, sino de legalidad y democracia, se llevaron a cabo todos los procedimientos y participó toda la comunidad. El resultado fue transparente y limpio, según constataron los notarios presentes en el escrutinio, pero los derrotados no aceptaron perder y los vigilantes no quisieron hacer la toma de protesta, es decir, negaron, lo que dirigieron, así, dejaron caer el sistema y ya no se pudo esperar otra cosa que un resultado de Estado: negar la victoria de sus opositores, la base académica, que votó en contra de aquéllos por el autoritarismo imperante y la nula defensa laboral.

Las acciones posteriores de este último grupo son inaceptables para la base académica como para el Comité Ejecutivo, toda vez que son ilegítimas, autoritarias y antidemocráticas; se sostienen en la descalificación y el terror por lo que atentan a cualquier tipo de acercamiento.

Ante eso, llamados a elegir qué Comité Ejecutivo prefieren los profesores no aclara ni resuelve nada, pero si profundiza el conflicto; cualquier resultado de consultas como esa, son ilícitas, porque se convoca para ellos mismos, pero a nombre de todos, son juez y parte. Además, no citan a abrir la Asamblea General con hora y lugar, esa anomalía la hace informal e indebida. Por si fuera poco, no es facultad del Consejo Consultivo citar a Asamblea General (artículo 43, Estatutos SUPAUAQ), es decir, o no conocen los estatutos o actúan desconociéndolos. Aquí hay que aclarar que, del otro lado, las convocatorias de Comité Ejecutivo son legales y, por lo tanto, abiertas a toda la comunidad académica.

El principal problema es que los universitarios estamos divididos y en franca confrontación; no obstante, hay algo más grave: las autoridades universitarias están propiciando ese enfrentamiento, no han hecho nada para evitarlo y, por el contrario, han hecho mucho por promoverlo, a través de su influencia en medios, dividiendo cada vez más, no sólo a esos grupos, sino a la academia universitaria.

Aún más, también han tomado partido, por supuesto, a favor del grupo de Nuri, los no electos por la base universitaria, a quién le proporcionan un lugar para trabajar (?); apoyo secretarial; pago de 250 horas para comisionados; participan las propias autoridades universitarias en sus sesiones sindicales, aceptándolas como si fueran la representación formal y le dan cobertura a su dirigente y su vocero, todo ello, sin que tengan reconocimiento formal de la UAQ, como representación sindical.

Por otro lado, denostan al Comité Ejecutivo descalificando el pliego petitorio públicamente; inasistiendo a las audiencias en la JLCA para negociar el CCT; alejando todo apoyo secretarial y de intendencia (aunque lo manda al otro grupo); despidiendo a cuatro profesores, que apoyan al Comité, bajo un argumento pero sin abrir proceso, sin realizar investigación y sin considerar el contexto; retirando las cuotas que los académicos aceptamos se nos descuenten para sostener al sindicato; aceptando un cheque de recursos económicos por 2 millones de pesos, extraídos ilegalmente por una exdirigente, porque lo hizo a nivel personal cuando son de la agrupación; pero como esto podía hacer cómplices de un delito, a las mismas autoridades, devolvieron el recurso a los sindicalizados para resguardo, saltándose al Sindicato, para que no haga uso de él; difundiendo la posibilidad de la huelga entre los estudiantes para que se enfrenten a los profesores (lo que aumenta la división); impulsando que sea el Consejo Universitario quién negocie el CCT con un supuesto consejo consultivo del sindicato (también está dividido el consultivo, no está reuniéndose de manera conjunta por lo que cualquier resultado es improcedente), cuando ninguna de las dos instancias tiene competencia ni facultades legales para esa negociación y; tratando de reconocer al grupo de Nuri como representación sindical.

En síntesis, la forma de resolver el conflicto del SUPAUAQ, no radica en los académicos, ni, por el momento, en estos grupos enfrentados, sino en las autoridades universitarias. Mientras éstas no saquen las manos de ahí y respeten la autonomía de los profesores para decidir su vida laboral, el problema no vislumbra una resolución. Las consecuencias desafortunadamente serán para la Universidad y para todos los universitarios, pero hay que aclarar, que los culpables de eso, no serán los académicos.

 

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