Informe sobre Desarrollo Humano, México 2011

Por Ricardo Rivón Lazcano

El orgullo mexicano se cuela entre el mole y el pozole, entre Chente y Juan “Grabiel” entre el tequila y la cerveza, entre “el chicharito” y el futbol. No se come lo que se presume, sólo se siente el orgullo y se grita como identidad.

El orgullo es parte de esa estructura profunda, estructura cultural que se mueve imperceptiblemente, nos arrastra como piedras que en el camino se encuentran.

Hace pocos días se publicó el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH), México 2011, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El tema central del documento es la “Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados”.

Pocos instrumentos del Estado tienen el poder redistributivo que tiene el gasto público, gasto aplicado, principalmente, mediante políticas públicas. Con tales acciones de política a lo largo del siglo XX, México dejó atrás tasas de analfabetismo de 80 por ciento, de mortalidad infantil de 25 por ciento y una esperanza de vida al nacer de apenas 30 años, para convertirse en una nación con analfabetismo de 10 por ciento, mortalidad infantil menor a dos por ciento y una esperanza de vida de 75 años. Este progreso social sin parangón en la historia se vincula con el gasto en educación, salud y seguridad social.

Los mexicanos, ni por asomo o circunstancia, nos manifestamos orgullosos de nuestro sistema educativo, de salud o seguridad social. Opinamos, generalmente, a partir de cómo nos ha ido en la fiesta. Y si de políticas públicas se trata, una vez que las relacionamos con el gobierno, la descalificación es casi automática.

Existe una predisposición quejumbrosa que impide valorar lo positivo frente al predominio trágico de las adversidades.

El IDH tiene la virtud del equilibrio juicioso. Es un esfuerzo de objetividad desplegado en más de 250 páginas. Reconoce los avances pero puntualiza los sesgos dañinos, los cuantifica incluso.

Afirma, por ejemplo que …el gasto gubernamental puede ampliar el conjunto de oportunidades de vida para los individuos. Sin embargo, si los recursos aportados no generan un valor adicional, como calidad educativa o confiabilidad en los servicios de salud, o si no favorecen a los grupos con mayores desventajas sociales, el gasto gubernamental puede representar también un derroche para la sociedad. Un mayor gasto social no tendrá impacto sobre el desarrollo humano si existen distorsiones en la transmisión de las preferencias ciudadanas sobre la ejecución del gasto público, tales como la corrupción, la presencia de fuertes presiones grupales o una baja calidad de la burocracia.

Un elemento esencial del desarrollo humano es la igualdad de oportunidades, para lo cual la intervención del Estado resulta crucial: promoviéndola donde ésta no existe y conservándola cuando se presenta.

El Informe es muy claro cuando propone que la equidad del gasto público debe ir más allá de la consideración de los beneficiarios por estratos de ingreso y tomar en cuenta indicadores no monetarios de carencias o necesidades. Esto conduce naturalmente a los principios de equidad vertical (tratar de manera distinta a los diferentes) y horizontal (tratar de la misma forma a los iguales) a partir de un enfoque de desarrollo humano.

Una pedrada a los gobiernos locales.

En el documento se observa que la pluralidad política a nivel federal ha conducido a que los acuerdos presupuestales se negocien entre un gran número de actores políticos, lo cual disminuye las posibilidades de actos de corrupción o de atender las necesidades sólo de ciertos grupos. Sin embargo, a nivel local, no hay elementos que permitan asumir que los gobiernos estatales enfrentan restricciones similares.

Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México se ha encargado de evaluar y transparentar los programas sociales federales, no se conocen de la misma forma los resultados de los programas y de las políticas de desarrollo social en estados y municipios, pues no ha habido una evaluación externa sistemática. Esta situación conlleva a plantear que las autoridades locales creen sistemas de evaluación externos para mejorar sus herramientas de política pública y la rendición de cuentas. De no cambiar este estado de las cosas, la evaluación del funcionamiento del gasto público en estados y municipios no podrá dar conclusiones certeras que fomenten su mejora.

Uno de los obstáculos a superar en los entornos locales es la discrecionalidad y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.

La definición del presupuesto es una corresponsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo; no obstante, los pesos y contrapesos que aparecen con un Gobierno Federal sin mayoría no necesariamente ocurren en las entidades federativas, lo que concentra poder en el Ejecutivo estatal que puede propiciar la discrecionalidad en el manejo del dinero público. Las constituciones locales otorgan controles a las legislaturas de los estados para impedir tal situación, sin embargo, su uso es mínimo.

Lo deseable posible.

Pese a los avances, México tiene un gasto público que aún representa una oportunidad perdida para promover una sociedad más equitativa. El gasto público puede beneficiarse de una mayor transparencia en su planteamiento, ejercicio y resultados, sin embargo, con los elementos develados en el IDH se devela un panorama en donde gastar más no significa obtener mejores resultados.

Las instituciones están diseñadas deficientemente para dar seguimiento y hacer la revisión del gasto público para evitar su asignación con un importante componente de discrecionalidad. Esto ayuda a entender por qué el gasto total per cápita ejercido en las entidades federativas se concentra en los municipios, o sus equivalentes, con menores carencias, y no en donde criterios de equidad lo recomendarían.

Petición a los diputados y otros poderes públicos.

Las metas a alcanzar están bien definidas: focalizar subsidios y hacer efectivos los derechos sociales universales. También los medios para alcanzar y preservar estas metas pueden delinearse: democracia efectiva y rendición de cuentas, lo que involucra:

1) una adecuada representación de los intereses ciudadanos, posiblemente mediante la reelección inmediata de los legisladores;

2) fortalecer, particularmente en las entidades federativas, la capacidad del Legislativo para revisar, discutir, negociar y decidir el presupuesto público;

3) generar un marco legal que obligue a los estados del país y al Distrito Federal a hacer pública la información pertinente que transparente el plan de ejercicio del gasto público, y que contemple sanciones en caso de que esto no ocurra;

4) otorgar (o robustecer) la autonomía política, de gestión y de recursos a las entidades fiscalizadoras así como concentrar sus tareas de monitoreo al cabal cumplimiento de los objetivos del gasto, más que en documentar la ruta de desembolso de los recursos; y por último

5) crear (o fortalecer) los órganos de evaluación del gasto dándoles autonomía, fuerza legal y borrando toda sombra de sesgo partidista. (http://www.undp.org.mx)

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