Jueces vapuleados

Por: Omar Árcega

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de declarar válida la elección de Enrique Peña Nieto levantó una ola de indignación a lo largo y ancho del país. Tras la controvertida sentencia muchos de los ataques fueron dirigidos contra los magistrados que dieron el veredicto.

Se les acusó de traicionar los principios legales, de ser unos vendidos, incluso su integridad física está en peligro. Pero conviene preguntarse, ¿realmente se rindieron ante el poder político o simplemente actuaron de acuerdo a las leyes que en materia electoral aprobaron todos los partidos políticos incluido el PRD?

Ley borrada

Dada la gran diferencia de votos entre el primero y segundo lugar y una vez anulada una serie de casillas que presentaban irregularidades, el camino a seguir era la llamada “Causal de nulidad abstracta”, la cual consistiría en hacer un recuento de las irregularidades presentadas y comprobadas, declarando que la suma de todas ellas pesan lo suficiente en la elección como para cambiar el sentido dela votación. Se tiene que demostrar que la suma de las irregularidades vulnera las características del voto, la equidad y/o legalidad de la contienda.

Con base en estos criterios se anularon una serie de elecciones desde el año 2000. Con el tiempo esta vía para anular elecciones generó un gran debate, pues decían, se abría una puerta a la subjetividad y los seres humanos ya no estaríamos gobernados por leyes sino por hombres; pues los jueces correspondientes podrían “saltarse” las leyes específicas, había quienes no compartían esta visión y proponían seguir perfeccionando esta vía.

Algunos miembros dentro de los partidos políticos tampoco veían con buenos ojos este camino legal. Todo ello generó que en el 2007 se hiciera una reforma constitucional, aprobada por integrantes de todos los partidos, incluido el PRD, donde se especificaba que la “Causal de nulidad abstracta” sólo podía aplicar “por las causas previstas por la ley” y éstas eran: 1) Cuando haya regularidades acreditadas en al menos 20 por ciento de las casillas, las cuales están numeradas en el párrafo I del artículo 75 de la LGSMIME y 2) Cuando el 20 por ciento de las casillas no se instale.

Pese a esta disposición constitucional el TEPJF declaró nula a finales del 2007 una elección en Yurécuaro, Michoacán. Aquí se argumentó era que dada la utilización de símbolos religiosos en la campaña se había violentado el artículo 130 de la Constitución, por lo tanto cuando un acto es contrario a la Carta Magna no puede ser declarado válido.

Caso 2012

Estos antecedentes nos dan luces sobre el reciente actuar de los magistrados. Para declarar la nulidad de una elección presidencial una primera vía es acreditar que se cometieron algunas de las irregularidades previstas por la ley en el 20 por ciento de las casillas y entre éstas no se contempla la compra de voto y un segundo camino es demostrar que se cometió un acto que violentara algún artículo constitucional. Esto constreñía el actuar de los magistrados. Pues no es delito difundir encuestas cuchareadas, y no hay violación directa a algún artículo constitucional. Por otra parte las pruebas presentadas eran muy débiles, académicos en derecho electoral cercanos a la izquierda llegaron a afirmar que les sorprendía el “amateurismo legal” con el que se había construido lo que se llamó la “impugnación madre” y del cual los magistrados en su sentencia dieron cuenta.

Y es que probar la compra de votos, probar que las encuestadoras se vendieron o que hubo rebase de topes de campaña no es tarea sencilla. Quizá lo más complejo es demostrar que alguien cambió el sentido de su voto con base en un regalo. Se puede acreditar que se regalaron objetos, pero finalmente el elector en la soledad de la urna es quien decide a quién dar su sufragio.

El reto

Los magistrados actuaron como debían hacerlo: con base en la ley y en las pruebas presentadas. Una norma que fue modificada con el visto bueno de los que ahora se quejan. Es injusto ensañarse con los jueces por seguir los preceptos legales. Enrique Peña llegará con legalidad pero con una legitimidad muy baja, esto lo obligará a ceder en modificaciones electorales y ésa es la gran oportunidad para poner los candados necesarios, para darle otro reajuste a las leyes para hacerlas más estrictas, algo que todos los partidos tienen miedo. Éste es el camino a seguir más productivo y que puede generar condiciones diferentes para las próximas generaciones.

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