Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: El Rector de la UAQ ha venido pulsando el ánimo de estudiantes y profesores, reunidos en sus consejos académicos. He podido percibir un ánimo dispuesto a ir más allá de la queja. Se está planteando que al menos se trate a las universidades de los estados con el mismo rasero que a las llamadas universidades nacionales.

Hacía siglos que no escuchaba decir algo sensato al Fondo Monetario Internacional. Y habría que tomarlo serio. En un tácito reconocimiento de que a los poderes globales se les pasó la mano, en su informe anual ese organismo ha admitido, textualmente, que “el crecimiento económico solo ha beneficiado a unos pocos”. En sí misma, esta afirmación tal vez no sorprenda a nadie, pero en boca del FMI es un radical cambio de narrativa. Una segunda idea, expuesta por la directora gerente Cristina Lagarde, me parece aún más significativa. La riqueza, planteó, no se reparte sola. Y porque la riqueza no se reparte sola, es falso que haya una mano invisible que mueve la economía. Por tanto, alguien tiene que hacer los virajes necesarios para atajar una catástrofe y equilibrar el reparto de los beneficios.

Viene esto a cuento por el preocupante horizonte que tienen los segmentos más frágiles tras el injusto presupuesto que el Ejecutivo federal propuso para 2017. Se pretende castigar a los castigados de siempre ¡Ya basta! ¿Qué esperan ver los gobernantes para entender que hay creciente enojo social ante sus políticas orientadas a fortalecer a los fuertes y debilitar a los débiles? ¿Que la gente tome la calle o se suicide o le prenda fuego a la pradera? ¿Qué esperan en México, un país que ha sido siempre un disciplinado discípulo del FMI, para entender lo que ese organismo está diciendo ahora? Sin su función redistributiva, el Estado carece de sentido.

Estamos a tiempo para que la Cámara de Diputados corrija el proyecto de presupuesto federal que pretende pasar la tijera a lo social, dejando intocados los privilegios de la casta superior. Particularmente debe darse marcha atrás a la pretensión de reducir las asignaciones a la educación. Son abundantes los argumentos y es innecesario repetir los números rotundos que flotan en el ambiente.

Sorprende, por ejemplo, que cerca del 85 por ciento del recurso que integra el proyecto de presupuesto federal esté clasificado por sus propios diseñadores como “no programable”, esto es, que es intocable. Dentro de ese monto se incluye el pago de los intereses de la deuda eterna. Eso sí es intocable; la salud, el campo, la educación y la ciencia son prescindibles. No se trata de entrar en moratoria con la banca internacional, se trata de que el gobierno de México y la banca interpreten el nuevo discurso del FMI. Cuando dice que la riqueza no se reparte sola, está diciendo que el Estado debe recuperar su función reguladora y redistributiva. Para el caso, a través de la Cámara de Diputados, que es la única instancia facultada para autorizar el gasto, debe dimensionar el daño que se causará con un presupuesto que incita a la violencia.

En épocas pasadas, sobre todo en los difíciles años 80 del siglo XX, cuando la presión social arreciaba, el gobierno federal renegociaba la deuda para liberar “recursos frescos” y de ese modo apagaba incendios que amenazaban con extenderse. Es hora de que la Secretaría de Hacienda se siente a renegociar el abultadísimo e inmoral pago de intereses y reoriente los recursos a rubros sociales.

Para el caso de la universidad pública, el Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro ha venido pulsando el ánimo de estudiantes y profesores, reunidos en sus consejos académicos. He podido percibir un ánimo dispuesto a ir más allá de la queja. La UAQ está planteando que al menos se trate a las universidades de los estados con el mismo rasero que a las llamadas universidades nacionales, en muchos casos con indicadores de calidad similares o aún por encima, de estas últimas. Está planteando que se entreguen recursos para incrementar la cobertura y con ello atemperar el riesgo que representa el creciente número de aspirantes rechazados.

Ya la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha advertido que sería una atrocidad que se pretendan reducir los fondos extraordinarios para el año próximo, de 10 mil 500 a 3 mil 500 millones de pesos, es decir, una agresiva disminución de cerca de 70 por ciento. Inconcebible.

Como los beneficios no se reparten solos, la actual administración de nuestra casa de estudios ha mostrado que la cancelación de privilegios a los altos mandos permitió que segmentos históricamente desatendidos, como son los estudiantes de bajos recursos, aminoraran el peligro de abandonar sus estudios por falta de dinero.

Por ello, sin duda alguna, nuestra Universidad tiene autoridad para exigir equidad en la asignación del recurso público.