Opinión

La reforma laboral: decisiones criminales

Por: Ángel Balderas Puga

Hasta antes de las luchas sociales del siglo pasado, era “normal” que trabajaran los menores de edad, que se trabajaran jornadas laborales de sol a sol, que no se tuviera ningún derecho laboral, que se pagaran salarios de miseria o que, como en la época del Porfiriato en México, las personas no recibieran ningún salario sino vales para las llamadas “tiendas de raya”. No es exagerado señalar que, a principios del siglo pasado, en todo el mundo, las condiciones laborales eran muy parecidas a la esclavitud.

Las prestaciones laborales

Gracias a luchas sindicales y políticas, las condiciones laborales se fueron humanizando, poco a poco. Ingresan así al mundo del trabajo prestaciones laborales. Estas prestaciones hacen la diferencia entre un trabajo decente y uno precario.

Con mucho, la más importante de ellas es el acceso a alguna institución de salud. En el caso de México se trata del derecho a usar los servicios del Seguro Social o del ISSSTE, a menos que alguien crea en la vacilada del “Seguro Popular” del que tanto presume Felipe Calderón y su gobierno.

La legalización ilegítima del outsourcing por un puñado de diputados irresponsables tendrá consecuencias desastrosas en la salud de millones de personas, tanto en el presente como en el futuro.

A diferencia de otros países, en México la seguridad social está “laboralizada”, es decir, se tiene acceso a ella si se tiene un trabajo o se es dependiente económico de un trabajador con derecho a ella (con restricciones relativas a la edad y a si se es estudiante o no). En países más civilizados que el nuestro las personas tienen acceso a seguridad social tan sólo por el hecho de ser ciudadanos de su país. Nuestros diputados federales no pueden ser tan ignorantes como para desconocer eso.

Política criminal

En México, sólo muy pocas personas contratadas por outsourcing tienen derecho a algún tipo de seguridad social, la inmensa mayoría no lo tiene. Por lo que al legalizar el outsourcing, los 351 diputados que aprobaron la reforma laboral en la Cámara de Diputados le están quitando el derecho a seguridad social a millones de trabajadores y a sus familias, lo que es verdaderamente criminal pues no es exagerado decir que se está enviando a la muerte prematura a millones de personas. En efecto, las personas que no tienen acceso a servicios médicos públicos y no pueden pagar servicios médicos privados, están condenadas a morir de manera prematura, ellos y sus dependientes económicos, pues no podrán atenderse de sus enfermedades.

Este mandar a millones de personas a la indefensión contrasta con el trato que se da a sí misma la alta burocracia del país. Como denunció en mayo de 2009 la revista Contralínea casi cien mil miembros de la alta burocracia federal se atienden en hospitales privados de lujo con cargo al erario. En 2008, tan sólo el seguro de gastos médicos que la Secretaría de Hacienda contrató con la trasnacional Metlife costó mil 300 millones de pesos, unos 108 millones de pesos mensuales para atender a los funcionarios y sus familias. Este trato diferenciado muestra que nuestra clase política es perversa e hipócrita: atención de lujo para ellos, pésima atención para los demás.

Los políticos que promueven la legalización del outsourcing deberían comenzar por renunciar a toda prerrogativa en servicios de salud a ver si es cierto que están tan convencidos de los beneficios de la subcontratación.

Otras prestaciones

Además del acceso a servicios médicos hay otras prestaciones importantes ganadas a lo largo de décadas, por ejemplo, el pago de aguinaldo (en España, con su reforma laboral, en julio de este año, suspendieron esta prestación a todos los empleados públicos); vacaciones pagadas, apoyo para vivienda, capacitación, derecho de asociación, derecho de huelga, jornada laboral máxima de ocho horas, pago de tiempo extra, días de descanso, prima de antigüedad y participación de utilidades (en las empresas privadas), entre otras.

Estas y otras prestaciones son muy importantes en los ingresos de los trabajadores pues de alguna manera compensan los bajos salarios que se pagan en nuestro país desde que se instrumentó, con el priista Miguel de Madrid, una política de contención salarial que ha llevado a que la mayor parte de los trabajadores en México reciban salarios no renumeradores, en contra de lo que señala la actual Ley Federal del Trabajo. En efecto, de acuerdo al INEGI (al segundo trimestre de 2012) el 67 por ciento de los trabajadores mexicanos ganan como máximo tres salarios mínimos, unos cinco mil 400 pesos mensuales, con los que no es posible ofrecer una vida decente a una familia.

De por sí, en México la mayoría de los trabajadores no cuentan con prestaciones. En efecto, de acuerdo al INEGI (al segundo trimestre de 2012) sólo el 33 por ciento de los trabajadores mexicanos tienen acceso a alguna institución de salud pública y a otras prestaciones, mientras que el 60 por ciento no tiene ninguna prestación.

Con la legalización del outsourcing esta situación empeorará un panorama ya de por sí negro para la inmensa mayoría de este país. Nuestros legisladores federales no pueden no saberlo.

anbapu05@yahoo.com.mx

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