Opinión

Los derechos de los replicantes

Tigres de papel

Por: José Luis Alvarez Hidalgo

Para Carlo Daniel Aguilar, por su benévola insistencia.

Los derechos no son absolutos. De tal sentencia se desprende que no existe un derecho que tenga supremacía sobre algún otro y de lo que se trata es de conciliar un derecho con otro de tal manera que uno no pisotee los derechos del derecho que también tiene su propio valor. Este juego de palabras es para tratar de resolver la disyuntiva siguiente: ¿Cómo conciliar el derecho a la libertad de expresión con el derecho de réplica? La ley en materia de derecho de réplica que recientemente fue aprobada en comisiones del Senado de la República nace coja y desviada del espíritu y propósito que tendría que cobijarla: no es equitativa en el trato que le da a los diferentes medios de comunicación.

Esta ley se vuelve roca de granito en cuanto a la observancia que deben tener los medios impresos del derecho de réplica y se hace gelatina en cuanto en cuanto a las exigencias que sostiene para con los medios electrónicos como la radio y la televisión, en especial ésta última, la consentida del régimen. Dicha legislación no garantiza que las televisoras ni las radiodifusoras se vean obligadas a dar espacios de respuesta a las personas que se vean afectadas en su honor, vida privada o en su imagen pública y, por el contrario, presiona con criterios muy drásticos a los medios impresos, léase prensa escrita diaria o revistas semanales. ¿Acaso está hecha con dedicatoria para algunos medos impresos que resultan muy incómodos para el poder político?

Dicen los que saben que se pretende judicializar el derecho de réplica, lo cual no sería muy sano para la noble aspiración de democratizar a nuestros medos medios de comunicación. Es decir, que muy pocos puedan ejercer ese derecho en los medios electrónicos y muchos más sí lo puedan realizar en la prensa escrita. Ya lo dijo el Senador Javier Corral con todas sus letras al señalar que se trata de “la abdicación” frente a las televisoras, las que en efecto, no sólo gozan de todos los privilegios del régimen, sino que gozan de absoluta impunidad en la cobertura informativa sobre temas escabrosos y delicados, lo cual las ha convertido en un gobierno paralelo fáctico que define la agenda política nacional en este país.

El estudioso del tema, Matías Gregorio Sáenz, de la UNAM, plantea una verdad a rajatabla: “La libertad de expresión, al ser ejercida acríticamente entra en colisión con otros derechos humanos fundamentales, como el respeto al honor de la persona, a la vida privada y su imagen, y es principalmente en la televisión donde se violan constantemente estos aspectos, porque los comunicadores se amparan en su derecho fundamental a la libertad de expresión. Lo cierto es que no hay derechos humanos absolutos y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Un caso para estudio: cuando el equipo de investigaciones periodísticas de Carmen Aristegui da a conocer la red de prostitución creada por el innombrable presidente de PRI en el D.F., Cuauhtémoc Alatorre, en las propias oficinas del PRI capitalino y al servicio del príncipe de la basura, se llevó a cabo un debate televisivo en torno al papel que jugó dicho personaje en tan vergonzoso suceso. La controversia la inició el seudoperiodista de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva quien se asumió cómo el defensor de los derechos de Alatorre, debido a la gravísima afectación de su imagen pública que le provocó la denuncia periodística de Aristegui; es entonces cuando Gómez Leyva le hace valer un supuesto derecho de réplica no otorgado y se desata una ofensiva mediática en contra de la periodista Carmen Aristegui, sin que ésta última pueda ejercer su propio derecho de réplica en Radio Fórmula, mientras Gómez Leyva se ampara en su derecho a la libertad de expresión para denostar a Aristegui.

Se trata de un verdadero embrollo legal y periodístico que finalmente hizo aparecer como villana a Carmen Aristegui y al verdadero delincuente y criminal, Cuauhtémoc Alatorre, como una tierna ovejita víctima de los excesos periodísticos del equipo de Aristegui. La nueva ley en esta materia, tal y como fue aprobada en comisiones en nada abona para mejorar casos tan lamentables como el anterior. Ojalá y se pueda corregir antes de ser aprobada en el pleno, por la sana convivencia social, la democratización de los medios y, en última instancia, por el bien de la Nación.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba