Opinión

Ocultamiento doloso

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: en tan solo seis años, el monto total de lo condonado por el gobierno a los particulares privilegiados es de 822 mil 500 millones de pesos. Esa cantidad alcanzaría para solventar el presupuesto público del municipio de Querétaro de aquí al año 2320 o para San Juan del Río por los próximos mil años.

 

Entre las instituciones que dio a luz la alternancia política, a principios de este siglo, figura el Inai, conocido antes como Ifai. Su nombre es kilométrico: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fue creado sobre la base de que el ciudadano tiene derecho a saber todo sobre las decisiones públicas.

Pues resulta que en estos días ese organismo ha ordenado al Servicio de Administración Tributaria (el temible SAT) revelar la lista de personas y empresas que han sido beneficiadas con la cancelación o condonación de créditos fiscales. El pleno determinó que debe revelar sus nombres, los montos perdonados y las razones que tuvo la autoridad para hacerlo.

El Estado recauda los impuestos para cumplir una función que le es esencial, esto es, redistribuir la riqueza para moderar la opulencia y la indigencia, como soñó Morelos en los Sentimientos de la Nación, y como se comprometió en Chilpancingo el actual presidente de la República, el 19 de diciembre de 2012, en los primeros días de su gobierno. Solo que el método seguido por esta administración para moderar la opulencia y la indigencia ha consistido justamente en repartir los privilegios entre unos pocos y asestar a las muchedumbres el mazo de las cargas tributarias sin misericordia.

Para tener una idea, en tan solo seis años, los años que van de 2007 a 2013, el monto total de lo condonado por el gobierno a los particulares privilegiados es de 822 mil 500 millones de pesos. Esa cantidad alcanzaría para solventar el presupuesto público del municipio de Querétaro de aquí al año 2320 o para cubrir el presupuesto de San Juan del Río por los próximos mil años. Por supuesto, entre los favorecidos no están los trabajadores o los pequeños contribuyentes. Se trata de poderosos tiburones. Por eso el ocultamiento.

A pesar de que el compromiso 73 del Pacto por México, firmado al iniciar la actual administración federal, incluía la revisión de los regímenes especiales, nada se ha legislado. Un dato duro sobre el que descansó este compromiso es que tan solo el 13 por ciento del gasto público en desarrollo humano llega a la quinta parte de la población con menos ingreso, mientras que un tercio de ese gasto beneficia al 20 por ciento de la población más acomodada.

Pero en cuatro años no solo no se ha movido un dedo para terminar con esos privilegios. Lo que resulta grotesco es que el mandato del Inai para que la sociedad conozca esta información no ha sido acatado por el SAT. Pero aún hay más, pues no es la primera vez que se niega a hacerlo. Van ya 31 veces que el SAT se ríe del Inai y hace caso omiso.

Es inaudito, pero ésta es la vez número 32 que lo exige. Y nada mueve la determinación de la autoridad fiscal para mantener ese ocultamiento doloso. Ni la acusación que presentó el Inai ante la Secretaría de la Función Pública, que tampoco ha movido un dedo. Del modo más ridículo, el SAT alega que por tratarse de “secreto fiscal” la información se encuentra clasificada por 12 años. Con ello se alimenta la sospecha y se otorgan fundamentos a la desconfianza.

En este conflicto entre potestades, por supuesto que al Inai asiste la razón. Lamentablemente está desdentado para que sus órdenes sean obedecidas por el SAT, convertido hoy en un Chucho el Roto pero al revés, con admirable firmeza en su determinación por eternizar la desigualdad.

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