Otro elefante blanco

Por: Omar Árcega E.

twitter.com/Luz_Azul

Con fecha del 29 de junio, se dieron a conocer las nuevas normas que regirán las cuestiones electorales en el estado de Querétaro; los diputados, muy horondos (excepto Marco Antonio León), se pavonearon por lo que -consideran- es un avance para el estado de Querétaro, el coordinador de los diputados panistas, haciendo el trabajo sucio al PRI, salió el lunes ante los medios a defender el esperpento que crearon. Si bien hay algunos puntos que mejoran con respecto a la ley anterior, existen otros que lastiman a la sociedad. Dada la brevedad del espacio, en este texto nos centraremos en dos puntos.

Candidaturas independientes

Aunque éstas se mencionan, siguen estando en el terreno de la ficción, pues se espera que los requisitos para que un ciudadano apartidista se registre como candidato sean casi inalcanzables. Aquí, el punto clave es el “respaldo ciudadano” que debe tener, es decir, el porcentaje del padrón electoral que debe reunir -en firmas- para que pueda contender. Recabar éstas requiere de un grupo de apoyo bien coordinado y la inversión de ciertos recursos económicos. Por lo que es de esperar que para las elecciones del 2015 no haya candidatos independientes. Éstos son aspectos que deben ser modificados en el tiempo, y entre más pronto, mejor.

El Tribunal

Nuestros diputados consideran que estamos viviendo en el país de la abundancia. Por ello decidieron crear un “Tribunal Electoral del Estado de Querétaro”. Anteriormente, quien conocía de las demandas electorales era el Poder Judicial del Estado, a través de su sala electoral, la cual sólo funcionaba como tal en tiempos electorales. El resto del tiempo auxiliaba a otras salas, con lo cual los sueldos pagados a los funcionarios que ahí laboraban eran -hasta cierto punto- productivos, pues siempre había trabajo qué hacer.

La ley ahora habla de un tribunal especializado en lo electoral, con lo cual los que ahí laboren sólo se concentrarán en este tema, sea tiempo electoral o no. Éste dura sólo unos meses cada año; ese será su trabajo efectivo, y durante 2 años y meses, les estaremos pagando por no hacer nada. Y es que un tribunal sale caro; en este caso, habrá que pagar a tres magistrados propietarios, dos supernumerarios, un oficial mayor, un encargado de acceso a la información, varios secretarios ejecutivos, varios secretarios de acuerdos, varios secretarios proyectistas, varios actuarios, un encargado de sistemas, las secretarias que requiere todo este personal, más los servicios básicos de agua, luz, teléfono y celulares. Como podemos ver, la nómina es bastante abultada para un estado con 18 municipios y 15 diputaciones locales de mayoría. La gran pregunta es: ¿Cuántos conflictos electorales pueden surgir en el reducido espacio de Querétaro? ¿Cuántos conflictos intrapartidarios habrá en una sociedad de cultura política parroquial como la nuestra? Definitivamente, este tribunal sólo tendrá trabajo efectivo unos meses cada tres años.

Pero la burla para el pueblo queretano no termina ahí. En el artículo 22 apartado IX de la ley del Tribunal Electoral, se específica que unas de las funciones del oficial mayor será organizar actividades recreativas para el personal del tribunal y sus familias. En otras palabras, también les vamos a costear sus ratos de ocio. Que no nos extrañe si en algunos meses nos enteramos que este cuerpo colegiado organizó alguna “noche mexicana”, alguna posada o una comida por el día del abogado. Y entonces sólo quedará sentirnos orgullosos de que eso salió de nuestros bolsillos.

Me parece que somos un estado con sectores de mucha pobreza; recordemos la Sierra Gorda, el Semidesierto, las colonias urbanas que carecen de los más elementales servicios o la pésima infraestructura de drenes que tenemos. Y, sin embargo, vamos a gastar en este tribunal como si tuviéramos la calidad de vida de Suiza o Finlandia. El Ejecutivo estatal y los legisladores parece que no se dieron cuenta de lo que aprobaron: un verdadero elefante blanco.

Pero quizá lo más grave es que esto se hizo ocultando información a la ciudadanía; las propuestas y contrapropuestas de la “negociación” nunca llegaron al público, hubo un alevoso secretismo, como si nuestros legisladores fueran los únicos entes pensantes del estado.  Especialmente vergonzoso es el papel que jugó el PAN, un partido que se precia de formador de ciudadanía, que con este acto de no comunicar información contribuyó a menoscabar, aun más, nuestro endeble espíritu ciudadano.

Si la opinión pública y la publicada hubieran sabido sobre el tribunal electoral y su precio, quizá no se hubiera aprobado. La gran lección que nos dejará este costoso e inútil tribunal es que, en las grandes decisiones, la información debe bajar a nivel de la calle, los legisladores están obligados a socializarla, y -más aun- los ciudadanos debemos pedirla, y si no la dan, exhibirlos, pues los costos de sus reformas saldrán de tus impuestos y de los míos.

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