Opinión

¿Por qué los maestros no se quieren evaluar?

Por: Ángel Balderas Puga

 

anbapu05@yahoo.com.mx

PARA DESTACAR: Las presiones serán, primeramente, sobre los bachilleratos de las universidades autónomas pues se les comenzará a considerar como “privilegiados” por mantener su empleo sin sujetarse a una “evaluación”. El esquema se extenderá a otros trabajadores del sector público hasta lograr que nadie tenga garantizado su trabajo.Los promotores de la mal llamada reforma educativa y sus corifeos en los medios de comunicación, reducen la negativa de muchos profesores a “evaluarse” a la simple razón de que “tienen miedo”.

La razón fundamental para rechazar la “evaluación”, tal como está planteada en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), es la pérdida de la estabilidad laboral, pues en el artículo 52 de dicha ley se señala que los maestros pueden ser “evaluados” en cualquier momento en un lapso que no supere los cuatro años.

Las consecuencias de la “evaluación” están señaladas en el artículo 53 y en el noveno transitorio, se introducen tres nuevas causales de despido: 1) no presentar la “evaluación”, 2) no incorporarse a programas de regularización después de haber reprobado una “evaluación” y 3) reprobar tres veces.

Es así como esta ley fue diseñada para terminar con la estabilidad laboral de los maestros desde el nivel preescolar al medio superior, con excepción, por ahora, de los bachilleratos de las universidades autónomas ya que el artículo primero de la ley excluye a las universidades autónomas. Sin embargo, los maestros de bachillerato de estas universidades así como los profesores de nivel superior debemos esperar, si esta reforma no se detiene, que también seremos sujetos de dicho esquema que destruye nuestra estabilidad laboral.

En esencia, los artículos 52 y 53 ligan la permanencia en el empleo a una “evaluación” periódica con periodicidad indefinida pero con plazo máximo de cuatro años. Es decir, se juega la permanencia a una “evaluación” que puede ser cada cuatro años, trianual, bianual, anual, semestral o incluso mensual o hasta semanal, en caso extremo.

Tal como está redactada la ley no se tendría garantizado ningún período laboral fijo pues incluso se podría “evaluar” diariamente. Es claro que la intención es despedir al mayor número de profesores para no pagarles ya ninguna de las prestaciones laborales con las que cuentan actualmente. Por la misma razón, si la reforma no se detiene, una vez que esté aceitada la maquinaria de la “evaluación” se promoverán “evaluaciones” cada vez más frecuentes para aumentar la probabilidad de reprobar y, por lo tanto, de ser despedido.

La Secretaría de la Educación Pública comenzó desde el primer semestre de 2014 una “evaluación” departamental a los profesores de los tecnológicos y la ha venido aplicando semestralmente. Lo mismo sucede actualmente con profesores de nivel medio superior que no tienen plaza fija, se les está “evaluando” semestralmente para decidir si se les dan o no clases en cada ciclo escolar y los que empujan la ley a eso aspiran: a “evaluar” en cada ciclo escolar.

Pero también, una vez aceitada la maquinaria de la “evaluación”, las presiones serán, primeramente, sobre los bachilleratos de las universidades autónomas pues se les comenzará a considerar como “privilegiados” por mantener su empleo sin sujetarse a una “evaluación” tal como lo hacen sus pares del mismo nivel educativo.

Después la presión será sobre los profesores de nivel superior, los que también serán considerados como “privilegiados” pues serán los únicos profesores de educación pública que tendrán empleo garantizado no dependiente de una “evaluación”, se les dirá y “¿por qué los profesores de otros niveles escolares si deben ser evaluados para mantener su empleo y los de nivel superior no?”. Es previsible, si la reforma no se detiene, que las primeras víctimas del nivel superior sean los profesores que trabajan en instituciones no autónomas, por ejemplo, los profesores de los tecnológicos y dejar al final a los profesores de las universidades autónomas.

También es previsible que, si la reforma no se detiene, y una vez aplicado el esquema en el sector educativo, con la permanencia en el empleo ligada al resultado de “evaluaciones” periódicas, el esquema se extenderá a otros trabajadores del sector público: salud, sector judicial y en general burócratas de todos los niveles hasta lograr que nadie en el sector público tenga garantizado su trabajo.

Los maestros que luchan contra la reforma no sólo defienden sus derechos, en realidad es la primera línea de defensa de todos los trabajadores del sector público. De ahí el deber moral de muchos de no dejarlos solos. Defenderlos a ellos en estos momentos es defendernos a nosotros mismos, aunque no seamos trabajadores del sector público pues alguno de nuestros hijos o de nuestros familiares lo es o aspira a serlo.

 

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