Opinión

Reparación del daño

Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: Faltan dos consecuencias. La primera es el castigo a todos los funcionarios que montaron una investigación y un juicio fincados en el racismo y la deliberada y flagrante violación de los derechos humanos. La otra consecuencia de esta disculpa debe ser la inmediata reparación del daño.

Sin duda, la asimetría en las relaciones humanas y en el trato que dispensa el Estado a los individuos, constituye un rasgo estructural de nuestra sociedad. Pensé en esto a propósito de un hecho acontecido esta semana. Un hecho que no dudaría en calificar de histórico, pues su relevancia radica en el precedente que está sentando.

Se trata de la formal disculpa pública ofrecida el martes 21 de febrero por el titular de la Procuraduría General de la República a tres mujeres indígenas queretanas que durante tres años permanecieron injustamente encarceladas por un hecho ocurrido en Amealco en 2006, y por el cual fueron sentenciadas a 21 años de prisión.

Su caso va más allá de Kafka. Fueron acusadas del secuestro de media docena de policías federales durante un operativo antipiratería al que una multitud, muy en su derecho, se resistió. Les fabricaron pruebas y ante la defensa que llevó adelante el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, todo el aparato institucional se usó para levantar una gran mentira y una soberana injusticia que condensa 500 años de discriminación de los pueblos originarios. El actual procurador, obligado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tuvo que admitir que la dependencia hoy a su cargo sencillamente hizo mal su trabajo.

Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio reúnen los tres agravantes de la injusticia institucionalizada: son pobres, son mujeres y son indígenas. Durante once años se echó mano de todas las argucias y trapacerías legales para sostener un absurdo. Todo el aparato encima. Toda la voluntad de joder en una historia inverosímil. Once años de regateo, once años apostando a su cansancio. Once años apostando tercamente a la impunidad.

Que se disculpe el procurador, que el Estado admita sus excesos y pida perdón, establece un precedente que va mucho más allá de la ceremonia del martes en el Museo Nacional de Antropología. Pero faltan dos consecuencias. La primera es el castigo a todos los funcionarios que montaron una investigación y un juicio fincados en el racismo y la deliberada y flagrante violación de los derechos humanos.

La otra consecuencia de esta disculpa debe ser la inmediata reparación del daño. A partir de cálculos de los ingresos que habrían dejado de percibir durante los tres años de prisión, ha trascendido que la indemnización a la que tienen derecho rondaría, a lo sumo, por cada una, en el millón de pesos.

Ignoro a qué palabra corresponda en ñañú, pero en náhuatl existe el término “huaje” para referirse a aquel que se hace tonto. Y, añadiría yo, que pretende hacer tontos a los que no puede tratar como si fueran tontos. Que no se haga guaje la PGR y proceda a la indemnización inmediata.

En casos como estos se nos pone el Estado muy escrupuloso, pero en otros campos es no solamente omiso sino complaciente. Como sucede con la vista gorda con la que mira cuando los poderosos se despachan a placer.

Por ejemplo, consulte usted el informe oficial denominado “Movimientos de la banca que afectan el patrimonio de los usuarios”, divulgado por la Condusef, este organismo creado para defender a los usuarios de los tiburones financieros.

Mientras les regatean su escuálida indemnización a Jacinta, Alberta y Teresa, sucede que tan sólo en los primeros nueve meses de 2016, los bancos que operan en el país realizaron cobros indebidos nada menos que por 6 mil 450 millones de pesos. Un vil asalto. Un vil crimen de cuello blanco, con sonrisita incluida. La banca se comporta como una bien afinada máquina tragamonedas que nutre la panza insaciable del capital siempre impune.

De ese abuso que ocurre a la luz del día y en nuestras narices podría salir el dinero para la indemnización. Sería como quitarle un pelo a un gato.

Por cierto, sólo por impertinente curiosidad, sepa el lector que con los cobros que indebidamente la banca hizo a su apreciable clientela en tan sólo los primeros nueve meses del año pasado alcanzaría para cubrir el gasto del gobierno municipal de Amealco por los próximos 25 años. Sí, de aquí al año 2042. No estaría mal que un día de estos se inaugure en México la justicia. Y por Amealco podríamos empezar.

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