¡Fue el Estado! (I)
“Ya dimos el primer paso hacia la verdad”, la memoria, la justica y la no repetición. Esto dijeron tres comisionados -Carlos Pérez Ricart, Abel Barrera y David Fernández- de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, el 16 de agosto de 2024, en el Centro Cultural de Tlatelolco. Creada por decreto presidencial en octubre de 2021, los comisionados presentaron parte de su informe final. Simbólico lugar, Tlatelolco. Pero ¿por qué no lo presentaron en Palacio Nacional durante una “mañanera” para que más personas lo vieran? Y digo “parte”, porque una de las comisionadas, Eugenia Allier, no estaba presente y no ha entregado su fragmento del informe. Lo que, de por sí, no habla muy bien del proceso. Recordemos que la quinta comisionada, Aleida Aguirre, renunció tiempo atrás, luego de criticar las formas y el fondo de la Comisión. Habrá que esperar a las valoraciones posteriores.
Jesús Peña Palacios, de la ONUDH, dijo que la Comisión era “un triunfo de las y los familiares”, es “un factor que reconoce el poder de las víctimas” y una muestra de buena voluntad por parte de López Obrador. El Estado, dijo, históricamente había soslayado el tema, además de haber sostenido un régimen de privilegios que reprimía a los disensos. Sin embargo, el informe, es un mosaico que hay que terminar de armar. Apuntalar el castigo de los culpables, el descubrimiento de la verdad y combatir la impunidad.
En respuesta, el Comité Eureka -aquel que había encabezado Rosario Ibarra, por quien López Obrador dijo haber votado, simbólicamente, en el 2018-, manifestó su desacuerdo con la presentación pública del Informe, sin haberlo dado a conocer a los colectivos previamente. Además, señalaron que AMLO nunca le dio audiencia al Comité. Y su extrañeza con que los comisionados no fueran especialistas en investigación criminal. ¿Si no van a investigar los crímenes, qué investigan? En su lectura, la selección de los comisionados fue una simulación. ¿Ya había una preselección? ¿Un acuerdo entre personas cercanas al proceso y el gobierno federal? Muy posiblemente. Por último, preguntaron, si el Informe no aporta datos para localizar a los desaparecidos por el Estado ni para detener a los represores aún vivos, ¿cuál es la finalidad de este ejercicio?
En la presentación del Informe, dijeron que en estos tres años se habían guiado con los siguientes objetivos: Reivindicar la dignidad de las víctimas; explicar los hechos de la violencia del pasado para afrontar la violencia del presente; ampliar la cultura de los derechos humanos; la escucha y diálogo para construir la verdad. Para ello, la investigación documental y testimonial sería su base. Su principal “hallazgo”, en realidad, no es ninguna novedad: el Estado fue el gran responsable de las violaciones. Instrumentó y operó de manera sistemática y generalizada para reprimir a las disidencias sociales. No investigaron -se aclaró- las violencias de las organizaciones guerrilleras (la llamada “teoría de los dos demonios”), las cuales no generaron la violencia, sino que la violencia del Estado los llevó a las armas.
Realizaron 149 viajes de investigación en 20 estados. Recopilaron más de mil testimonios. Escucharon 197 testimonios en diálogos públicos. Hubo 97 archivos consultados. Visitaron 6 zonas militares. De ahí, desprenden que hubo 8,594 víctimas de alguna violación de los derechos humanos. De esos, 4,009, por detenciones arbitrarias. 649 desaparición transitoria y 517 forzada. 216 exiliados. 591 agentes responsables. Cuantificación que es sólo una muestra de la violencia política.
Pero ojo. La Comisión dividió a las víctimas en 15 grupos: comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas; poblaciones que se opusieron a políticas públicas; habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; personas marginalizadas y criminalizadas; integrantes de fuerzas armadas y policiales; disidencias político-partidistas; movimientos urbano-populares; disidencias sexo genéricas; disidencias religiosas; periodistas; personas refugiadas guatemaltecas. Hay que subrayar que las organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles, movimientos laborales-sindicales y redes de apoyo contra la represión, no fueron presentados sus datos, ya que esos están a cargo del equipo de Allier, parte del Informe que será presentado en septiembre. Con todo ello, los colectivos de víctimas de la llamada “guerra sucia” -Comité Eureka, Comité 68, Nacidos en la Tempestad, etc.-, consideran que la Comisión abrió demasiado el abanico, extraviando la violencia contrainsurgente del Estado.
