Activistas ambientalistas: Estado criminaliza y particulares amenazan; así es defender el agua en Querétaro
El Estado es el principal agresor de activistas y ambientalistas en la zona metropolitana de Querétaro, según el informe de Monitoreo local del Acuerdo de Escazú para la garantía del derecho al agua en el estado, realizado por Bajo Tierra Museo del Agua, el cual revela que las autoridades estigmatizan y criminalizan a quienes se oponen a sus políticas.
“Principalmente han sido dos [agresores]: el Estado y actores anónimos vinculados a actividades como la tala que han dejado amenazas por aquí, por allá. En las amenazas han sido más los actores privados y en el tema de criminalización y estigmatización es de los poderes públicos”.
puntualizó Claudia Romero Herrera, coordinadora de estudios legales de Bajo Tierra Museo del Agua
El estudio cuestiona de nuevo la aprobación de la “Ley de Aguas”, la cual recuerdan se aprobó sin parlamento abierto, el gobernador no la vetó, hubo la protesta social y violencia de estado para reprimirla, entre otras omisiones que pusieron en duda su entrada en vigor en julio de 2022.
Señalaron además que a casi 9 meses de la detención de tres defensores del agua —Juan Pablo Zedilla, Roberto Garrido y José Armando Isidro— en los carriles de 5 de Febrero, las carpetas de investigación siguen abiertas por delitos relacionados con resistencia a la detención y tráfico vial:
“son el tipo de delitos que si ustedes ven el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, van a ver que son delitos típicos de este tipo de criminalización, es algo que se ve en otros lugares y que ya las entidades han advertido que estos son los delitos que siempre se utilizan para disminuir la protesta”.
A su vez, Claudia Romero indicó que los temas ambientales se relacionan con intereses económicos. En el caso del Acueducto III, a pesar de los señalamientos de la calidad del agua, del impacto ambiental y energético:
“es difícil hacer una opinión mucho más integral, completa y específica cuando el proyecto no ha sido publicado. Desde los distintos sectores que trabajamos en los grupos de trabajo, al menos tenemos conocimiento de seis solicitudes de información desde hace más de seis meses sobre el proyecto. Hay autoridades que en sus respuestas dicen: sí, sí lo vi, pero no lo tengo, me lo presentaron, es decir, ¿existe?”.
Finalmente, el acuerdo Escazú ha sido socializado en reuniones con el gobierno federal para determinar cómo será implementado, ya sea para su traducción a diferentes lenguas o el diseño de cursos de capacitación.
De la misma manera, el informe es un ejercicio piloto del estado actual de los derechos en la zona metropolitana de Querétaro, a través de las valoraciones en ranking, registros periodísticos y la opinión pública: “estamos entre amarillo y rojo, entre cero aplicación y la mínima, mínima aplicación”, enfatizó Claudia Romero.
