Agua Querétaro: Excluyen a activistas y universidades públicas de Consejo Consultivo

La conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) es otro ejemplo de cómo personas afines a la administración en turno forman parte de estos organismos ciudadanos, ya que son perfiles empresariales o poco críticos con temas de trascendencia, como la Ley de Aguas.
Fue el pasado martes cuando Katia Reséndiz Jaime, quien anteriormente fue candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue nombrada presidenta de este Consejo Consultivo. Ella cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y, al menos de manera pública, no tiene estudios o especializaciones en temas del agua. Fue después de las elecciones de 2021, en las que quedó en un lejano cuarto lugar con 2.4058% de los votos, cuando comenzó a tener mayor presencia y activismo en temas ambientales, pero no en temas relacionados con el agua. En su charla TEDx, «Consumismo e impacto ambiental», impartida en febrero, apenas mencionó una vez la palabra «agua».
Su nombramiento, al igual que el del resto del Consejo Consultivo, corresponde al gobernador del estado, quien selecciona los perfiles a propuesta del vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). El artículo 45 de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro estipula que además debe haber tres representantes de instituciones de educación superior, tres representantes de la sociedad civil organizada enfocada en la defensa del medio ambiente e instituciones o dependencias que, «por su importancia en la incursión en el campo de la ciencia, tecnología».
En el caso de las universidades, hay dos representantes de instituciones privadas: Carlos Antonio Contreras López, rector de la Universidad Anáhuac Querétaro y el director General del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, Pascual Alcocer Alcocer. Del sector público, solamente está el rector de la Universidad Politécnica de Querétaro, Carlos Antonio Contreras López. Al Consejo Consultivo se sumaron también algunos empresarios, como el director General de Grupo Supraterra, Miguel Ángel Vega Cabrera, dedicado al sector inmobiliario; la presidenta de la Comisión de Bienestar Social de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo, así como Miguel Alcocer Herrera, expresidente de la Barra Queretana Colegio de Abogados.
Según la referida Ley de Aguas, el Consejo Consultivo es un órgano para el apoyo, consulta, asesoría, acompañamiento técnico y jurídico respecto a la política hídrica estatal. El gobernador Mauricio Kuri González se dijo contento por la selección del Consejo Consultivo, uno que «ni Obama lo tiene», sobre todo porque, aseguró, piensan diferente que él y le permitirán fortalecer la política hídrica de la entidad.
Amigos que revisan
La exclusión de activistas de órganos consultivos no ocurrió solo en el tema del agua, pues en semanas previas, la Unión de Asociaciones de Ciclistas Independientes de Querétaro (UCIQ) señaló que en el Consejo Temático de Movilidad se impuso a un líder taxista como presidente.
«Ya la @Ameq (la Agencia de Movilidad) lo había definido mucho antes de iniciar la reunión», señaló la UCIQ el 22 de marzo a través de Twitter, cuando dio a conocer que Honorio Olvera había sido designado como dirigente de este consejo de participación ciudadana. En este caso, Andrei Montero, de la UCIQ, logró entrar como representante ciudadano al organismo.
Otro caso de empresarios que vigilan al poder ocurre en el Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo Comité de Participación Ciudadana está conformado o presidido por representantes de empresas y cámaras empresariales, caracterizándose además por la poca representatividad de mujeres y grupos académicos.