Comercio ambulante, 30 años sin soluciones
Soluciones a comerciantes ambulantes ha sido el otro gran pendiente de administraciones municipales y estatales desde al menos 1997, cuando se discutían alternativas para regularizar a trabajadores informales, así como artesanos indígenas. Esto de acuerdo a la revisión hemerográfica a El Nuevo Amanecer de Querétaro y Tribuna de Querétaro.
Incluso hay declaraciones similares. El 9 de junio pasado el presidente de la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, Juan Antonio Torres, aplaudió el retiro de comerciantes y señaló que en el tiempo en que estuvieron en el Centro hubo una caída del 30 por ciento en las ventas del sector formal. En 1998, Federico Ibarra, dirigente de la agrupación de Empresarios del Centro Histórico, culpó a los comerciantes ambulantes, ubicados en avenida Corregidora, de desplomar el comercio formal, pasando éste del 90 al 70 por ciento en ventas.
Durante la administración de Francisco Garrido Patrón como alcalde (1997-2000), el comercio organizado constituyó un foro para dar solución a la problemática de los ambulantes. Entre las propuestas se encontraba la transformación a microcomerciantes, gozar de los mismos derechos que los comerciantes legalmente establecidos y reportar al 100 por ciento sus gastos, como el de energía eléctrica. No se llegó a un acuerdo.
En 1999, comerciantes firmaron un acuerdo con el alcalde Garrido para establecerse en el espacio de la Alameda Hidalgo, ubicando alrededor de la manzana 358 carros metálicos. Estos comerciantes fueron desterrados tras 17 años, una madrugada de junio en 2016, durante la administración de Marcos Aguilar Vega. Al mismo tiempo, en su trienio trabajó en el denominado “rescate” de la Alameda.
Antes, el entonces presidente municipal acusó en 2015 que la pasada administración, encabezada por Roberto Loyola Vera, aprobó mil permisos a comerciantes para establecerse en la vía pública, esto apenas 10 días antes de que la administración cambiara, lo que catalogó como un acto irresponsable que representaba una “seria problemática”.
Pero durante el trienio de Loyola la inconformidad era manifiesta. Juan Ríos Sánchez, comerciante y militante del Frente Estatal de Lucha lamentó que el único objetivo de la administración municipal era desaparecer a los vendedores ambulantes que no tuvieran la suficiente solvencia económica para rentar algún local, aunque el grupo colectivo de comerciantes estaba abierto a meterse en la legalidad.
En 2017, 99 comerciantes se ampararon por el desalojo de la Alameda; el Municipio de Querétaro estaba obligado a darles otro lugar donde trabajar. Dos años más tarde, el entonces secretario de gobierno capitalino, Apolinar Casillas, declaró que los comerciantes restantes desalojados de la Alameda serían ubicados en otra zona del estado, sin dar más información sobre el lugar o la fecha.
Rezago educativo, otro pendiente
En mayo de 1990, en medio de la discusión pública sobre los rezagos educativos a nivel nacional para personas indígenas y de la tercera edad, el entonces jefe del departamento del subsistema de Educación Indígena en Querétaro, José Morales León, señaló que la educación era buena en aquel entonces, sin embargo, quienes fallaban eran los promotores debido a la mala remuneración económica que recibían estos actores a nivel nacional.
A 31 años de dicha declaración, la demanda de educación para este sector se mantiene, sin embargo, los promotores y educadores son detenidos. Fue el caso de Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, quien el 14 de junio fue arrestado -según testimonios- mientras enseñaba a personas indígenas sobre sus derechos. El profesor fue liberado la tarde del día siguiente.
