Fiscalía Querétaro: Vínculos no aclarados y violaciones a derechos humanos,
marca del ‘fiscal carnal’ en 7 años

Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general de Querétaro, presentó en su séptimo informe de
actividades, en el cual se muestra un rezago para resolver denuncias de carácter sexual, resolver
3 de cada 10 homicidios en la entidad y no clasificar adecuadamente los asesinatos de mujeres
como feminicidio.

De igual forma, la eficiencia en la resolución de homicidios se ha mantenido alta, aunque ha
disminuido ligeramente en los últimos años al pasar de un promedio 75 y 73 por ciento al 70
por ciento, según datos del séptimo informe de actividades.

Por si fuera poco, el fiscal sigue sin negar o aclarar las filtraciones de los Guacamayaleaks,
documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las que se le califica de ser
un fiscal poco confiable al estar presuntamente vinculado con una organización criminal.
Feminicidios comienzan a registrarse

Según Echeverría Cornejo, en el último año se resolvieron las 12 carpetas de investigación
abiertas por feminicidio y todos los “homicidios de mujeres”. Cabe recordar que casos
mediáticos, como el de la joven Valentina, presuntamente asesinada por su novio, no se tipificó
como feminicidio.

Al respecto, Josefina Meza Espinoza, presidenta nacional de la Red de Mujeres Defensoras de
la Paridad en Todo, expresó que el incremento en el número de feminicidios en la entidad puede
estar relacionado con que los crímenes comienzan a registrarse como tal, no como homicidios.
“Creo que anteriormente si hubo clasificaciones dolosas de feminicidios por homicidios
dolosos y es que no había esta armonización del código penal…y ahí mi reconocimiento a todas
las feministas que desde distintos espacios empujaron la posibilidad de la modificación del
código penal” , sostuvo Josefina Meza.

Al mismo tiempo, subrayó que la reparación del daño es un pendiente: “Creo que ahí aún hay
hueco entre lo que tienen que hacer y lo que se dice a las familias de la víctima, aún se ven las
cosas desde una perspectiva paternalista. Yo creo que jamás se repara el daño, esos son daños
irreparables, pero que al menos económicamente las víctimas indirectas puedan tener un
recurso económico”, señaló.

Los vínculos no aclarados
En el último año, el nombre de Alejandro Echeverría Cornejo se hizo tendencia por las
filtraciones de documentos de la Sedena, conocidos como Guakamayaleaks, en los que se
relacionaba al fiscal con grupos criminales.

La Sedena tiene al fiscal de Querétaro como uno de los no confiables del país, debido a que fue
vinculado con el grupo delictivo La Familia Michoacana, en 2010, además de ser señalado de
integrar vínculos con la célula criminal Crikos del Diablo, grupo que se dedica a la falsificación
de billetes, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.

Aunque en algunas ocasiones se le intentó preguntar del tema, la entrevista concluía antes de
formularse la pregunta sobre estos temas.

Recomendaciones de DH
En sus siete años al frente del organismo, la dependencia se hizo acreedora a tres
recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ); de entre
ellas, la más sonada mediáticamente fue la de Nancy Guadalupe, la mujer que fue asesinada en
Tequisquiapan por la incompetencia de distintas autoridades que no la cuidaron.

El feminicidio ocurrió el 20 de junio de 2019. Fue mediático debido a que circuló una carta de
la madre asesinada al entonces gobernador del estado Francisco Domínguez Servién, a quien
le solicitaba ayuda, pues temía por su vida.

La resolución de la DDHQ fue que se cometió una violación a los derechos de la víctima por
parte de las autoridades que estaban involucradas en el caso, entre ellas la Fiscalía General de
Querétaro que dirige Echeverría, según la recomendación (239)2/2020. En dicho documento
se menciona que se violaron los derechos de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, trato digno,
vida y derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

Las otras dos recomendaciones de la DDHQ son de 2016 y 2017. En el primer caso se
vulneraron los derechos de las víctimas de igualdad, legalidad, integridad, seguridad personal,
trato digno y certeza jurídica, según la recomendación (221) 6/2016, en el segundo caso la
recomendación (224) 2/2017 se vulnera el derecho a la Procuración de justicia, seguridad
jurídica y acceso a la justicia de la víctima, una adolescente.

De igual forma, en 2022, la Fiscalía fue la autoridad que tuvo más “incidencias” por presuntas
violaciones a los derechos humanos, es decir, fue la más señalada por ciudadanos en las quejas
que se abrieron el año pasado en la DDHQ, según el primer informe de actividades de Javier
Rascado Pérez.

El ombudsman aclararía días después que dichos señalamientos suelen estar relacionadas por
un tema de falta de atención a la ciudadanía, por lo que no todas las quejas proceden o terminan
con una recomendación.

En el último año hubo 122 expedientes iniciados contra la Fiscalía, de los cuales en ninguno se
acreditaron violaciones a los derechos humanos, según el séptimo informe de actividades de
Alejandro Echeverría.

Fiscal carnal
El nombramiento de Alejandro Echeverría como fiscal del estado en 2016, causó múltiples
controversias debido a sus nexos con algunas figuras en el poder de la época debido a su salto
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), dependiente del Ejecutivo, a la nueva Fiscalía,
creada como organismo autónomo.

No sólo eso, sus declaraciones patrimoniales evidenciaron su fuerte vínculo con los hermanos
Granados Torres, encargados de la seguridad durante el sexenio de Francisco Domínguez
Servién y uno de ellos, Juan Martín, asesor de Políticas Públicas en el actual gobierno de
Mauricio Kuri González.

Su relación con los hermanos Granados Torres es su vínculo directo con el poder. Desde la administración de Ignacio Loyola Vera (1997-2003), Alejandro Echeverría comenzó a
desempeñarse dentro de las organizaciones policíacas del estado mientras Juan Martín
Granados Torres fungía como titular de la PGJ.

En 2013 fundó la empresa Consultores Asociados de Seguridad Humana S.A de C.V, en la que
también participan los hermanos Juan Martín y Juan Marcos Granados Torres, quienes
formaban parte del gabinete de Francisco Domínguez. Juan Martín Granados Torres fue el
secretario de Gobierno y Juan Martín Granados Torres estaba al frente de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Juan Martín Granados Torres es el asesor de políticas públicas, además de ser esposo de
Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).