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Frente por la Familia: Van contra SCJN por agenda de «confusión de género»

El movimiento social Frente Nacional Por la Familia emitió una llamada de atención a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por “imponer una agenda de confusión de género con los menores de edad”.

“Lo primero, es para proteger al menor, que el Estado observe que se cumple con requisito fundamentales como la opinión médica y la certeza jurídica, pero la SCJN propone que, un menor de edad, con solo un trámite administrativo, puede obtener una identidad distinta a la biológica”, expresó Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.

El Amparo en Revisión 1317/2017 tiene registro de su fecha de resolución el 17 de octubre de 2018, donde tras un caso en el que a una persona se le negó la modificación de su acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica, la corte emitió la resolución a favor de la modificación de dicho apartado. Teniendo como resultado que los ciudadanos tienen el derecho de solicitar un cambio de nombre y adecuación de la identidad de género en el acta de nacimiento en el Registro Civil sin la necesidad de un juicio.

Para que el tramite sea efectivo, los ministros emitieron los siguientes requisitos por cumplir: el tramite tiene que estar enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida, estar basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, ser confidencial, ser expeditos, ser gratuitos en la medida de lo posible y no debe exigir requisitos irracionales (acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales). En ningún momento el amparo hace la mención de que será impuesto a menores de edad, en cambio, hace un énfasis en el consentimiento libre e informado del solicitante del trámite.

Por su parte, Aarón Lara, director general de iniciativa ciudadana, criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decir que “la misión de la SCJN no es crear o legitimar ideologías de confusión de género a través de la jurisprudencia. El Tribunal sólo debe aclarar qué es convencional o constitucional ante controversias”; además, considera que el organismo se extralimita a tomar decisiones de “temas sensibles y complejos” durante sesiones cerradas “sin consultar” a los 126 millones de personas.

El movimiento reprocha a la SCJN y considera que se ha cometido “violencia legislativa”, y que actúan con plena impunidad porque “sus resoluciones son inatacables” y porque no las consultan con la ciudadanía, a pesar de ser ellos “quienes pagan los sueldos de los ministros”.

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