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La construcción de un Querétaro diverso e incluyente

La primera década del siglo XXI terminó de una forma muy convulsa para el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+. El contraste era preocupante, mientras en la ciudad de México se había reformado el Código Civil para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, en otros estados de la República comenzaron a presentarse iniciativas para reforzar las definiciones de familia y de matrimonio en sus leyes.

Querétaro no fue la excepción. En diciembre de 2010, el entonces diputado del Partido Acción Nacional, Salvador Martínez Ortiz, presentó ante el pleno del congreso local, una iniciativa para colocar en el artículo tercero de la Constitución estatal que el matrimonio consistía en la unión entre un hombre y una mujer, y en el Código Civil que las autoridades estatales y municipales tendrían la tarea de promover la integración familiar, la ayuda mutua y la preservación de los valores de la comunidad.

Afortunadamente, la propuesta emanada de la Comisión de Familia, y respaldada por 50 mil firmas, fue votada en contra por 14 legisladores, y sólo nueve estuvieron a su favor. A pesar de la medida, este fue el punto de partida para un largo periplo por el reconocimiento de uno de los derechos de las personas LGBTIQ+, el matrimonio, y la utopía de la construcción de un Querétaro igualitario e incluyente.

Como nota aclaratoria, cabe recordar que el mismo legislador que impulsó esta propuesta, días antes había declarado ante los medios de comunicación que no era “conveniente” promover en las escuelas el uso del condón debido a que los temas de sexualidad se tenían que hablar en la familia.

El rechazo hacia el matrimonio igualitario también fue externado por la entonces presidenta municipal de Querétaro y ahora legisladora, María del Carmen Zúñiga, quien señaló que “la falta de respeto a la naturaleza de las cosas ha generado un grave deterioro en el medio ambiente, y de la misma manera, la falta de respeto a la naturaleza del ser humano, de la familia y de la sociedad ha generado un grave deterioro en la propia sociedad”.

Las batallas legales por los derechos a favor de la diversidad sexual fueron una constante hasta que una mañana nublada sabatina de octubre de hace 10 años, por medio de un amparo, se pudo celebrar el matrimonio entre Mariana y María Fernanda en el corazón de la capital queretana, en medio de mucha expectativa, de la asistencia de algunos funcionarios, y de una gran cantidad de integrantes de las poblaciones LGBTIQ+ y activistas.

Con las banderas multicolor, la pareja de recién casadas cruzó casi todo el Centro Histórico de la capital queretana, en algún momento sede del Constituyente de 1917, cuya tarea fue elaborar, en ese entonces, uno de los documentos más avanzados en materia de reconocimiento de garantías individuales, para mostrar que sus derechos no estaban a discusión y que era inevitable reconocer la pluralidad de orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y de familias.

Días antes, varios grupos católicos habían invitado al estadounidense Richard Cohen para impartir la conferencia Aprende, Comprende y Ama. Herramientas para el acompañamiento a personas con atracción hacia el mismo sexo, con la finalidad de compartir su método para sanar a personas que desarrollan una atracción hacia personas del mismo sexo.

La realidad es que este matrimonio visibilizó una necesidad para las personas LGBTIQ+ en el estado, pero su concreción para todas las personas tardaría varios años en llevarse a cabo. La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro presentaría tres iniciativas ante el Congreso y otros diputados un par más. Es decir, que, en un período de 10 años, se presentaron, al menos, cinco iniciativas, y ninguna fue votada a favor.

Lo que si ocurrió es que, ante la situación, en pleno uso de su autonomía, ocho municipios (Amealco, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Joaquín, Tolimán y Querétaro capital) reformaron sus reglamentos al Código Civil para poder celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

A pesar de la reticencia del entonces gobernador, Mauricio Kuri, quien llegó a declarar que con un amparo ya podían celebrarse uniones entre personas del mismo sexo por lo que no era necesaria una reforma al Código Civil, Querétaro fue una de las últimas entidades federativas en aprobar el matrimonio igualitario en su territorio. Apenas en noviembre de 2021.

El siguiente cambio en la materia, ocurrió el año pasado al prohibirse las mal llamadas “terapias de conversión” o los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, prohibidos en muchas partes del mundo, debido al maltrato y las vejaciones a las que se someten las personas con el objetivo de modificar “las preferencias sexuales”.

También ocurrió que el estado es uno de los pocos que tiene tipificadas las agresiones u homicidios contra la población de la diversidad sexual por medio de la figura del crimen de odio. A pesar de eso, entre 2015 y 2022 se cometieron cuatro asesinatos en contra de personas de la diversidad. Uno en El Marqués, otro en San Juan del Río y dos en la capital.

Históricamente, nunca se esclareció el asesinato por odio de Octavio Acuña, activista gay y defensor de derecho humanos, atacado en el interior de su condonería, en 2005. La Fiscalía estatal, en aquel entonces procuraduría, afirmó que el suceso fue producido por una resistencia al asalto del local comercial por parte de Acuña. Unos meses después, quienes fueron declarados culpables acusaron haber sido torturados para aceptar su culpa en el crimen. El asunto jamás fue investigado. 

Actualmente, es una de los entidades federativas donde las personas trans están imposibilitadas para llevar a cabo su proceso de cambio de identidad sexo genérica ante el Registro Civil sin un juicio de por medio. A pesar de la presentación constante de iniciativas al respecto, al menos tres en el último período legislativo, aún no se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas trans.

Reflejo de esto fueron las marchas de marzo pasado para exigir un alto a la violencia en contra de las personas trans y no binaries o la recomendación de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos por la discriminación hacia el artiste Fauste Gracia en 2022 en el Museo de Arte Contemporáneo.

Hasta el momento, no existe una dependencia a nivel estatal encargada de apoyar a las poblaciones históricamente vulneradas como el sector LGBTIQ+ a fin de garantizar su derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Existe un Consejo contra la Discriminación que sesiona y está conformado por representantes de las diferentes áreas gubernamentales, pero no una institución como tal.

El único esfuerzo tangible en la materia es a nivel municipal, en la capital del estado, a través del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde también existe un reglamento en la materia.

Los avances jurídicos y los avances sociales están disasociados, pues la legislación vigente en el estado no termina por proteger y garantizar el desarrollo pleno de quienes conforman los diferentes sectores de las poblaciones LGBTIQ+, así como sus derechos. A pesar de eso, son las mismas poblaciones, las organizaciones civiles, la ciudadanía, quienes no han cesado de pugnar por una sociedad diversa, igualitaria e incluyente.

A escala social, a pesar de las posibles reticencias, hay cada vez más avances por lo que corresponde a las autoridades estatales y municipales sumarse a este impulso a través de la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, el abono a la cultura de la no discriminación y la inclusión, y la provisión a todas las personas de lo necesario para una vida digna y un bienestar individual y común, del que nadie sea excluido por su forma de ser.

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