La Cuadrilla: Hay quienes guardan la esperanza de volver tras el desalojo

Las personas que compraron terrenos a maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) vieron en La Cuadrilla una oportunidad de generar ingresos extras a sus oficios y trabajos. Otras tantas, como Denisse, buscaron establecer, en esta zona, su nuevo hogar, el cual fue derrumbado luego del desalojo de junio de 2022.

Ella vivió desde 2012 en la segunda sección de La Cuadrilla. Tenía una construcción de 100 metros cuadrados con todos los acabados: calentador solar, cisterna, ventanas de aluminio, protección reforzada, zaguán colonial, garaje, jardín y losa. Para 2018, año en que comenzó la intromisión de residentes del “Pueblo de Juriquilla” en esta zona, tuvo que abandonar su casa en octubre del mismo año, ya que había sido amedrentada por los ‘invasores’, aquellos que sí cayeron sin ningún contrato a la zona.

“Cuando empezó lo de la invasión, los invasores eran muy agresivos, incluso empezaron a poner trabas para que yo pasara y en varias ocasiones sí nos hicimos de palabras, y yo por mi seguridad decidí mejor salirme y tuve que buscar una casa acá en Corregidora”.

Desde que Denisse se mudó, su forma de vida se vio afectada, ya que ha pagado durante cinco años una renta en Santa Bárbara. Para trasladarse a su trabajo en Juriquilla —antes de la pandemia— tenía que trasladarse en transporte público o en ocasiones pagar servicio de taxi o Uber. Durante la pandemia tuvo un respiro, ya que su empresa ofreció a sus empleados trabajar desde casa; no obstante, actualmente tiene que trasladarse tres veces a la semana entre municipios, recorrido que se ha prolongado por el tráfico en la ciudad derivado de las obras en paseo 5 de Febrero.

No obstante, a pesar de haberse mudado, no perdió de vista la situación jurídica de su propiedad, ya que asegura que compró su terreno legalmente a un ingeniero civil —egresado de la UAQ— el 3 de febrero de 1998. Eso no importó y, de todas formas, ella al igual que otras familias, fue desalojada el 15 de junio de 2022.

Para la autoridad se trató de un acto de restitución que involucró un gran operativo que involucró a la Guardia Nacional, Policía Estatal, municipal, así como a la Fiscalía General de Querétaro, la Defensoría de los Derechos Humanos, entre otras.

Luego del derrumbe, fue notificada que le reasignarían su predio en la primera sección. No obstante, ante la incertidumbre de si le remuneraran el dinero invertido en su casa, le informaron “tajantemente” que no sería así.

Así lo confirmó la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien respondió a este medio que “una orden judicial determinó que las personas que estaban asentadas no tenían título o razón jurídica para estar ahí instalados”, esto a pesar del decreto de 2005.

Tanto la invasión de los terrenos como el derrumbe de su hogar le han causado a Dennise un sentimiento de “coraje e importancia”, además de los altos costos para rentar en Querétaro. No obstante, con el latente regreso, espera que la situación de los predios se regularice y su vida vuelva a la normalidad:

“Espero que, si ya nos entregan (los terrenos), igual garanticen la seguridad. Que yo sepa están construyendo un módulo de policía al lado, entonces (espero) que garanticen ellos también que no va a haber otra invasión o algún percance de que alguno de ellos (invasores) quiera volver a tomar posesión de los terrenos”.

Cronología del conflicto

El 16 de diciembre de 1976 se donaron al gobierno estatal “dos fracciones pertenecientes a la Fracción Tercera de la Ex-Hacienda de Juriquilla” con una superficie total de 20 hectáreas, según la Partida 145, Libro 85-A, Tomo XIV, Sección Primera del Registro Público de la Propiedad. Estos terrenos pasaron a conformar el fraccionamiento conocido extraoficialmente como ‘La Cuadrilla’.

En 1987, el gobierno queretano donó a trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) —derivado de un conflicto de carácter laboral— 261 lotes en esta zona. No obstante, 238 de estos pasarían a ser expropiados bajo la consigna de ‘relotificar’ el área para después indemnizar a los afectados con un terreno —con la misma superficie— dentro del mismo fraccionamiento, según la publicación de La Sombra de Arteaga del 22 de agosto de 1997.

El 5 de septiembre del mismo año, fueron transmitidos 108 lotes por dación en pago; 39 se encontraban en trámite de escrituración; y los 91 restantes —de los 238— se encontraban pendientes de compensar.

Ocho años después, para el 24 de junio de 2005, se decretó la enajenación de los 91 terrenos restantes, por concepto de pago de indemnización, a los afectados por la resolución de 1997.

El contrato de dación en pago consiste en que —en un proceso legal— la parte ‘afectada’ recibe una indemnización por parte de un ‘deudor’ para saldar una deuda. Ésta quedará saldada cuando la persona ‘afectada’ acepte dicha retribución. Con la extinción de la deuda, los dueños de los terrenos en La Cuadrilla obtuvieron todas las garantías como legítimos propietarios.

Una oportunidad de salir adelante

Cristopher también adquirió dos terrenos en la zona para poder rentarlos y así obtener un ingreso extra. Él se hizo de los lotes a través de un poder irrevocable para actos de dominio.

Si bien Cristopher no se vio afectado después del desalojo ya que él no habitaba en la zona, sí padeció en temas de perjuicio, ya que tenía planeado construir en sus dos terrenos para posteriormente habitarlos o rentarlos.

Igualmente, expresó que a pesar de que el 80 por ciento de dueños acreditaron sus propiedades a través de instrumentos notariales con fe pública, la autoridad se ha mostrado escéptica con respecto a la legitimidad de dichos documentos.

Asimismo, Cristopher manifestó su inconformismo con el manejo de la situación por la autoridad y denunció una comunicación unilateral:

“Los pocos destellos de información que de repente provienen de la administración pública son bastante inconsistentes, muy ambiguos. Nosotros como propietarios contamos con los medios y además contamos con toda la documentación en regla, (…) tenemos justamente esa documentación para ser oponibles en nuestro derecho de propiedad frente a quienes —muchos de manera dolosa— llegaron a instalarse ahí”.

El desalojo y el plan

Después del operativo realizado el 15 de junio de 2022, donde estuvieron presentes fuerzas de los tres niveles de gobierno, 13.1 hectáreas fueron resguardadas para la restauración de los terrenos en ambas secciones.

En la primera sección, con superficie de 6.7 hectáreas, se relotificarían en su mayoría los terrenos para vivienda; por su parte, la segunda sección se dividiría en tres partes: 0.9 hectáreas para la Subcomandancia municipal; 1.6 hectáreas —otorgadas por la UNAM— para espacios deportivos y 3.9 hectáreas cuyo destino se desconoce.

Tanto Cristopher como otros dueños de lotes en La Cuadrilla, pertenecientes a la Asociación de Colonos, han pedido supervisar las obras de urbanización, sin embargo, se les ha negado el acceso.

Así como en el caso de Denisse, Cristopher también comparte la incertidumbre de qué lotes se le reasignarán y cuándo será el regreso, aunque todo esfuerzo de su parte ha quedado en un trato de palabra por parte de la autoridad, quien durante un año nunca dio una respuesta por escrito:

“Para nosotros los propietarios, los que ya sea que tengamos título de propiedad o poder notarial, o bien algunos contratos de cesión de derechos, la verdad es que ha sido un verdadero transitar entre diferentes autoridades, una incertidumbre jurídica bárbara, es decir, no ha habido ningún tipo de certeza en cuanto a la finalidad de todo este proceso y sobre todo en cuanto a la finalidad de tener documentos que puedan amparar nuestra propiedad”.

A pesar de que la fecha tentativa de retorno de sus predios era a principios de junio de este año, se estima que las obras terminarán para el último trimestre de 2023.

Los apoyos de la autoridad

Después del operativo, se llevaron a cabo 121 traslados de menaje y fueron resguardados 153 animales. Además, 180 personas acreditaron viviendas en otras zonas ajenas a La Cuadrilla, informó la Secretaría de Gobierno en rueda de prensa el pasado 19 de junio.

Se vendieron 30 lotes con servicios en el fraccionamiento Libertadores, en el municipio de El Marqués, a las primeras personas que estuvieran interesadas. La adquisición de cada terreno asciende a 88 mil pesos cada uno, los cuales incluyen gastos de administración, escrituración y seguro de vida, según una respuesta a una solicitud de acceso a la Información presentada por este semanario.

Asimismo, se realizaron 150 convenios para la adquisición del mismo número de terrenos —de 90 metros cuadrados por 200 mil pesos cada uno— en el fraccionamiento Puertas de San Miguel, en la capital del estado. Para que las personas pudieran obtener un crédito hipotecario en este fraccionamiento, se fijó un enganche inicial de 20 mil pesos en 12 meses, así como el pago restante de mil 280 pesos en 180 pagos, cantidad que asciende a 230 mil 400 pesos con gastos administrativos y seguro incluidos.

En cuanto a los apoyos otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (DIF) para las personas desalojadas, se informó vía transparencia que se realizaron nueve servicios de ‘contenciones psicológicas’ a adultos mayores y 12 a menores de edad.

Asimismo, la Procuraduría de Defensa al Menor (Niñas, Niños y Adolescentes) realizó diez servicios de atención, dos apoyos con traslado y una atención de búsqueda de menor. Por otro lado, el área de Rehabilitación y Asistencia Social entregó 54 despensas y otorgó el servicio de albergue a una persona.