La desaparición forzada jamás paró en México: académica

Este crimen no se comete sólo contra una persona, sino contra toda su comunidad, su familia y la sociedad en conjunto, ya que la desaparición forzada implica un sostenimiento de la impunidad y la incapacidad de ofrecer justicia.

En México existen 40 mil 180 nombres sin cuerpo, —personas no localizadas— así como 36 mil 708 cuerpos sin nombre —cadáveres sin identificar—, señalaron las investigadoras Pilar Calveiro y Carolina Robledo Silvestre, con base en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. En muchos casos, agentes del Estado son partícipes de estos actos, lo que las vuelve desapariciones forzadas.

Respecto a este delito, la doctora en ciencias políticas, Pilar Calveiro, comentó que es un tema que ha incrementado en el país desde la década de los setenta, cuando se vivió la denominada ‘guerra sucia’: “En México, a diferencia de otros países, es una práctica que no paró nunca, desde finales de los sesenta hasta el momento actual. Ha tomado distintas formas pero se ha mantenido la práctica”, explicó.

Este crimen, subrayó, no se comete sólo contra una persona, sino contra toda su comunidad, su familia y la sociedad en conjunto, ya que la desaparición forzada implica un sostenimiento de la impunidad y la incapacidad de ofrecer justicia. “Se nos está negando información, se nos está negando la verdad y eso no se les niega sólo la familia sino a todos”, recalcó.

Se entiende como desaparición forzada el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea provocada u orquestada por agentes del Estado, o de personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del mismo. Esta acción delictiva se caracteriza por la constante negativa de las autoridades a reconocer la privación de la libertad cometida; pues, al contrario, operan de modo que no resulten afectadas.

Fundamental romper la colusión

La doctora Calveiro manifestó que, para para prevenir y disminuir este delito, lo más importante es romper la colusión entre las autoridades de cualquier nivel de gobierno con las redes criminales. “En la medida en la que se logre eso, las redes criminales no tendrán protección y por lo tanto no podrán realizar este tipo de prácticas”, formuló.

Calveiro, catedrática de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), puntualizó que en un Estado en el cual se respetan los derechos humanos no se incurriría en este tipo de prácticas. “Si algún personaje del Estado la realiza lo castigarán”, confió.

Respecto a la modificación del artículo 19 constitucional, que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva, Carolina Silvestre expuso: “Yo creo que la prisión preventiva es el síntoma de un país que no tiene capacidades para ejercer una justicia (…) en ningún caso una alternativa viable para un país democrático”.

Recalcó que deben fortalecerse suficientemente las capacidades de las instituciones de procuración de justicia, en términos de investigación, para que no sea necesaria la prisión preventiva: “La justicia no siempre tiene que significar ‘castigo a los responsables’ y, si significa el castigo a los responsables, no tiene que ser en contra los derechos de nadie”.

Nueva esperanza con AMLO

Por otra parte, sobre el panorama con el nuevo gobierno federal, Carolina Robledo Silvestre, también académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), expresó: “El [pasado] gobierno federal había sido omiso y había negado la existencia de la desaparición forzada como un crimen sistemático y generalizado”.

Por otra parte, también refirió a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, respecto al cambio en su discurso durante una presentación en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en la que reconoció la existencia de una desaparición forzada cometida por agentes estatales y que se trata de actos que son sistemáticos y que no son aislados.

Otro cambio relevante fue el nombramiento de Carla Quintana como nueva comisionada nacional de búsqueda; la cual cumple con el perfil que se estaban buscando para ese cargo y quien tiene legitimidad de las organizaciones de víctimas.

Las 5 fases de la desaparición forzada

El proceso de la desaparición está dividido en cinco fases. La primera es cuando se priva a la persona, después viene la tortura; acto seguido se procede a la ejecución sumaria, de ahí a la confiscación y, finalmente, encumbramiento del crimen.

La desaparición forzada viola un conjunto de derechos —tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales— entre los que se encuentran el derecho a la libertad y seguridad de la persona, a la protección y a la asistencia a la familia, a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.