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Lesbofamilias: Luchando por la igualdad en estados homofóbicos

En Guanajuato y Querétaro, estados con profundas raíces conservadoras y una marcada influencia católica, la lucha por la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo es una realidad constante y desafiante. Aunque en ambos estados se han dado avances significativos hacia el reconocimiento legal del matrimonio igualitario, aún persisten barreras que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos para la comunidad LGBT+.

Desde el año 2021, el Gobierno de Guanajuato publicó en el Periódico Oficial del estado un decreto que permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Este hito se da en el sexenio del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que terminará su periodo en septiembre del 2024.

Guanajuato está conformado por 46 municipios en los cuales se decretó la posibilidad del matrimonio igualitario. Según la Estadística de Matrimonios elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registró un incremento en los matrimonios entre personas del mismo sexo en Guanajuato durante 2022.

A pesar de que el Congreso local no ha legislado a favor del matrimonio igualitario, la entidad registró 264 uniones de este tipo, 195 corresponden a matrimonios entre mujeres y 70 a parejas de hombres.

A pesar del incremento en el número de matrimonios entre parejas del mismo sexo, persiste el desafío de la falta de reconocimiento legal en los municipios de Guanajuato, un estado gobernado mayoritariamente por el Partido de Acción Nacional (PAN) y con una fuerte influencia católica. Para muchas parejas LGBTQ+, la religión es un factor determinante en la formación de su familia, lo que las lleva a mantener sus vidas en secreto y evitar el matrimonio civil debido a la falta de aceptación y respaldo legal. Incluso cuando intentan buscar justicia, se enfrentan a barreras legales y financieras que complican la resolución de sus problemas.

Este problema se hizo evidente en el caso de una pareja que había estado junta durante 30 años y tenía una hija en común. Tras el fallecimiento de una de ellas, la otra se enfrentó a desafíos legales y emocionales para asegurar los derechos de crianza sobre su hija.

Desafíos Legales para las Parejas LGBTQ+ en Guanajuato

Durante una conversación con la familia, dieron a conocer los retos que enfrentaron y la falta de legislación en materia de derechos humanos. Una de las dos mujeres era madre biológica de la hija, y ambas tenían un acuerdo para criar y cuidar a la menor. Lamentablemente, a finales de 2022, una de ellas falleció, dejando la responsabilidad de la niña en manos de la madre biológica.

“Ella y yo habíamos decidido tener una hija, teníamos el acuerdo de ser responsables las dos, ahora ella falleció y yo no sé cómo hacerle para poder cuidar a mi hija sola.”

“Meses después de su partida, decidimos consultar con un abogado acerca de nuestro caso, ya que por parte de la familia de mi pareja, no nos quisieron dar ninguna información acerca de ella ni de lo que había pasado con sus pertenencias, cuando intentábamos hablar con ellos, nos ignoraban y nos decían que nosotras no tenemos ningún derecho, y que no podíamos recibir ni saber nada”.

“Cuando fuimos con el abogado, nos comentó que hacía poco tiempo se había decretado el matrimonio igualitario y que si lo habíamos realizado, le respondimos que no, pero que considerábamos que podría contar como concubinato, a lo que el abogado nos dijo que no era posible aún, que solo estaba permitido el matrimonio pero no ante la ley, por lo tanto, no había manera de que nosotras pudiéramos exigir algo, así que decidimos ya no hacer nada.”

La familia relata cómo sus derechos fueron vulnerados; incluso el abogado les explicó que sin estar casadas, la única opción para exigir algo era a través de un juicio, donde tendrían que demostrar su vínculo con la persona fallecida para recibir alguna compensación.

“Al principio estábamos decididas a hacerlo, sabíamos que teníamos ese derecho, pero nos dimos cuenta de que este juicio era demasiado caro y no íbamos a poder solventarlo.”

 “Preferí invertir ese dinero en la educación de mi hija y seguir adelante, hacer este proceso era desgastante emocionalmente y económicamente, y por mi hija decidí seguir nuestro camino.”

“Nos parece desgastante y horrible todo lo que tuvimos y tenemos que vivir, se nos hace injusto que los 30 años que tuve con mi pareja hayan sido en vano y ni siquiera pude despedirme de ella.”

La Realidad Legal de las Parejas

En una entrevista con el abogado Omar Torres Martínez, especializado en derecho civil y residente en el estado de Guanajuato, comparte su opinión sobre la vulneración de derechos de las personas que viven en la región.

“Los derechos de las personas en parejas del mismo sexo no deben ser distintos a los de cualquier hombre y mujer, independientemente de sus preferencias de pareja.”

“Lamentablemente en Guanajuato, muchas personas son de índole conservadora, es decir, se basan en las costumbres de siempre de ‘hombre con la mujer’ y para ellos eso es. Guanajuato es un estado donde impera el conservadurismo y el liberalismo queda muy fuera de sus creencias.” “Sin embargo, el primer caso que se dio de matrimonio en Guanajuato fue en el año 2014, y lo interesante de estos casos es que para poder contraer matrimonio se hacía un juicio extraordinario llamado juicio de amparo, el cual les permitió comprometerse en tiempos en que ni se pensaba en la posibilidad del matrimonio.”

El juicio de amparo, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un recurso legal y medio de defensa que puede proteger tus derechos frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad mexicana, que resulten en la violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por México.

Puedes recurrir al juicio de amparo cuando percibas que tus derechos humanos han sido vulnerados por decisiones gubernamentales, con el objetivo de que se respeten y reparen tus derechos.

A través del amparo, los jueces federales analizan si se cometieron violaciones a los derechos humanos y exigen a la autoridad correspondiente garantizar y restituir los derechos que fueron violados.

Torres Martínez menciona que el juicio de amparo continúa siendo una vía disponible en varios procesos legales, como el caso mencionado de la pareja donde uno de los miembros falleció, buscando garantizar los derechos correspondientes. Sin embargo, señala que este juicio conlleva un costo elevado, superando los 40,000 pesos en ocasiones, y advierte que los resultados pueden no ser los esperados, aunque reconoce que casos tan singulares como este son poco comunes.

Zahira Cantú Cantú, Licenciada en Psicología Clínica y especialista en familias y prevención de la violencia, desarrolló una tesis titulada «Hacia la democratización lesbofamiliar: una estrategia de prevención ante la reproducción de estereotipos de género y relaciones de poder en lesbofamilias del municipio de Querétaro y San Juan del Río». En ella, relata la historia de seis familias lesbofamiliares, incluyendo el caso de una pareja que contrajo matrimonio en 2014 en Querétaro. Posteriormente, en 2021, mediante otro juicio de amparo, lograron adoptar legalmente a su hija, quien en ese momento tenía 16 años, otorgándole el apellido de ambas.

El abogado y activista Saúl Hernández fue el encargado de este caso, asistiendo a la pareja para asegurar los derechos legales de su hija. Aunque en ese momento no era posible adoptar a menores en parejas del mismo sexo, el juicio de amparo se convirtió en la opción más viable para garantizar los derechos de la familia.

Considerando el elevado costo del juicio de amparo, como mencionó la primera familia, se convierte en un gasto considerable para realizarlo. En México, donde el salario mínimo en 2024 oscila entre los 207.44 y 248.93 pesos diarios, y en el norte del país ha aumentado hasta los 374.89 pesos diarios en familias comunes, la suma  de ambos salarios es significativamente mayor que el presupuesto disponible en familias de personas del mismo género.

La psicóloga Cantú destaca que las mujeres tienden a percibir salarios más bajos que los hombres, lo cual se refleja en las familias lesbofamiliares, donde generalmente residen mujeres. Esto indica que las familias encabezadas por mujeres no cuentan con los recursos necesarios para costear un juicio de amparo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, las mujeres ganan en promedio 10 mil pesos menos que los hombres por trimestre, y esta brecha se amplía con la presencia de hijos u otros dependientes económicos. La situación económica de las mujeres se ve afectada aún más por la cantidad de hijos que tienen, mientras que para los hombres esto no representa un cambio significativo en sus ingresos.

Estas diferencias salariales están estrechamente relacionadas con la carga del trabajo doméstico y de cuidado, que recae en su mayoría en las mujeres (77%), según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta situación suele dejar a las mujeres fuera del mercado laboral o reduce sus ingresos, lo que dificulta aún más el acceso a recursos para casos legales como el juicio de amparo.

El abogado Torres enfatiza: «Lamentablemente, el juicio es costoso y reconozco que no todos tienen los recursos necesarios para pagarlo. Esto constituye una vulneración de los derechos de las personas; no deberían tener que pagar por algo que les corresponde.»

El Centro del País

En el contexto del centro de México, Querétaro se destaca como uno de los estados que enfrenta desafíos similares a los de Guanajuato en cuanto a la igualdad de derechos para la comunidad LGBT+. Durante el año 2021, se logró un avance significativo con la aprobación del matrimonio igualitario en Querétaro. Sin embargo, este logro coloca al estado en el puesto número 23 de los 32 estados que han adecuado sus leyes o implementado acciones para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de amparos.  Esta medida representa un paso importante hacia la igualdad de derechos en la región, pero también resalta los desafíos que persisten en la lucha por la inclusión y el respeto a la diversidad.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la psicóloga Cantú durante su investigación en Querétaro, la mayoría de las familias entrevistadas vivían sin compromiso o matrimonio. Este aspecto refleja la influencia del contexto político y religioso en ambas ciudades, donde el (PAN) tiene una fuerte presencia y el catolicismo influye en las políticas relacionadas con las familias LGBT+.

Si bien se han logrado avances significativos en la legislación, aún persisten desafíos importantes para garantizar la plena igualdad y protección de los derechos de las familias LGBT+ en el centro de México. La lucha por la inclusión y el reconocimiento sigue siendo un trabajo en curso, en el que la sociedad y las autoridades locales deben seguir colaborando para construir un futuro más justo y equitativo para todos.

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