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Obra pública en Querétaro, la más opaca del país

En el rubro de competencia, el cumplimiento fue de apenas 14%, pues colegios y cámaras empresariales son parte del Comité de Obra Pública, “lo que constituye un claro conflicto de interés”.

Querétaro ocupa el último lugar en el Índice Legal de Obra Pública (ILOP), pues tuvo un índice de cumplimiento del 25.69 por ciento, debido a que fue el peor calificado en transparencia, competencia y uso de tecnologías de la información.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró un análisis a los 15 estados con mayor presencia en términos de población y Producto Interno Bruto (PIB) nacional y está compuesto por 144 criterios que evalúan el nivel de cumplimiento de los requerimientos mínimos que debe contener cualquier legislación estatal para garantizar el correcto desarrollo de la obra pública.

En este estudio, el estado obtuvo una calificación de 25 por ciento en cumplimiento de Transparencia y de 20 por ciento en Tecnologías de la Información.

Esto se debió principalmente a que no cuenta con un reglamento de transparencia ni de fiscalización y los procedimientos de contratación que efectúa, los realiza en papel, de forma estrictamente presencial y sin estándares de transparencia. “La Ley de Obra expedida en setiembre de 2003, estipula en su transitorio cuarto, la expedición de un reglamento en un plazo de tres meses. Sin embargo el reglamento no ha sido expedido hasta la fecha”.

Además, únicamente contempla un periodo de tres años para la conservación de la información de actos de contratación, cuando lo recomendado es un periodo de ocho años.

Esta deficiencia provoca una regulación deficiente en la materia y la pulverización de normas administrativas e incluso, el IMCO señala que “sin leyes claras y completas, siempre habrá espacios para la discrecionalidad en la obra pública”.

Respecto a la competencia, el cumplimiento fue de apenas 14 por ciento, pues colegios y cámaras empresariales son parte del Comité de Obra Pública, “lo que constituye un claro conflicto de interés”; además, hay preferencia por participantes locales, “pues se contempla que en caso de empate se preferirá a los oferentes con domicilio fiscal, operación y arraigo en el estado”.

“El Comité de Selección de Contratistas sólo tiene funciones para el procedimiento de invitación restringida y en él participan cámaras y colegios empresariales con derecho de voz y voto para emitir propuestas de candidatos”.

Este documento señala que los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que provoca una discrepancia relevante entre lo presupuestado y lo ejercido para el rubro de infraestructura.

Y Querétaro no es la excepción, pues el gasto en obra pública aprobado en 2016 fue 467 millones de pesos, pero sólo se ejercieron 302 millones de ellos; además, las modificaciones de contratos son de hasta el 25 por ciento.

Sumado a esto señala irregularidades como la obligatoriedad de estar inscrito en el Padrón de Contratistas y no cumple con los siguientes requerimientos: realizar investigación de mercado previo al concurso; incorporar prácticas que fomenten la competencia; contener excepciones razonables a la licitación pública; digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra.

En los indicadores donde está en cero son Bitácora; Comité de Obra Pública; convocatoria; ejecución; glosario; investigación de mercado; junta de aclaraciones; Mipyme; obligaciones de convocante; prácticas antimonopólicas; testigo social y solución de controversias

El IMCO señala que esta nueva evaluación la han impulsado, pues durante las últimas décadas, el desarrollo de mecanismos de control para los órdenes federal, estatal y municipal, ha estado motivado principalmente por el inadecuado manejo del dinero público. Corrupción, desvíos, entre otros, han impulsado el esfuerzo por generar condiciones mínimas de integridad e idoneidad en la asignación, seguimiento y fiscalización del erario y el gasto en obra pública es un esquema de gasto que no cuenta con los controles adecuados.

Además, la legislación mexicana en materia de contrataciones públicas se encuentra lejos de garantizar a los ciudadanos infraestructura, bienes y servicios de primera calidad a un costo competitivo.

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