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Recomendaciones de DDHQ no garantizan matrimonio igualitario

Lluvia Cervantes Contreras, activista en el tema, expresó que en el estado hay un atraso jurídico desde hace varios años, pues mantiene la figura de matrimonio desde una mirada “muy tradicional”, apegada a creencias religiosas que violan los derechos humanos

Las recomendaciones que la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) hizo a Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal capitalino, no tienen fuerza vinculante, ya que no implican una sanción ni un trabajo efectivo para que no se repita la violación de derechos a parejas homosexuales; tampoco obliga a que las autoridades municipales las acaten, coincidieron especialistas en derechos sexuales y reproductivos.

Luego de que el 28 de enero la DDHQ emitiera una recomendación al Municipio de Querétaro, el abogado de amparos para matrimonios igualitarios, Saúl Hernández, expresó que estas recomendaciones son una señal sintomática a las violaciones que se están dando a las parejas que intentan contraer matrimonio.

Hay que recordar que en 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a todos los gobernadores y legislaturas del país para llamarlos a armonizar su ley y permitir el matrimonio igualitario. A pesar de ello, persiste un “retroceso de la actual administración municipal ante las negativas que se les ponen a parejas del mismo sexo cuando hacen su trámite para contraer matrimonio”, aseveró.

Hernández abundó que lo anterior se debe a que las recomendaciones emitidas por dichos organismos no pueden obligar a que estas autoridades reparen el daño o dejen de provocar estas violaciones: “En otros países medianamente democráticos estas recomendaciones sí tienen fuerza vinculante y se cumplen, y se busca reparar el daño y crear medidas de no repetición”, señaló.

Saúl Hernández consideró que también es necesario que el exhorto se dirija a diversos entes del estado de Querétaro: “A los legisladores por no armonizar la ley; el Ejecutivo, por no buscar esa armonización y adecuar el respeto a los derechos humanos; y el Municipio, de la misma manera, por no aceptar estas solicitudes y que es un acto discriminatorio”.

Enfatizó que la presión debería ir principalmente hacia los legisladores, ya que “hay una iniciativa [de Morena] que se acaba de turnar a comisiones y ahora se tiene que dictaminar para que sea pasada a pleno y sea votada. Ahí es donde debe de haber la presión”.

Sin embargo, el abogado sostuvo que Querétaro es de los estados que se ha resistido “bastante” por la conformación política de legisladores conservadores: “Son muy localistas, porque no acatan la Constitución, que tiene prohibida cualquier tipo de discriminación en su artículo primero. Están siendo discriminatorias y con un trato desigual del mismo sexo”.

Ver más allá de la heterosexualidad

Por su parte, Lluvia Cervantes Contreras, también activista en el tema, expresó que en el estado hay un atraso jurídico desde hace varios años, pues mantiene la figura de matrimonio desde una mirada “muy tradicional”: apegada a creencias religiosas que violan los derechos humanos y se aleja de los avances jurídicos a nivel nacional e internacional y de reconocimiento de derechos humanos.

Cervantes Contreras externó que —a pesar de que desde el 2011 la homofobia y transfobia están prohibidas en el artículo 1 de la Constitución federal— Querétaro se resiste a reconocer otros modelos familiares que van más allá del matrimonio entre dos hombres y dos mujeres.

“Creer que la heterosexualidad es la orientación sexual única y valida y suprema y que las demás orientaciones sexuales no deberían tener los mismos derechos, pues tienen que ver con estos supremacismos y fundamentalismos”, lamentó.

Explicó que, si bien ha habido un avance progresivo contra la homofobia desde el órgano garante de los derechos humanos, eso no implica que se vea reflejado en la Legislatura del Estado o en la administración municipal, ni que haya un reconocimiento de la violación a los derechos sexuales que hace el propio Estado.

“Por la ejecución de nuestro compañero Octavio Acuña, en algún momento hubo una recomendación, después de que ya lo habían matado. Implicaba que las y los funcionarios, específicamente peritos del Ministerio Público que estuvieron trabajando alrededor del caso, sí se habían manejado con prácticas homofóbicas; pero eso no fue realmente algo que implicara que se hicieran capacitaciones, sensibilización a profundidad que nos permitan ver que ya no se están conduciendo sin homofobia”, observó.

“Periodo de prueba”

Al respecto, Saúl Hernández coincidió que es necesario capacitar a los funcionarios en perspectiva de género y no discriminación: “porque hay funcionarios que ni siquiera les reciben sus solicitudes y ahí están violando su derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional o su derecho a la información del artículo 6 constitucional; al no recibirles esta petición no va recaer una respuesta por escrito que es necesaria para el amparo”.

Referente a que las personas del mismo sexo podían casarse sin amparos durante la pasada administración, Lluvia Cervantes dijo que esto solo fue un “periodo de tregua” que no solucionaba el problema, por lo que la demanda y exigencia versa en que se cambie el Código Civil: “Creo que ahí se verá mucho en el trabajo y la buena disposición que tengan los legisladores, que es a quienes les compete”.

Ambos especialistas coincidieron en que Luis Bernardo Nava va a eximir su responsabilidad bajo lo que dice el Código Civil: “Se va a amparar en lo que dice la ley y, si el Código Civil todavía no está modificado, pues va a seguir diciendo que hagan amparo las parejas que quieran casarse”, dijo Lluvia Cervantes.

Finalmente, Saúl Hernández enunció que hay una deuda con la comunidad LGBT+ sobre este derecho al matrimonio: “Si no acceden a este derecho se les están privando a otros derechos como el de la herencia, la cuestión de poder juntar sus créditos, atención médica y es una deuda que tienen los legisladores en sus manos”.

Respuesta pendiente

El Municipio de Querétaro esperará los 15 días hábiles que marca la ley para dar un posicionamiento y respuesta a las recomendaciones que la Defensoría de los Derechos Humanos hizo en el tema de matrimonios igualitarios, enfatizó el secretario de Gobierno capitalino, Apolinar Casillas Gutiérrez.

Dicha recomendación les fue notificada el 30 de enero. Cuestionado sobre si esto es un exhorto a proponer una reforma al Código Civil del Estado o a apoyar la iniciativa que Morena hizo en el tema desde el Congreso del Estado, Apolinar Casillas insistió en que primero le responderá a la Defensoría de los Derechos Humanos y posteriormente darían a conocer su posicionamiento sobre la recomendación.

Por su parte, Saúl Hernández consideró: “Si lo aprueban en esta legislatura sería un avance importante en una lucha que se tiene desde hace más de 4 años que es cuando se dieron los primeros amparos. Además de vigilar que efectivamente se den estas capacitaciones, es la obligación del municipio de que si acepta esta recomendación no sea simulada”.

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