Represión de la protesta, el modus operandi del PAN contra la protesta social

Del encarcelamiento a líderes sociales con Ignacio Loyola a la represión de madres buscadoras el pasado 21 de agosto. Los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) se han caracterizado por una intolerancia a los movimientos sociales y activistas, a quienes han perseguido o reprimido de distintas maneras a lo largo de los años.

Desde la concepción del poder, los gobernadores han justificado las decisiones debido a la necesidad de mantener el orden, garantizar el Estado de derecho o que hay intereses políticos detrás de los hechos. Otra constante es cuestionar que hayan pasado los hechos o se haya tratado de una violación de derechos humanos, como señaló el gobernador Mauricio Kuri González.

“Por lo menos yo no he visto ninguna prueba o video de que las hayan lastimado o algo pero si ellos lo tienen otros que lo presenten”, expresó el mandatario el pasado 24 de agosto.

Esta forma de actuar del panismo fue identificada en un cable de la embajada estadounidense en México que data de noviembre de 2008, en el cual se presentaba a Querétaro como próspero pero intolerante debido al crecimiento económico pero desplazamiento de personas en situación de pobreza.

Madres buscadoras, rechazadas de origen

Desde antes de su llegada, las madres buscadoras fueron rechazadas por el gobernador Mauricio Kuri González, quien procedió descalificar su lucha y hablar de intereses políticos, tal y como ocurrió con las protestas contra la Ley de Aguas en 2022: “miren, es muy fácil destruir… cuando hacemos una propuesta siempre es con el espíritu de un mejor Querétaro… la ley de aguas la quisieron destruir, mal informaron, mintieron, todo por una percepción política”, señaló en su rueda de prensa del 14 de agosto.

A la llegada de las madres buscadoras la situación no fue muy diferente, pues lo primero que exhibieron fue que las autoridades nunca respondieron sus peticiones para permitir la búsqueda dentro de anexos, centros de reinserción social, hospitales y otros lugares al que la autoridad pudiera darles acompañamiento.

La protesta escaló el lunes 21 de agosto, cuando luego de todo un día bloqueando la Fiscalía General del Estado, las madres buscadoras fueron disueltas y agredidas por trabajadores del organismo autónomo. Las brigadas se habían mantenido desde temprano para exigir que se les permitiera revisar el Servicio Médico Forense (Semefo), petición que fue negada.

La Fiscalía explicó que los trabajadores debieron recurrir a estas acciones para poder regresar a sus casas. En tanto, Alejandro Echeverría Cornejo, titular del órgano investigador, enfatizó que el bloqueo impidió el acceso de un cuerpo que estaba en una camioneta del Semefo. Hasta este momento no hay una cifra de personas lesionadas.

1998, Loyola contra la protesta

El actuar de los gobiernos del PAN contra la protesta social tiene similitudes a lo largo de la historia. El 5 de febrero de 1998 fue apedreado el autobús donde viajaba el gabinete del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; la reacción del gobierno de Ignacio Loyola en días subsecuentes fue apresar a liderazgos sociales.

Sergio Jerónimo Sánchez, Anselmo López y Pascual Lucas Julián pasaron tiempos distintos en prisión acusados de haber orquestado ese ataque contra el camión. Para Sánchez Sáenz, los hechos que se registraron fueron un montaje para desacreditar al movimiento social, pues ya se habían presentado reportes de golpes en la zona aledaña al jardín Corregidora, no obstante, el autobús se acercó a la zona.

El español antiterrorista

Años después otra protesta fue disuelta, esta vez en la plaza Constitución. El 2 de noviembre de 2006 la Guardia Municipal intervino de manera enérgica y violenta contra un grupo de jóvenes queretanos que conmemoraban a las víctimas de los sucesos de Atenco y Oaxaca. Además, estos manifestantes exigían la retirada de la Policía Federal Preventiva del estado.

Genaro García, uno de los activistas involucrados en la manifestación, reveló que, durante su traslado a las autoridades pertinentes, un miembro de la policía le habría dicho: «Ahora contamos con la asesoría de un experto en antiterrorismo de origen español que nos está instruyendo sobre cómo lidiar con individuos como ustedes».

Lo anterior en referencia a Amadeo Valladares, entonces secretario de Seguridad Pública Municipal del alcalde Manuel González Valle. El hombre de origen español estaba especializado en prácticas antiterroristas, lo que provocó una mano dura contra la protesta social durante esos tiempos.

Las gorras que enfadaron al gobernador

El 1 de mayo de 2016, el entonces gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó su primer y último desfile con motivo del Día del Trabajo. El mandatario comenzó una cacería contra liderazgos sociales porque un grupo de trabajadores le aventaron gorras al templete desde donde observaba el evento.

El panista prometió todo el peso de la ley contra “anarquistas” y “reventadores” que llevaron a cabo la protesta. Sánchez Sáenz estuvo una semana privado de su libertad. En tanto, Pablo González Loyola Pérez, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, quien un mes después fue encarcelado casi tres meses por el delito de motín.

La prisión del líder social y de comerciantes fue aprovechada por el Municipio de Querétaro, encabezado por Marcos Aguilar Vega, para desalojar a los vendedores ambulantes de la Alameda Hidalgo. Éste se llevó a cabo durante la madrugada.

Años después, concluido el proceso electoral de 2021, el gobierno estatal llevó a cabo un nuevo operativo para desalojar una protesta en plaza de Armas, en la cual también estuvo presente Sergio Jerónimo Sánchez.

Según narraron testigos, el arresto ocurrió en la plaza de Armas mientras el profesor daba clases a artesanos indígenas. “El maestro”, como lo nombran los artesanos, fue aprehendido junto con otros cuatro de sus compañeros, entre los que iba Rogelio Orozco, quien al igual que Sánchez Sáenz, ya había sido víctima del poder.

La concertación no es de Kuri

El 10 de julio de 2022, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, ordenó el uso de la Policía Estatal para disuadir a un grupo de manifestantes que bloqueaban la avenida 5 de Febrero, esto para exigir un diálogo sobre la Ley de Aguas que fue aprobada por la Legislatura del Estado.

Al sitio acudieron concertadores del gobierno estatal, quienes se retiraron al no llegar a un entendimiento con activistas. Fue entonces cuando elementos estatales utilizaron la fuerza pública para restablecer la circulación en la zona; la Fiscalía tiene investigaciones abiertas contra algunos defensores del agua, las cuales no han cerrado luego de más de un año de haberse registrado los hechos.

Ya este 2023, la fuerza pública actuó de nueva cuenta contra un grupo de manifestantes que bloquearon la carretera México-Querétaro el 8 de junio: Las personas de San Fandila, Pedro Escobedo, exigían la liberación de dos personas detenidas por el presunto delito de despojo. El gobernador Mauricio Kuri señaló que la vialidad era de responsabilidad federal, pero el gobierno estatal decidió actuar para garantizar el derecho al libre tránsito.

Días después, el 13 de junio, la fuerza del estado se volvió a desplegar durante un operativo para liberar un predio en Escolásticas, Pedro Escobedo. La población se resistió a entregar un manantial que, sostienen, pertenece a la colectividad; la Fiscalía tuvo que echar mano de distintas corporaciones para concretar su operativo.

En los trabajos hubo personas lesionadas y se acusó el uso de perros contra la población. Estos hechos son investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que atrajo el caso luego de que los inconformes señalaran una omisión por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.