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Las falacias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Una falacia es un argumento que, a pesar de ser falso o incorrecto, o que tiene la intención de engañar, deja la impresión de ser aparentemente cierto, por lo que resulta creíble y convincente.

Y es precisamente de falacias de lo que está plagado el pronunciamiento DGDDH/038/2022 publicado el pasado 21 de junio de 2022 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”.

Para comenzar habría que decir que el pronunciamiento carece de un análisis del sentido que tiene en nuestro orden jurídico la prestación de los servicios públicos, en especial los relacionados con el agua, como tampoco aborda con profundidad el alcance y límites a las concesiones a particulares; pero sobre todo el texto omite un estudio serio sobre el derecho humano al agua y sus implicaciones jurídicas.

Por otro lado, el pronunciamiento evita tomar postura clara sobre el carácter constitucional de esa ley, y en cambio contiene una gran cantidad de frases oscuras y confusas, e incluso lógicamente incorrectas, como las siguientes:

“Además, conforme al artículo 115, fracción III, constitucional, los municipios tienen a su cargo diversas funciones y servicios públicos, entre los que se encuentra el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En ese sentido, si el abastecimiento de agua potable es un servicio público a cargo de los municipios o los estados, según corresponda, este puede ser objeto de concesión (…)” (subrayado nuestro).

La inconsistencia salta a la vista: se está hablando, en el primero de los párrafos citados, de los servicios públicos a cargo de los municipios, y en el segundo se introduce subrepticiamente a los estados como si también tuvieran tal función, exclusiva de los primeros según el párrafo anterior y tal como lo establece la Constitución.

La falacia es evidente: el argumento pretende justificar las concesiones del servicio de agua previstas en la ley como prerrogativa del gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Aguas, aun cuando no tiene facultades para ello en el citado precepto constitucional.

Las falacias continúan en el pronunciamiento cuando se dice que, por parte de la Comisión Nacional: (…) se escuchó la opinión de quienes solicitaron audiencia para manifestar sus posturas particulares (…) lo cual es totalmente falso porque algunas personas, incluso legisladores federales y el que suscribe en mi calidad de integrante del Consejo Consultivo, solicitamos audiencia con la Presidenta de la Comisión y nunca nos atendió, y en su lugar nos recibió la Directora Jurídica del organismo, sin que nos dejara exponerle nuestras puntos de vista y, mucho menos, nos hiciera ver la postura de la Comisión.

Y lo otro también completamente falaz es la afirmación que dice:

“Además, el tema se expuso en la sesión del Consejo Consultivo de este Organismo Autónomo del día de ayer, por lo que se estuvieron revisando argumentos y fundamentos, hasta el último momento de la fecha límite para la presentación del recurso”.

Esta frase, por supuesto ambigua e imprecisa, hace pensar que en la sesión del Consejo se discutió el tema de la inconstitucionalidad de la ley y se escucharon nuestros argumentos, lo cual es totalmente falso, pues a pesar de que seis de las personas integrantes del Consejo nos manifestamos en favor del derecho humano al agua y el compromiso de la Comisión por su defensa, no obtuvimos ninguna respuesta siquiera por parte de las y los funcionarios de la Comisión.

Lo otro, también muy grave por parte de la Comisión Nacional, es que con ese pronunciamiento, en vez de ejercitar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  lo cual sí es una facultad suya, se manifiesta sobre la constitucionalidad de la ley de aguas de Querétaro, con lo cual invade la competencia exclusiva del máximo tribunal mexicano, además que desoye el sentir popular que le reclamaba cumplir con su función de defender al pueblo y dejar en manos de la Corte la resolución del asunto.

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