Ayotzinapa. La cruda y obscura verdad
El jueves 18 de agosto, el subsecretario Alejandro Encinas presentó un duro informe sobre la lacerante realidad de nuestro país. Recordemos que una de las primeras disposiciones que ordenó Andrés Manuel López Obrador luego de ser electo presidente en el 2018, fue la creación de una comisión de la verdad que tendría como objetivo central el alcanzar la justicia para los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del 2014. El encargado de llevar a buen puerto a dicha comisión, desde entonces, ha sido Encinas.
Desde que la comisión quedó conformada hemos sido testigos de reuniones entre las y los familiares de los normalistas desaparecidos y las autoridades gubernamentales, incluyendo el presidente. Todas, aparentemente, en muy buenos términos. A diferencia de las pocas que se dieron cuando el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Dentro de lo más destacado del informe está que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula y nunca estuvieron juntos en el proceso de detención y desaparición por parte del grupo delictivo Guerrero Unidos, como las autoridades sostuvieron en el 2014.
Hubo una concordancia entre elementos de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— con implicaciones en lo ocurrido, ya sea porque actuaron de manera directa en la desaparición de los normalistas (como el presidente municipal y numerosos policías), por limpiar la escena del crimen (con la participación de elementos militares) o por la negligencia en buscar a los desaparecidos apenas sucedido el hecho (como pudo ser el gobernador). En mayor o menor medida, todos los poderes estuvieron enterados de lo que estaba ocurriendo.
Ahora, lo que esta comisión agrega —y que no es ninguna novedad, considerando que el grupo interdisciplinario de expertos independientes que pudieron, con ciertos límites y obstáculos, revisar las pruebas del caso, ya habían señalado el punto— es que también habría que perseguir a quienes se encargaron de colocar obstáculos a la investigación y darle ‘carpetazo’ (labor del procurador y la ‘verdad histórica’). Es decir, estos últimos, no habrían sido ni autores materiales ni intelectuales del crimen, pero impidieron que éste se resolviera según el estado de derecho, lo que es otro crimen. Habría que determinar qué tanto unos y otros criminales estarían coludidos.
Otra novedad han sido las órdenes de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, que se llevó los reflectores el día viernes 19, además de otras veinte órdenes de aprehensión contra el mismo número de militares, cuyo grado más alto es contra el ahora general Alejandro Saavedra Hernández, encargado de la XXXV Zona Militar con sede en Chilpancingo aquella noche de Iguala, ascendido, un par de años después a máxima autoridad militar en todo Guerrero. En pocas palabras, se ha tocado al entonces intocable Ejército. Faltan, claro, el general Martín Cordero, entonces al frente del Ejército en el estado y el general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, recordado por su negativa a investigar a su institución, entre otros elementos en la línea de mando ya que, teóricamente, ningún militar se manda solo. Cienfuegos, por ejemplo, sólo hacía lo que el presidente le ordenara.
Mientras, el papel de la Fiscalía General de la República ha dejado muchas dudas, por ejemplo, trascendió que en la primera audiencia de Murillo Karam, los enviados de la Fiscalía no sabían nada del caso, lo que hace preguntar: ¿Hasta qué grado la investigación ministerial ha profundizado en lo ocurrido? ¿Qué avance lleva y cuánto le falta? Por su parte, los familiares de los desaparecidos y los grupos que los asesoran se han reservado su opinión ante lo dicho en el informe.
