La 4T y el poder judicial de la federación
Las recientes declaratorias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la más última apenas hace unas horas) han servido para que el gobierno endurezca su narrativa sobre el papel y legitimidad del poder judicial. Es una narrativa porque mezcla varias ideas, se sirve de lugares comunes, de representaciones, algunas falsas y otras ciertas, para colocar en el espacio público un discurso sobre quiénes son y qué defienden las y los ministros de la Corte en particular y el Poder Judicial de la Federación en general.
En el imaginario colectivo —y AMLO lo sabe y lo explota bien, es decir, a su favor—, la labor de los poderes judiciales no goza de la mejor reputación en todos los sectores sociales. Las razones son variadas y se mezclan, como si fueran lo mismo, las resoluciones de poderes judiciales locales, la torpeza, inacción y corrupción de las fiscalías y las prestaciones de que gozan los funcionarios del poder judicial.
La práctica y diseño político mexicano confeccionó un bloque de poder que permeó en los sectores burocrático, académico y político; especialmente en las élites. No es anormal ni extraño, todo proyecto de nación o, en otros términos, todo proyecto político construye bloques de poder para darle materialidad. No es necesariamente una tarea consciente y deliberada; es un proceso social de estructuración.
En esa construcción, hay ideas comunes en torno a cómo alcanzar determinadas finalidades, qué bienes deben construirse y a qué deben destinársele recursos. Hasta ahí, sería normal que hubiera desacuerdos y tensiones cuando llega un gobierno que busca desmantelar ese bloque de poder y construir otro para materializar un proyecto de nación distinto. En parte eso suponíamos que implicaba la cuarta transformación: cambiar prácticas, quehaceres y estructuras, tanto de significado (quienes tienen el poder y por qué) como de acción (qué hacer con el poder).
Si el objetivo fuera transformar significados, prácticas y estructuras, el problema sería decir porqué habría que modificarlas y cómo. La realidad es que no hay tal proyecto. Si al gobierno o al naciente bloque de poder (incluidos sus portadores de significado: intelectuales, periodistas, políticos, funcionarios) le interesara que el poder judicial fuera más justo (suponiendo que no lo sea), fortalecerían el sistema de carrera o la formación especializada, se involucrarían en los planes de estudio y abrirían debates en torno a la importancia de los poderes judiciales democráticos, qué significa que lo sean, en todo caso. Incluso, si les interesara realmente cambiar el sentido común sobre la impermeabilidad del poder judicial y la política, abrirían espacios para esa deliberación.
Pero el interés no es ese. No hay intenciones de fortalecer la labor judicial, sino de señalar privilegios (que no son necesariamente ilegítimos) para confundir deliberadamente y deslegitimar el contenido de las resoluciones, que sólo han recalcado la importancia de fundar en ley los actos del poder público, la necesidad de los procedimientos para construir significados legítimos. La legitimidad de las urnas, y deberían saberlo, no es la única manera de obtener y construir legitimidad, valga la redundancia.
