La educación de las nuevas generaciones: entre la anomia y la Ley Garrote
Un amigo psicoterapeuta comentaba que, cuando uno comete un error que ocasiona algún grave daño a otra persona (por ejemplo, atropellarla) y queda al descubierto, es ‘práctico’ mostrar gran indignación y señalar a la víctima como la única causante de lo sucedido. Se trata de un mecanismo psicológico de defensa que libera al infractor de la culpa y salva su buena autoimagen.
Según este planteamiento, las represiones que estamos viendo en los últimos tiempos en Querétaro, ¿podrían ser explicadas como ‘errores’ de una autoridad, a la que se le está haciendo bolas el barniz?, ¿o se trata más bien de acciones perfectamente planeadas, propias de un gobierno que entiende a la represión de los más frágiles (“plebe ignorante e insurrecta”) como la forma ‘natural’ y necesaria de operar?, ¿o podría ser acaso una combinación de ambas?
El texto de Rafael Barajas, El Fisgón: La raíz nazi del PAN (síntesis en La Jornada, 9/06/2013), resulta indispensable para comprender su actuar, pues explica muchas conductas, no sólo de dicho partido político, sino de sus seguidores “blancos”, que aplauden y justifican la represión. En las redes sociales queretanas, son cada vez más frecuentes expresiones clasistas, racistas y depredadoras como la que recibí recientemente:
“Esas escorias de la sociedad no debieran existir…son los que dañan, los que hacen mal al mundo, personas débiles afectando a otros: drogadictos, vagos, alcohólicos…No deberían de vivir. Este mundo es de los fuertes, no de los débiles. Salud para los fuertes, muerte para los débiles… Estoy dispuesto a matar a quien me dañe a mí, a mi familia o a los seres que quiero. Respeto sólo a quienes lo merecen. Heil Hitler” (¡sic!).
Más allá del panismo, la etapa neoliberal desató una aguda anomia, en la que las autoridades de todo tipo: familiares, políticas, laborales y demás, no alcanzan a comprender las razones de ‘el malestar de la cultura’ y dan palos de ciego, reprimiendo a quienes expresan su desacuerdo y, a la vez, dejando impunes a quienes temen o son amigos.
El principio de autoridad está ya tan desprestigiado y el anhelo de libertad es tan grande que amplios sectores sociales, en especial los jóvenes, se quedan sin referentes confiables, mientras se enfrentan a las múltiples contradicciones de su entorno, sazonadas con una gran apología de la violencia en todos los programas televisivos y redes sociales.
Esto puede explicar el aumento desbordado de casos de delincuencia juvenil, de embarazos indeseados, de adicciones, de maltrato animal, etc. En especial preocupa que se den casos tan lamentables como la agresión que sufrió ese adolescente por parte de algunos compañeros, que sencillamente decidieron prenderle fuego (¡!).
Más lamentable aún es que las autoridades educativas y políticas se muestren paralizadas, sin saber qué hacer, ni que decir y las declaraciones oficiales que más se escuchen sean las que hablan de proteger los derechos humanos de los agresores, o de que se harán amplias investigaciones “para saber qué fue lo que pasó, si hubo alguna omisión o alguna situación irregular del trato” (sic), según señaló Alejandro Echeverría, titular de la fiscalía queretana.
Este tipo de reacciones y declaraciones da al menos dos mensajes claros a los jóvenes que asimilan muy bien: “Los adultos no saben cómo contener a los ‘malos’” y “se vale agredir a los débiles y proteger a los agresores”.
La insistencia de regresar a la práctica de “revisar las mochilas de los alumnos para desalentar el que traigan algún arma” (propia de una cárcel o un cuartel), revela que las escuelas simplemente están reproduciendo las contradicciones de la sociedad y son incapaces de promover otras formas de convivencia. Carecen de una visión pedagógica, acorde con el Artículo Tercero Constitucional que señala que “la educación ha de ser democrática, entendiendo a la democracia, no como una fórmula jurídica, sino como UN PRINCIPIO DE VIDA…”
En una escuela popular-democrática, los hechos de agresión y de represión (vengan de donde vengan) se colocan en el centro de la reflexión comunitaria. En caso de que el agresor y la víctima formen parte de la comunidad de estudiantes, ambos son interpelados por sus compañeros en asambleas (acompañadas de adultos formados) para reflexionar sobre el daño provocado y sus consecuencias.
Si las escuelas estuvieran organizadas cooperativamente y se practicaran regularmente asambleas de evaluación, la gestión de los conflictos llevaría a una mayor comprensión del ser humano, en vez de simplemente castigar con la cárcel al infractor o de dejarlo libre “porque es menor de edad”.
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa (MEPA)
