Redefinir la democracia
Aprovechando la coyuntura, tenemos la oportunidad de hablar de la democracia más allá de las reglas formales. Importan, pero ni la contienen ni agotan.
Tiene razón el presidente: nos falta para llegar a una verdadera democracia. Pero no por las razones que él da. Si hablamos de reglas e instituciones, los resultados reflejan la pluralidad social no sólo desde el punto de vista partidista.
Alejados del paradigma liberal que confeccionó en varios momentos nuestro sistema de representación, ya no nos conformamos con pluralidad partidista. Hay reglas ciertas en materia paritaria, diversidad cualitativa en la composición del congreso federal y la mayoría de los congresos estatales. En otras palabras, la composición de los congresos y no pocos espacios de gobierno, son ocupadas por personas pertenecientes a grupos excluidos y/o minoritarios; sean indígenas, discapacitadas, comunidad LGBTQI+ o residentes en el extranjero. Hay pluralidad en sentido amplio y ha sido posible incluso a pesar de las resistencias de los partidos políticos. Vaya, ha sido tarea del INE y el TEPJF.
La marcha y la contramarcha se insertan en un debate sobre el contenido formal de la democracia. Antes, hubiera dicho que se trataba de una disputa por definirla desde posiciones más o menos antagónicas, un conflicto —por lo demás interesante— de marcos teóricos. Más o menos se trataba de responder a la pregunta: ¿qué es y cómo se materializa? ¿cuáles son sus componentes y alcances?
Reitero, si bien la arquitectura normativa es importante, podríamos ampliar los alcances de la definición y contenido de la democracia. En todo caso, la norma democrática no tendría por qué limitarse a aquella que posibilita el ejercicio de derechos políticos en sentido estricto, sino que debería hacerse extensiva a toda norma jurídica en su contenido sustantivo, así como a las acciones y políticas públicas.
Así, será democrática la norma que establezca relaciones sociales plurales, que no haga distinciones indebidas y no impida el ejercicio de derechos individuales y colectivos. Tendríamos que insertar forzosamente a las normas penales. ¿Podemos pensar en democracia si subsiste la criminalización (así sea de facto) de las mujeres que interrumpen su embarazo? ¿Es democrático un sistema y política criminal que tiene como punta de lanza a la prisión preventiva oficiosa? Yo respondería que no.
Podemos, sin duda, discutir el quehacer de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Siempre se pueden hacer ajustes; idealmente para corregir las deficiencias, de haberlas, y aprovechar las inercias positivas que —me consta— existen.
Vuelvo al punto. La democracia es una forma de ser y de hacer, de establecer relaciones sociales deseables y deseadas y de configurar órdenes sociales, legitimarlos y reproducirlos. Pensada así, tendríamos un problema grande. Poquísimos estados contemporáneos serían democráticos. ¿Cómo lo sería, por ejemplo, un país que incluye dentro de su catálogo de sanciones a la pena de muerte? ¿Cómo lo sería otro donde las fiscalías terminan por criminalizar a las víctimas de feminicidio y ser parte de un sistema encubridor?
