Los pseudo ambientalistas en contra del Tren Maya

El pasado 28 de mayo, otro juez federal, con sede en Yucatán, otorgó una nueva suspensión definitiva en contra de la tala y desmonte en los terrenos que comprenden los tramos 3 (de Calkiní a Izamal), 4 (de Izamal a Cancún), 5 norte (de Cancún a Playa del Carmen) y 6 (de Tulum a Chetumal) del Tren Maya.

No se dieron a conocer los nombres y los apellidos de los que solicitaron un amparo con la pretensión de la suspensión definitiva, lo que debería ser público, no sólo con fines de transparencia sino también con fines de escrutinio público para ubicar a esos personajes e identificar sus probables motivaciones. Por ejemplo, sería un verdadero absurdo que se otorgara un amparo a alguien que lo solicitó, pero no vive en la zona en cuestión.

Por el contrario, se dio a conocer que los amparos fueron solicitados por fantasmales organizaciones ‘ambientalistas’ y de la ‘sociedad civil’. En ejemplo de este tipo de organizaciones es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), cuya presidenta es la abogada María Eugenia de la Fuente, dueña del despacho de abogados Environmental Law Mexico, S.C. con sede en Naucalpan, Estado de México. El consejo directivo del CEMDA está constituido por otros ocho abogados.

El CEMDA fue fundado en 1993 y llama la atención la lista de sus donantes que aparece en su portal. La mayor parte son organizaciones extranjeras, como The David and Lucile Packard Foundation, el Environmental Law Institute, la Environmental Law Alliance – ELAW o la W. K, Kellogg Foundation, entre otras, con unos cuantos donantes mexicanos como la Fundación Carlos Slim o la Bimbo (seguramente muy preocupada por el ambiente) u organizaciones que sería bueno saber de dónde sacan dinero para ser donantes del CEMDA y cuánto es el monto que aportan: el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Encuentra tu Camino Amigo, A. C. y Compartir Fundación Social, I.A.P. También debería ser público el monto de las donaciones de las organizaciones extranjeras, pues como dice el dicho ‘el que paga manda’ y si el que paga es extranjero es natural intuir que piensan principalmente en los intereses de sus naciones.

Con respecto a la suspensión, el CEMDA señala que, de continuar las actividades de tala y desmonte para la construcción del Tren Maya, sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso de suelo, ‘pueden’ generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable. El CEMDA llama al poder judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de sus ‘derechos humanos ambientales’.

Justo por este tipo de argumentaciones es natural preguntarnos por la representatividad de este tipo de organizaciones, ¿a quiénes representan verdaderamente?, ¿con basé en qué tratan de impedir obras de un gobierno elegido de manera democrática, legal y legítima, por más de 30 millones de mexicanos?, ¿a cuántos millones de habitantes de la península de Yucatán representan organizaciones como el CEMDA?, ¿quién los eligió para erigirse en supuestos guardianes del ambiente en la ruta del Tren Maya?

Nadie puede creer que estos abogados dizque ‘ambientalistas’, ni el juez que les da la razón, estén preocupados por la tala y el desmonte para la construcción de una vía férrea. Si fueran verdaderos especialistas, deberían saber que el ancho de la carretera de Cancún a Playa del Carmen es de, aproximadamente, 40 metros, mientras que un tren de doble vía ocuparía apenas unos 10 metros. Es decir, la tala y el desmonte para dicha carretera ha sido de cuatro veces más, por kilómetro, que lo que se necesita para construir un ferrocarril. Así de claro y contundente.