Ciberactivos

El Estado de derecho y el presidente

Una labor persistente ocupa el tiempo y el quehacer de Andrés Manuel López Obrador; su empeño por llevar a cabo su voluntad, aunque esta contradiga la ley, es hoy por hoy su principal tarea. Al parecer, al jefe del ejecutivo no le importa demasiado lo que la Constitución pueda dictar sobre la legalidad de sus decisiones y proyectos; lo que no sale por vía de reforma constitucional el presidente lo promueve a través de: decretos, determinando que sus asuntos son de seguridad nacional, o de plano, ignorado amparos o resoluciones judiciales.

Sus frases más sonoras revelan su desprecio sobre todo aquello que acote su capricho e inhiba sus impulsos transformadores, “no me vengan con que la ley es la ley” corona su creencia de que nada debe de estar por encima de su palabra o sus designios. Todo aquello que haya nacido fuera de su proyecto e interpretación histórica es ilegítimo y debe de combatirse o desestimarse, él es el intérprete certero de lo que el pueblo quiere y la moral popular no se equivoca, ¿para qué la ley si se tiene al infalible guía?

El Estado de derecho, según el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, “básicamente consiste en que las autoridades hagan lo que tienen que hacer de acuerdo con las normas que les establecen sus competencias, sus facultades y sus obligaciones”. Sin embargo, el Estado de derecho en México está lejos de lograrse, no sólo por su rezago histórico, sino también por la falta de compromiso del presidente con la ley, sobre todo cuando ésta pretende limitarlo.

La actitud omisa respecto a la obligación del gobierno de combatir al crimen organizado expresada en el “abrazos, no balazos”, ha incrementado la impunidad y oportunidad para delinquir, para hacerlo, además, sin consecuencia alguna y ante la mirada espectadora del gobierno. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, hoy en día en México el nivel de impunidad es del 95% por ciento.

La cotidiana denigración de instituciones y leyes establecidas que estorban al presidente contribuye al debilitamiento del estado de derecho y a la erosión de la democracia. El presidente determina si el fallo de un juez resulta válido o no, de acuerdo a sus personalísimos criterios y en función de si le permiten continuar con sus obras prioritarias. El ejecutivo presiona y descalifica a los demás poderes si no se pliegan a su visión de las cosas llamándolos neoliberales o amenazando con solicitar que se investigue, por ejemplo, a los jueces o periodistas que le incomodan.

Tenemos un presidente que llegó por vía democrática al poder, que se valió de las instituciones y normativa que garantizaban la legalidad de las elecciones y legitimidad de su gobierno, sin embargo, el “Estado de chueco” (sic) que asegura AMLO había en pasados sexenios y que su gobierno ha corregido, está más presente que nunca. La gestión del presidente, a pesar de sus dichos, no ha terminado ni con la corrupción, ni con la impunidad y hoy se está más cerca del autoritarismo que de la democracia verdadera.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba