La política en los tribunales
Síntoma del agotamiento de las fórmulas de negociación política, o tal vez de la ineficacia de la política en general, es ya una constante que importantes asuntos legislativos, políticos y electorales se definan en los escritorios de los jueces, magistrados y ministros. La deliberación es insuficiente, los parlamentos han perdido eficacia y se ha incrementado la desconfianza entre los contrarios.
Cualquier minucia procesal, sin que los juzgadores se tomen la molestia de valorar el fondo (o a lo mejor por eso), puede dar pie a que se derribe alguna definición resuelta en el terreno político. La intervención de los jueces se ha convertido en parte del juego político, dando pie a lo que se ha dado en llamar “la judicialización de la política”, antesala de extremos de lo que en el país ya se le identifica como “lawfare” y que en algunas naciones ha culminado en el derrocamiento de gobernantes legítimamente electos.
Otro aspecto de esta misma cuestión me parece importante tener presente. Llevar cualquier clase de asuntos a los tribunales se ha convertido también en un uso corriente. Equivalente a lo que la gente común hace cuando pomposamente amenaza a un vecino con hacer intervenir a sus abogados, los políticos han trivializado la vía judicial, muchas veces activando procedimientos en asuntos que carecen del menor fundamento.
Por ejemplo, tan sólo contra el llamado “plan b” de la reforma electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó más de 900 demandas interpuestas por funcionarios del organismo electoral federal y por institutos electorales locales. La razón más recurrente de los desechamientos es que no se atacaba un acto concreto y los tribunales no están facultados para analizar y resolver sobre normas en abstracto.
Entre las fuerzas políticas se ha vuelto un deporte la amenaza de intervención de los tribunales en los procesos electorales, y en una alta proporción se hace sin sentido alguno, por frivolidades e irrelevancias. El nivel de desechamiento de las quejas o la resolución desfavorable al demandante, es muy elevado y resulta una práctica desmesurada que exhibe este juego donde lo que menos importan son los fundamentos. Nada irrelevante resulta saber, por ejemplo, que en los cinco años que van de 2018 a 2022, tenemos que al PRD le fueron rechazadas 75 de cada 100 impugnaciones; a Morena, 73; al PRI, 71; y al PAN, 69.
