Energía eléctrica: recuperar parte del control
La derecha mexicana, a diferencia de las derechas de otras partes del mundo, es escasamente nacionalistas, más bien, por el contrario, es una derecha fuertemente entreguista y servil a intereses extranjeros. Traen un cordón umbilical que los liga con aquellos que se pusieron del lado de los españoles en la guerra de independencia, con aquellos que fueron al castillo de Miramar por Maximiliano de Habsburgo para que nos gobernara un príncipe europeo, con aquellos que en el porfiriato abrieron las puertas de par en par a empresas extranjeras a las que entregaron una parte sustancial de la riqueza nacional.
La derecha mexicana se siente muy cómoda recibiendo migajas de las empresas transnacionales. Se conforman con sobornos o que los contraten como subordinados a cambio de ser más papistas que el Papa en la defensa de los intereses de empresas extranjeras aún a costa del interés nacional.
En el caso del sector energético pretendían desmantelar las dos empresas públicas más emblemáticas del país, Pemex y CFE. De hecho, en el sexenio de Felipe Calderón, los panistas destruyeron a la compañía del sector eléctrico público más antigua del país, Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En el caso del sector eléctrico, violando de manera flagrante el artículo 27 constitucional, vigente hasta diciembre de 2013, permitieron, por la puerta de atrás, mediante una ley secundaria (ninguna ley puede estar por encima de la constitución) impulsada por Salinas de Gortari, en 1992, que privados pudieran generar energía eléctrica con fines de servicio público, a pesar de la prohibición expresa del artículo 27 constitucional que señalaba que correspondía exclusivamente al estado mexicano la generación de energía eléctrica. Con el agravante que esos privados eran y son principalmente transnacionales extranjeras como las españolas Iberdrola, Naturgy y Fisterra, las japonesas Mitsui y Mitsubishi, la francesa Engie, las norteamericanas SAAVI, Sempra y Techgen, la italiana ENI, la coreana KST o las británicas Contourglobal y Atlantica.
Esta apertura indiscriminada a las transnacionales extranjeras nos puso en una situación de extrema debilidad pues el estado mexicano, por medio de CFE (y de LFC hasta 2009), pasó de generar el 100 por ciento de la electricidad necesaria para el funcionamiento del país, en el año 2000, a la llegada a la presidencia de la república del panista Vicente Fox (hoy dedicado al negocio de la marihuana) a sólo el 52 por ciento a la llegada del gobierno de la 4T. El 48 por ciento restante era ya controlado por las empresas extranjeras.
Con la reforma energética de 2013, impulsada por el PAN y por el PRI, se modificó el artículo 27 constitucional para que los privados pudieran generar energía eléctrica con fines de servicio público sin poner ningún tipo de candado, tal como sucede en otros países, como Francia en donde el estado francés controlaba, hasta 2022, el 85 por ciento de su empresa estatal de energía, Électricité de France, y que ahora dicho control se ha incrementado a más del 97 por ciento, con menos del tres por ciento en manos de privados o como la empresa noruega del sector energético, Equinor, controlada por el estado noruego en una proporción del 70 por ciento.
Con la adquisición de 13 plantas de Iberdrola, dentro de unos cinco meses, CFE generará el 55 por ciento de la electricidad mientras que los extranjeros generarán el 45 por ciento restante lo que le devuelve al estado mexicano un poco de control en un sector tan estratégico para la seguridad nacional, a despecho de las derechas que han puesto el grito en el cielo ante tal medida.
