Cambios en el Conacyt: AMLO “tuerce” derecho humano a la ciencia

La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, reconoce el derecho humano a la ciencia, lo cual sería un avance relevante si no fuera una visión “torcida” de este principio, acusó Teresa García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien lamentó la política restrictiva y centralizadora del gobierno federal.

“[La ley dice] tienes derecho humano, tienes el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia que yo digo que se haga. Esto es ciencia y lo demás no”, expresó García Gasca, entrevistada por Tribuna de Querétaro. Advirtió que los intereses gubernamentales y los cambios de gobierno afectan la continuidad y la vanguardia científica en México.

El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos salvaguarda dicha garantía de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Sin embargo, los candados que se imponen desde la Ley, como el hecho de que la política científica esté en manos de 14 dependencias del Poder Ejecutivo, limitarían un ejercicio pleno del derecho a la ciencia, según la visión de la Rectora: “en la primera lectura no entiendes nada, hay que meterse a eso (a revisar la ley”.

La Rectora llamó a la comunidad científica de la UAQ a conocer e involucrarse en la discusión de la ley promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). “Yo no estoy en contra de que haya una nueva ley, estoy completamente a favor. Estoy segura de que hay muchas cosas que mejorar, pero no podemos ir para atrás”.

Desde que se presentó el proyecto, la UAQ mantuvo una postura crítica por el proyecto, al que calificaron de centralista, de atentar contra la autonomía de centros de investigación y no abonar a la ciencia nacional. García Gasca incluso externó que en México nunca ha habido un proyecto real de ciencia, lo cual se hizo más evidente en la pandemia.

“Los países que sacaron tecnologías para determinar el virus, para vacunas, son los países que salieron enriquecidos, los que no lo hicimos tuvimos que comprar tecnología extranjera y gastar dinero”, remarcó la titular de la máxima casa de estudios.

La ley, que crea también al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (Conahcyt), tiene ocho grandes agravios de forma y fondo, de entre los cuales la Rectora destaca tres:

Una política a modo del Poder Ejecutivo en turno, pues la Junta de Gobierno del Conahcyt está integrada por las 13 secretarías de Estado y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esto provoca además que a las entidades federativas no se les reconozca la posibilidad de crear sus propias políticas en materia.

“Todo se acota, se cambia todo a un Sistema Nacional, lo cual implica que los consejos estatales como el de Querétaro desaparecen y hay un cambio en donde todo queda centralizado en ese Consejo Nacional”.

El segundo punto es un financiamiento que no garantiza el crecimiento, el cual elimina de la ley la obligación del Estado mexicano de destinar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que estuvo por debajo del promedio del 3% que aportan otras naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Uno de los argumentos que se esgrimen, es ‘nunca lo habíamos alcanzado’. Pero era la meta; nosotros estamos en el 0.3% y la meta era el 1%. Se coloca en su lugar que no sería menor al año anterior inmediato, pero queda por debajo de la inflación, no se garantiza presupuesto suficiente”.

El tercer y último agravio mayor que detecta la Rectora es la apropiación de propiedad intelectual de los proyectos que se generan con recursos del Consejo Nacional, esto, aunque sean las instituciones las que terminen por aportar la mayor parte del dinero necesario para la ejecución de recursos.

Tribuna de Querétaro (TQ). ¿Qué implica para la ciencia nacional que el Conahcyt se quede con la propiedad intelectual?

Conahcyt aporta dinero, es su función, es el organismo de financiamiento principal de ciencia en México. Pero no tiene facultades para explotar patentes y comercializarlas.

TQ. ¿Quedaría como letra muerta?

O se patentaría en otros países. De por sí patentamos poco en México, habría una huida. Esto de las patentes ya viene en convenios de asignación de recursos desde hace meses y lo firmas o te quedas sin recursos. Son cuestiones que pervierten el sistema de generación de conocimiento, no permiten la libertad científica.

TQ. ¿Qué consecuencias ve en que los centros de investigación pierdan autonomía?

Cada centro de investigación mantenía hasta ahora decisiones en su organización interna, alineados a la normativa fiscal y de uso de recursos, con la posibilidad de autonormarse al interior. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es uno de los primeros centros atacados para imponer al director, esto comienza a centrar y cerrar el esquema de libertad académica, como no vincularse con sectores externos.

Se centra la participación en los proyectos de interés del Conahcyt, porque ahora ellos van a marcar en qué sí hay que investigar. Me llama la atención que en la Ley de Humanidades se pone un articulado particular para el mantenimiento de los jardines etnobotánicos, que es una línea de investigación de la doctora Álvarez-Buylla, pero no puede venir en una ley. Se centra el interés en ciertos trabajos.

TQ. El interés de un gobierno que se va en un año y cacho…

Claro, entonces vendrá el siguiente con sus intereses, cambiará toda la jugada y México nunca va a poder estar en la vanguardia. La ciencia básica, que es importante a largo plazo, [se descuida] … si no hubiéramos tenido ese nivel de avance en ciencia básica no hubiéramos tenido vacunas de emergencia en la pandemia.

TQ. Hablemos de los fideicomisos. ¿Cómo afectan a la institución? La nueva ley los prohíbe expresamente

Habían sido exitosos, porque eran de aportaciones múltiples, de entre todos salía el recurso para financiar los proyectos. Se sataniza a los fideicomisos; ese recurso se atrae a los proyectos de interés presidencial. Sin ese recurso no hay forma de que haya instrumentos financieros suficientes para apuntalar proyectos de largo aliento.

Se sataniza también la vinculación intersectorial. Parte del argumento es el mal uso del recurso en el pasado. Me parece que había manga ancha, que se pervirtieron algunos procedimientos, pero no todo era malo, porque las empresas aportaban. El problema está en que las universidades triangulaban el dinero, las estafas maestras.

Eso era un problema de los términos de operación de los proyectos. Entiendo que eso que había que depurar, corregir, no satanizar al punto en que estamos.

TQ. ¿Hay un proyecto de ciencia en este país?

Nunca ha habido. México no ha tenido proyecto de ciencia en décadas, tan así es que la ciencia sigue siendo un apéndice de la Secretaría de Educación. Es algo que no tiene el peso suficiente. México de mucho tiempo atrás ha sido miope, no han visto la riqueza que tiene hacer alianzas para la academia.

Como ese dinero no les reditúa, porque no hay las alianzas para resolver problemas, lo ven como una carga económica. De ahí viene esta idea de los presupuestos, no entienden que las universidades estamos para generar conocimiento que sirva a la sociedad para resolver los problemas de todos los días.

Tampoco hay un proyecto nacional para el fortalecimiento de la educación superior. México adolece de eso y lo necesita con urgencia. Si revisamos en la historia de países en el top de tecnología y ciencia, son países que invirtieron y ahora después de años tienen riqueza. Lo vimos con la pandemia.

TQ. ¿Qué sigue para la ciencia en el país?

De inmediato se debe definir si el Congreso de la Unión promoverá acciones por los agravios de forma y fondo. Tienen hasta el 7 de junio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá dictaminar, pero está sobre los tiempos, el chiste es llegar a los presupuestos de 2024 y dotar de menos presupuesto a la ciencia para programas sociales.

La Corte deberá dictaminar antes de que eso suceda, el presupuesto se entrega en septiembre. Debe ser antes. Hay muchas cosas en la fila, entonces hay que sensibilizar a la corte.

A las instituciones nos queda el amparo contra los agravios de forma y de fondo. Ha sido difícil bajar esta información, lamentablemente la comunidad académica no conoce el proyecto de la ley. En la primera lectura no entiendes nada. Entonces hay que meterse a eso.

Finalmente, la Rectora de la UAQ aclaró que la intención de la Máxima Casa de Estudios no es una de carácter político y que antes bien, sumarse otra lucha legal se vuelve cansado para quienes encabezan el proyecto. Recordó que la universidad alza la voz ante aquellas causas que considera necesarias, sin importar el partido que se encuentre en el poder.

“No importa si es el partido azul, el guinda o el rojo, lo hemos hecho con la Ley de Aguas, lo hemos hecho ahora con la Ley de Ciencia y Tecnología y cada vez que tengamos algo que decir, pues lo diremos”.