Información

Ley de Aguas: Esto sabemos sobre el proyecto y las concesiones

Advertencias de privatización del servicio, temor a un albazo legislativo, falta de una postura clara del Ejecutivo e incertidumbre han rodeado la discusión de la Ley de Aguas en Querétaro, de la que existen dos proyectos que buscan trabajarse ahora como un proyecto limitado a regularizar a los organismos operadores privados y sus concesiones.

“En Querétaro la privatización no es uno de los problemas del agua, es prácticamente el problema”, aseveró Claudia Romero Herrera, coordinadora de estudios legales de Bajo Tierra Museo, colectivo que en últimos años ha trabajado y propuesto proyectos ambientales, de cuidado del agua, etc.

Desde el ingreso de dos iniciativas que buscan promulgar una Ley de Aguas en Querétaro, el debate se ha centrado en su intención de regularizar un fenómeno que existe: 14 organismos operadores privados para proveer el servicio de agua y alcantarillado, según el oficio UT-02081202 de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). Sin embargo, englobar esta problemática dentro de una ley de aguas ha abierto el debate.
El movimiento de la ciudadanía se aceleró luego de que este miércoles habrá sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la Legislatura del Estado, donde se ha discutido el proyecto. Según trascendió, la Ley de Aguas será un tema del orden del día.

Al mismo tiempo, grupos ciudadanos convocaron a diversas manifestaciones, entre ellas una a las 10 de la mañana en el edificio legislativo y otra por la tarde en la Alameda Hidalgo.

El contenido de los proyectos
En la Legislatura del Estado se ingresaron dos proyectos que buscan convertirse en una Ley de Aguas. El grupo mayoritario de Acción Nacional (PAN), junto a Querétaro Independiente, hicieron lo propio el 22 de marzo; en tanto, el Revolucionario Institucional (PRI) lo hizo el 31 de marzo.

En el caso de la propuesta panista, las concesiones se otorgan por solicitud y las facultades son de los municipios en coordinación con la CEA. Se retoma lo establecido en el Código Urbano para el estado de Querétaro: “se podrá concesionar a los particulares la prestación de aquellos, siempre y cuando los concesionarios garanticen condiciones de prestación de los servicios equivalentes o superiores a las que proporcione el prestador de servicios”.

En términos generales ambos proyectos son similares, ya que permiten las concesiones de agua tanto a la CEA como a los Ayuntamientos; proponen que las mismas autoridades pongan límites a las tarifas; los títulos de concesión no serán por adjudicación directa y no establecen criterios mínimos sobre la contraprestación que dará el concesionario.

La semana pasada Germain Garfias, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, señaló que, si bien ambas iniciativas no se descartan por completo, los esfuerzos legislativos ahora irán encaminados a crear una ley que regule a los organismos operadores, ya no una Ley de Aguas.

A principios de mayo, el gobernador Mauricio Kuri González negó que una Ley de Aguas se trabajara con miras a privatizar el servicio y defendió que se trataba de dar certidumbre. A esto se sumó el titular de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, quien reiteró que la entidad será la última en contar con una normativa de este tipo.

Regulación actual
Actualmente la regulación de las concesiones de agua se encuentra en el Código Urbano de Querétaro, el cual indica en su artículo 482 que la CEA “podrá concesionar a los particulares la prestación de aquellos [servicios] siempre y cuando los concesionarios garanticen condiciones de prestación de los servicios equivalentes o superiores a las que proporcione la administración municipal”.

Si bien la CEA es el organismo competente, en los hechos diversos municipios han otorgado concesiones. Por poner un ejemplo, El Marqués y Querétaro dieron su aval para que Abastecedora de Agua y Alcantarillado (Aquaa) preste el servicio en un polígono específico que abarca zonas como El Refugio y La Pradera.

En una investigación de 2018 realizada por Tribuna de Querétaro, el entonces director jurídico de la CEA reconoció que la falta de una normativa estricta en materia posibilitaba esta ambigüedad, ya que en el estado el organismo encargado del saneamiento del líquido es la CEA, pero constitucionalmente se mantiene como una atribución municipal en el artículo 115. Legalmente, el gobernador tiene también voz y voto en lo que se refiere a concesiones del agua.

https://tribunadequeretaro.com/informacion/municipios-aprovechan-vacios-legales-para-concesionar-el-agua-3/

Esta falta de regulación derivó en que en El Refugio la CEA desconociera su propia infraestructura para que el Municipio de Querétaro aprobara la concesión de agua. La empresa Aquaa pertenece a la familia Oleskowsky, empresarios del rubro inmobiliario.

Otra nota de este semanario mostró además que las concesiones de agua se concentran en desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía. Los organismos operadores ignoran así a zonas rurales o de bajos recursos donde no hay acceso al vital líquido.

Véase también: https://tribunadequeretaro.com/informacion/drt-se-apropia-del-agua-en-zonas-redituables-excluyo-zonas-rurales/

Lo privado no es filantropía
Los diagnósticos sobre el agua del PAN-QI y PRI no están sustentados en datos reales, ya que el derecho al agua se invoca desde una visión acotada; no se consideran las realidades del contexto rural ni la diversidad del ecosistema estatal, ni el cambio climático; y las consideran un camino hacia la privatización de este recurso: “ambas iniciativas hacen énfasis en los procedimientos para la privatización por medio del otorgamiento de concesiones”, acusó Claudia Romero.

“Para que una entidad privada se involucre en el abastecimiento de un servicio público, la entidad privada tiene ánimo de lucro ¿cómo la vas a hacer rentable, redituable? Pues no es una filantropía” subrayó Romero, quien es doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Y agregó: “La privatización está alterando ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, está generando burbujas de exclusión: pequeñas micro elites; y también hay un problema fuerte con el problema residual de esas concesiones, porque el drenaje tampoco es aparentemente tan redituable: todo mundo quiere poder utilizar el agua de las plantas de tratamiento, pero no hacerse cargo del agua de los drenajes. […] entonces aquí -regresando a Querétaro- no es viable tampoco la privatización por el tipo de condiciones y de relaciones y de intereses que están ligados a la privatización en este contexto particular.”

Mencionó también que en un contexto con características como: democracias sanas, Estado de derecho, vigilancias sanas, rendiciones de cuentas y “todas estas características ideales que no tenemos en México y tampoco en Querétaro, a lo mejor el nivel de riesgo que implican esos dilemas [de las concesiones] pueden bajar bastante”.

Así están las leyes en otros estados
Querétaro, hasta la fecha, es uno de los estados que no cuentan con una ley de aguas, en este sentido, Romero Herrera consideró que la principal desventaja de no contar con una ley es que todo se presta a la discreción y arbitrariedad: “tú puedes realmente hacer un derecho a modo a falta de ley”.

La Ciudad de México no cuenta con un apartado específico para tratar las concesiones, como sí lo hacen los proyectos de Querétaro. En la capital del país delegar el servicio del agua se rige por la Ley de Obras y la Ley del régimen patrimonial y del Servicio Público.

Por otro lado, en la Ley de Aguas del Estado de México en su capítulo tercero sí toca específicamente las concesiones; sin embargo, a lo largo de toda la ley se encuentran puntualizaciones que hablan de este mismo tema ligado también, por ejemplo, al saneamiento. Las concesiones se realizan aquí por concurso y quedan claros los derechos y obligaciones a los que los concesionarios están sujetos. Esta ley también habla de zonas de veda en donde las concesiones no están permitidas.

Finalmente, Chiapas es otro de los estados que también tiene una Ley de Aguas y en su artículo 69 establece que para “el otorgamiento de las concesiones […], el municipio deberá realizar los estudios necesarios que determinen la factibilidad técnica y financiera de dichas concesiones”. También son otorgadas mediante concurso.

Ante esto, organizaciones locales presentaron una lista de aspectos que estas iniciativas de ley deberían considerar para Querétaro: los atributos del derecho humano al agua, como son la disponibilidad (que pide que se considere al agua como un bien común, antes que un bien económico), suficiencia, accesibilidad física, calidad y asequibilidad; así como elementos del enfoque de derechos humanos, como la sustentabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, la participación, la territorialidad, etc.

Finalmente, Laura Polo, exdiputada por Morena de la LIX Legislatura, opinó que “no es necesario concesionar, porque el concesionar es abrir al producto como una mercancía. Realmente el concesionario nunca va a ver el agua como un derecho humano, sino como una mercancía Yo creo que el gobierno debe hacerse cargo, sobre todo de esos servicios que son básicos para la ciudadanía”.

Bien común, llaman desde la academia
Por otra parte, el 9 de mayo se realizó un foro con académicos y especialistas en la UAQ, quienes llamaron a la Legislatura local a priorizar el bien común en la construcción de una normativa adecuada: “una Ley de Aguas que trascienda el interés privado y coloque en el centro de su atención el bien común y la apuesta por la justicia hídrica y la vida”, expresó Genaro García Guzmán, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Por su parte Raúl Francisco Pineda López, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales, hizo hincapié en la necesidad de recuperar “el valor intrínseco del recurso”, lo que representa para los seres humanos y la naturaleza. Se pronunció contra de la privatización del agua, propuso mantener un “ciclo sociohídrico”, que implica incluir a la sociedad en el proceso con el fin de detectar fallas y necesidades, y equilibrarlo “hacia el futuro”; así como construir nuevos modelos y paradigmas de mayor “justicia hídrica” con miras hacia el cambio climático y al manejo de cuencas.

Respecto a la participación ciudadana, Joyce Teresa Valdovinos Vega, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), determinó que es “prácticamente inexistente”; no hay una representación de las y los ciudadanos debido a que el consejo directivo se encarga de la toma decisiones sin incluirlos. Además, hizo énfasis en que la “cultura del agua” se actualice; es decir, que no solamente se instruya a la sociedad a pagar y cuidar el agua, sino que se desarrollan técnicas que “representen un cambio más grande” al hacer mayor uso de los recursos tecnológicos.

Finalmente, Teresa García Gasca, Rectora de la UAQ, subrayó que “ninguna de estas dos iniciativas cumple, por muchísimo, la expectativa que tendríamos las y los queretanos de una Ley de Aguas a nivel estatal”. No obstante, puntualizó que estos eventos de análisis y foro abierto sirven para legislar de diferente forma, mano a mano con la ciudadanía.

David A. Jiménez

Jefe de Información de Tribuna de Querétaro y reportero investigador del semanario desde 2014; me especializo en temas de política local y asuntos municipales. Maestrando en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), programa en el cual soy tesista sobre comportamiento electoral y reelección.

Cecilia Gabriela Velázquez

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. 23 años; amante del rock clásico.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba