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Ley de Aguas: Los municipios, excluidos de la discusión

La Ley que Regula la Prestación de Servicios de Agua Potable en el Estado dejó de lado a los municipios en la discusión y aprobación del proyecto, aunque éstos son los encargados primordiales de abastecer de agua a las poblaciones, observó Pablo Meré Alcocer, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En entrevista, el catedrático de la Facultad de Derecho consideró que el proyecto que entrará en vigor del 1 de julio no contradice disposiciones constitucionales, sin embargo, era importante convocar a los municipios para que dieran su punto de vista, con independencia de si prestan el servicio o no.

“Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley”, se lee al inicio de la fracción II del artículo 115; más adelante, en la fracción III, se establece: “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.

Ante esto, el maestro en Administración Pública mencionó que “ahora que se hizo esta ley, me parece que debieron haber tenido el visto bueno de todos los municipios porque ahí sí puede haber un punto de quiebre jurídicamente porque yo no vi la participación de los municipios, sólo de la legislatura y al final de cuentas los diputados locales aprobaron la ley sin tomar en cuenta a los 18 ayuntamientos conforme al 115 constitucional”.

Mencionó también que, pese a esto, la propia ley sí hace referencia a que los municipios pueden concesionar el agua: “en ese sentido sí les hacen caso, sí les dan lugar, pero no me percaté de que hubiera un consenso con los ayuntamientos para esta reforma, que al final son quienes tienen la facultad del cuidado, de protección, de la distribución del agua potable”.

La ley no invade otras facultades

El profesor de la Facultad de Derecho explicó que, para él, de acuerdo con el análisis que realizó sobre la reciente ley, no hay invasión de facultades respecto a lo establecido en la constitución. Recordó que, de haber inconformidad, las personas pueden recurrir a un juez de distrito a tramitar un amparo: “Si no están de acuerdo con esa resolución, pues pedir un amparo contra leyes. Hay dos momentos para meter un amparo, o a partir de la publicación de la ley o a partir del primer acto de aplicación que le afecte a un particular, y a partir que le afecte a un particular tiene un plazo de 15 días para presentar el amparo en contra de esta ley o en contra de la inconstitucionalidad de esta ley”, puntualizó.

Consideró que las concesiones no siempre son negativas, sin embargo, habrá qué esperar resultados para corroborar si en este caso fue un acierto o no por parte del gobierno estatal. “Aquí el punto es: ¿esto beneficia o no beneficia a la ciudadanía? Beneficia si es mejor el costo, si no es un costo adicional, beneficia si es más ágil el suministro, beneficia si el servicio es permanente, si el agua se potabiliza a través de filtraciones. El problema es que, si no beneficia a la ciudadanía, entonces es una mala acción del gobierno. Creo que habrá que esperar los resultados”.

Meré Alcocer cuestionó los motivos económicos que llevaron al gobierno estatal de Mauricio Kuri González a optar por el uso de concesiones, pues afirma que “a veces el gobierno no tiene para hacer todas las inversiones y entonces a veces requiere la participación de los empresarios”, sin embargo “hasta donde yo sé, la CEA es una dependencia que tiene números favorables, que no tiene déficit”.

Marián Ángeles

Estudiante de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Reportera de Tribuna de Querétaro desde 2021

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