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Periodismo en riesgo: Sin voluntad política, violencia sólo aumentará

En México, la falta de voluntad política degrada la labor periodística: hace de ella una profesión insegura donde, pese a los métodos e instituciones creados para proteger a periodistas, los asesinatos siguen al alza, coincidieron expertos en periodismo durante el webinario titulado Por la Dignidad de la Palabra. Observaron además una paradoja de las autoridades, quienes tienen el deber de salvaguardar a los profesionales, pero a la vez, ejercen violencia sobre los periodistas.

El país posee un andamiaje institucional para la protección a periodistas que “no lo tiene ni Obama […] pero que no ha servido para absolutamente nada”, expresó Javier Garza Ramos, periodista y miembro del Consejo Consultativo de Artículo 19. “Si no hay voluntad política, por más instituciones que tengamos, no va a haber ninguna investigación”.

Esta inutilidad de los instrumentos institucionales se puede ver en cómo los asesinatos a periodistas siguen en aumento, incluso después de la creación de tales organismos. Según datos de Artículo 19 —proporcionados por Garza Ramos— en 2009, cuando todavía no se creaba el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se documentaron 250 casos de agresiones a periodistas en todo el año. Sin embargo, el Mecanismo ya estaba puesto en marcha, se registraron 362 casos en tan solo la primera mitad de 2021.

“Cuando el poder público no se quiere someter al ojo público, no podemos hablar de una solidez democrática”, añadió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Se refirió a la política en nuestro país como “refractaria a la crítica, con funciones autoritarias»; una prueba de este rechazo a la prensa son las agresiones a periodistas por parte del Estado: el 42 por ciento de ellas provienen de funcionarios, mientras que el 10, de partidos políticos, según los datos del abogado defensor.

Por su parte, Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPP), indicó que esta problemática no es nueva; ya venía desarrollándose desde décadas atrás y tiene sus raíces en la narcopolítica, un fenómeno en el que los funcionarios, incentivados por la impunidad, se coluden con la delincuencia organizada de acuerdo a intereses personales. Hootsen describió a esta impunidad como “una cronología de fracasos por parte del Estado mexicano».

Los tres especialistas coincidieron en que es necesario que los funcionarios asuman una responsabilidad plena en todos los niveles del gobierno (federal, estatal y municipal), ya que existe esta tendencia de ciertos servidores públicos federales o estatales a deslindarse de la responsabilidad de los delitos contra periodistas ocurridos en ciertas localidades, un fenómeno muy visto durante lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Hootsen manifestó que esto es parte de la “retorica que minimiza la problemática y garantiza que continúe».

Entre las soluciones para garantizar los derechos laborales y la seguridad de periodistas, Leopoldo Maldonado señaló la necesidad de que las empresas mediáticas apliquen las leyes, más que crear nuevas. Asimismo, la pandemia por COVID-19 también agravó la ya existente precarización laboral, puesto que, de acuerdo con Maldonado, México fue uno de los países donde más periodistas murieron por la enfermedad debido a que no se les proporcionó equipo especial para evitar contagios.

Estas aportaciones de los expertos en periodismo fueron dadas a conocer durante el webinario titulado Por la Dignidad de la Palabra, transmitido a través de la página de Facebook de la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en colaboración con Tribuna de Querétaro y el Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI) de la UAQ.

Tanto Maldonado como Hootsen coincidieron en que tejer redes formales o informales es de gran ayuda, pues se crean, en conjunto, protocolos de seguridad y capacitación para enfrentar la violencia. No obstante, la responsabilidad del Estado ante la violencia y el incumplimiento de los derechos humanos de las y los periodistas es demandante. Enfatizaron en que ya hay herramientas, solamente falta la voluntad política.

Cecilia Gabriela Velázquez

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. 23 años; amante del rock clásico.

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