Plan B de reforma electoral: PAN se aferra a la publicidad oficial
Bajo el argumento de que es un golpe contra la libertad de expresión, el Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro se posicionó contra las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, las cuales reducen a 0.1 por ciento el gasto de entidades públicas en los servicios de publicidad que pueden contratar en medios de comunicación.
“Es un golpe contra la libertad de expresión, porque buscan impedir a los gobiernos celebrar convenios de colaboración y publicidad con los medios de comunicación, para informar de forma adecuada y oportuna a la ciudadanía”.
Leonor Mejía Barraza, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.
El 28 de diciembre de 2022 se reformó la Ley General de Comunicación Social en el país que, entre otras cosas, estableció un porcentaje fijo en los gastos de publicidad que los entes de gobierno tienen derecho a destinar.
El artículo 26 de esta reforma puntualiza que el monto del Programa Anual de Comunicación “no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”. En este contexto, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, promovió junto a otros militantes del país una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cuando se promulgó dicha ley, el 11 de mayo de 2018, fue motivo de polémica debido a que institucionalizó las prácticas arbitrarias en la asignación de publicidad, contrario a su objetivo que era brindar mecanismos y topes que aseguraran un eficiente reparto del dinero público a medios de comunicación. Es por ello que también se le llamó «Ley Chayo», por parte de sus detractores.
Con la modificación, gobiernos de los tres niveles, se ven obligados a reducir su enorme gasto, una práctica contraria a la costumbre de los gobiernos de últimos años en Querétaro, que incluso llegaron a destinar más para este rubro que institutos de la mujer.
“El gobierno de Morena es incongruente con esta ley y con todo su Plan B de reformas; piden equidad y rendición de cuentas en propaganda gubernamental, pero hacen todos los días lo contrario en sus conferencias matutinas que no entran a ninguna regulación«.
acusó Leonor Mejía Barraza en un comunicado de prensa emitido la semana pasada.
Austeridad forzada
Con las modificaciones promovidas por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y aprobadas por el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales y municipales deberán ajustarse a una austeridad republicana forzada.
Para este año, el gobierno de Mauricio Kuri González contemplaba destinar el 0.5 por ciento del total del presupuesto para comunicación social y servicios relacionados: 265 millones 725 mil 675 pesos. Con los cambios, la administración estatal se debería limitar a 51 millones 636 mil 829.5 pesos.
Cabe señalar que, en estos dos años de Mauricio Kuri González, el presupuesto para comunicación social se ha mantenido en el 0.5 por ciento del total estatal.
En el Municipio de Corregidora se planeaba un presupuesto de 0.8 por ciento, lo que equivaldría a 15 millones 272 mil pesos, pero con la nueva normativa quedaría solamente en un millón 721 mil 511.1 pesos. El Marqués tenía contemplado un 0.8 por ciento de su presupuesto para comunicación social, unos 19 millones 490 mil 290 pesos, pero debería bajar a 2 millones 403 mil 168.2 pesos.
En Huimilpan se planeó ejercer el 0.3 por ciento del presupuesto, que equivale a 945 mil pesos. El plan B de reforma electoral lo bajaría a 268 mil 795.3 pesos.
Por último, el municipio de Querétaro había destinado 1.6 por ciento del presupuesto total, lo que equivale a 99 millones 500 mil pesos. Las reformas federales le obligan limitarse a 6 millones 40 mil pesos.
