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Querétaro incumple con ley sobre desapariciones

El Gobierno del Estado incumplió al no haber formado el cuerpo colegiado que tiene como tarea dar seguimiento a las actividades de las autoridades en el tema de las desapariciones y que, además, debe ser presidido por una persona avalada por los colectivos de víctimas-

De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a más tardar el pasado 17 de abril, el Gobierno del Estado debió haber instalado la Comisión Local de Búsqueda, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha, señalaron los diputados federales Juan Romero Tenorio y Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena.

Derivado de esto, desde el pasado 30 de mayo, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud de exhorto para que los titulares de los poderes ejecutivos de 25 entidades cumplan con la encomienda hecha por la federación, pues el “pasado 17 de abril del 2018 debieron entrar en funciones las Comisiones Locales de Búsqueda, tal como lo menciona el artículo cuarto transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. A pesar de que ya venció este plazo, sólo los estados de Baja California, Nayarit, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, México y Veracruz han cumplido con lo establecido.

Esta Comisión Local de Búsqueda tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

El artículo 58 de esta ley señala que la Comisión debe contar como mínimo con un grupo especializado de búsqueda, un área de Análisis de Contexto, un área de Gestión y Procesamiento de Información, y la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Además, las autoridades estatales debieron haber realizado una consulta pública previa con los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para definir al titular de esta Comisión.

Un presidente que se dedique exclusivamente a buscar personas

Quien sea electo para presidirla, deberá cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; contar con título profesional; no haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

Además, la persona titular de la Comisión no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Grupo de búsqueda

En el caso particular del Grupo de Búsqueda, tendrá las siguientes atribuciones: generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda; solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; esto sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar acciones relacionadas con la localización de personas.

También debe implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas y salvaguarde sus derechos humanos; finalmente, garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas.

Además, de acuerdo al artículo 67, las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda.

En esta ley también se establece que las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda y, además, las decisiones que el Consejo Ciudadano adopte deberán ser públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.

Cifras de personas no localizadas

De acuerdo al último reporte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en Querétaro hay un total de 284 personas no localizadas, lo que nos ubica en el lugar 19 a nivel nacional por el número de incidencias registradas.

La mayoría son hombres, pues suman 195 casos y de ellos, 19 son menores de edad; mientras en el caso de las mujeres, son 89 las extraviadas o desaparecidas y de ellas, 43 tienen menos de 18 años.

Los plazos ya se vencieron.

El pasado 12 de octubre de 2017 fue aprobada por la Cámara de Diputados la minuta del Senado de la Republica por la que se creó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 361 votos a favor y fue turnado al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); fue publicada el pasado 17 de noviembre.

Dentro de sus artículos transitorios la mencionada Ley señala: “entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”; además, las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; es decir, que los plazos citados vencieron el 17 de enero y el 17 de febrero de 2018 respectivamente.

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