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Corrupción y cambios de gobierno

Un caso de corrupción en España implicó un castigo en las más altas esferas y la caída de un gobierno. ¿Cuándo hemos visto en México? ¡Jamás! En el caso del desvío de recursos públicos para financiar las campañas del PRI o del PAN, aquí no se castiga a nadie.

El pasado 24 de mayo se dictó en España una sentencia histórica, luego de cinco años de investigaciones del conocido como “Caso Gürtel”, una trama de corrupción que implica al Partido Popular (PP) de España. La trama de este caso de corrupción nos debería ser muy conocida a los mexicanos pues se trata de financiamiento ilegal del Partido Popular. Este esquema implicó a varios empresarios. Los empresarios financiaban de manera ilegal al Partido Popular y éste correspondía al financiamiento ilegal favoreciendo a esos empresarios mediante contratos de obra pública otorgados por administraciones en manos del Partido Popular. Lógicamente, para hacer esto, el Partido Popular tuvo que desarrollar una doble contabilidad: la que se hacía pública y la subterránea.

En contraste, lo que sigue es totalmente ajeno a la praxis política mexicana, donde reina la impunidad.

Las condenas por corrupción política son las más duras de la historia de la democracia española, pues se condenó al empresario jefe de la trama a más de 51 años de cárcel, a otro empresario con 37 años, a un ex senador del PP a 33 años y una multa de 44 millones de euros (unos 880 millones de pesos), a un ex presidente municipal del PP a 38 años, a un ex consejero de la Comunidad de Madrid a 31 años. En total fueron condenadas 25 personas con penas de cárcel que van de los dos hasta los 51 años de cárcel. 296 años de cárcel repartidos entre 15 personas. ¿Cuándo hemos visto eso en México? ¡Jamás!

Recordemos que a finales del año pasado fue detenido en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, extesorero nacional del PRI. Al respecto, el periódico ‘Reforma’ publicó que en una declaración ministerial el exsecretario de Hacienda del estado de Chihuahua, reveló que durante la gestión del gobernador César Duarte, la Secretaría de Hacienda, encabezada en ese entonces por el actual canciller, Luis Videgaray, avaló la triangulación de unos 270 millones de pesos, de recursos públicos de Chihuahua, para financiar campañas del PRI en otros estados y que Alejandro Gutiérrez habría sido el operador de la transacción.

Lo más probable es que los priistas hayan usado este esquema para financiar, de manera ilegal, sus propias campañas políticas, con la complicidad y anuencia de la Secretaría de Hacienda, pues no es posible que Hacienda no se hubiera dado cuenta del desvío de 270 millones de pesos de dinero público.

Si contáramos con un Poder Judicial verdaderamente autónomo, ya habríamos visto condenados a decenas de priistas.

Pero ahí no terminó la cosa. A partir de la sentencia judicial, que implicaba la complicidad del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, del PP, el líder del Partido Obrero Socialista Español (PSOE) solicitó al Parlamento español una “moción de censura”, la que fue aprobada por la mayoría del Parlamento y que implicó la caída del jefe de gobierno. Es decir, no sólo pagaron los subalternos sino que el equipo de gobierno, en bloque, fue cesado por una mayoría de diputados. Así, un caso de corrupción implicó también un castigo en las más altas esferas y la caída de un gobierno. ¿Cuándo hemos visto en México? ¡Jamás!

Como en el caso del desvío de recursos públicos para financiar las campañas del PRI o del PAN, aquí no se castiga a nadie. Si acaso a unos cuantos chivos expiatorios con tal de taparle el ojo al macho.

Recordemos el triste papel del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, cuando exoneró a Enrique Peña Nieto del evidente caso de corrupción con su mansión conocida como “la casa blanca” o las nulas investigaciones sobre el muy probable caso de corrupción de contratos de la empresa brasileña Odebrecht con Pemex o los más de 7 mil millones de pesos desviados en el caso conocido como “la estafa maestra” en la que se adjudicaron contratos a empresas fantasma usando como intermediarios a algunas universidades públicas, que se prestaron a ello.

Este último caso involucró a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando era presidida por Rosario Robles y a la que llegó después José Antonio Meade, el que a pesar de su “gran preparación” no se dio cuenta de nada ni llamó a cuentas a su antecesora sino que, como hizo desde el gobierno de Felipe Calderón, se dedicó a voltear para otro lado, convirtiéndose así en cómplice. Con jueces como los españoles, Meade ya habría sido llamado a juicio junto con su jefe, Enrique Peña Nieto.

Por eso me sorprende el mantra, o cantaleta o dogma que sigo escuchando y leyendo en diversos lugares, que Meade “es el más preparado” de los candidatos a la presidencia de la República y me pregunto, ¿preparado para qué? Como Secretario de Hacienda avaló el gasolinazo de 2017. Está “muy preparado” y ¿no sabe que en México producir un litro de gasolina cuesta 6 pesos? “Muy preparado” y ¿nunca se dio cuenta del desvío de 260 mil millones de pesos de los 22 gobernadores priistas?

 

anbapu05@yahoo.com.mx

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