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Pegasus y el espionaje electrónico

Ángel Balderas Puga

Pues ahora resulta que gracias al proyecto internacional Pegasus, coordinado por Amnistía Internacional y por Forbidden Stories (que agrupa a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y a medios como Le Monde, The Guardian, The Washington Post, Die Zeit, Aristegui Noticias y Haaretz, entre otros), nos enteramos que los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto, se gastaron 61 millones de dólares (unos mil 200 millones de pesos) para adquirir el software Pegasus de la empresa israelí NSO, la que promociona su software como un medio para espiar a terroristas y a criminales por medio de la intervención de teléfonos celulares.

También nos enteramos de que ese software ha sido usado por los gobiernos de más de 50 países, desde 2016, y que varios de esos países, entre ellos México, han usado de manera ilegal dicho software, no para espiar a terroristas o a criminales, sino para intervenir las comunicaciones celulares de políticos, periodistas, activistas, sindicalistas y empresarios, entre ellos, por ejemplo, los actuales presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de México, Andrés Manuel López Obrador, y parte de sus entornos familiares y de amistades.

De 50 mil números espiados (dato hasta el momento), la gran mayoría (15 mil), corresponden a nuestro país, es decir, casi una tercera parte.

La ilegalidad del uso de Pegasus por parte de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, no sólo tiene que ver con el espiar a personas que ni son terroristas ni son criminales, sino también tiene que ver con el uso de recursos públicos de manera facciosa para espiar a opositores o a personajes incómodos.

En México, además de intervenir las comunicaciones de Andrés Manuel López Obrador (cuando era opositor a los gobiernos del PRIAN), se tiene detectado que también fueron espiados periodistas como Carmen Aristegui, Jenaro Villamil -hoy presidente del Sistema Público de Radiodifusión-, Josetxo Zaldua -coordinador en jefe del periódico La Jornada-, o Luis Hernández Navarro -coordinador de editoriales de La Jornada-.

Este tipo de espionaje gubernamental, sin duda, es extremadamente preocupante, pues no se sabe quién podría tener acceso a la información interceptada o incluso a la posición GPS de la víctima. Dicha información podría ser usada para chantajes, para pasar datos sensibles a la delincuencia organizada o para hacer daño (incluso la muerte). Por ejemplo, el periodista guerrerense Cecilio Pineda, fue asesinado en 2017, un año después de que fueran intervenidas sus comunicaciones con Pegasus o como el caso del periodista de Arabia Saudita, Jamal Khashoggi, asesinado en la embajada de su país en Turquía, después de que fueron espiadas las comunicaciones de personas cercanas a él.

En países donde los gobiernos respetan más las leyes, la intercepción de comunicaciones debe ser autorizada por un juez y debe estar lo suficientemente justificada por parte de la autoridad que solicita la intercepción (por lo general, policías, servicios de espionaje o ejércitos); en cambio en México, para la compra de Pegasus, fueron utilizadas empresas fachadas, por ejemplo, una empresa de navegación aérea de la que sólo un contrato de 12 que firmó tenía que ver con aeronaves, contrato por 464 millones de pesos, dizque para la compra de uniformes. Lo que huele mal, muy mal.

Ojalá y el gobierno federal dé a conocer la mayor información posible sobre este período de espionaje a ciudadanos por parte de los gobiernos del PAN y del PRI. anbapu05@yahoo.com.mx

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