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4 años de cárcel o trabajo comunitario: probables penas a Elsa Méndez por discriminación

De ser encontrada culpable del delito de discriminación, la legisladora sin partido, Elsa Méndez Álvarez, puede pasar entre dos y cuatro años y medio en prisión, según el artículo 170 del Código Penal del Estado de Querétaro.

Ayer lunes debía realizarse la primera audiencia contra la diputada presidenta de la Comisión de la Familia, sin embargo por cuestiones «de salud» será reagendada, según Luis Felipe Zamudio Burgos, activista que promovió la demanda por comentarios de la legisladora contra la comunidad LGBTTTI+.

Fue en enero de 2020 cuando Zamudio ingresó dicha denuncia ante la Fiscalía General del Estado, tiempo en que la diputada era integrante del extinto Partido Encuentro Social (PES). De manera reiterada publicó en sus redes sociales mensajes y fotografías contra este sector de la población, de manera que fomentó un discurso de odio.

Otras penas a las cuales Méndez Álvarez podría hacerse acreedora, según el citado Código, es de 37 a 150 días de trabajo a favor de la comunidad o de 75 a 300 días de multa, la cual es definida por un intervalo entre el salario mínimo y los ingresos de la persona amonestada.

Las penas aquí presentadas toman en cuenta que el propio Código Penal señala que se aumentará hasta en una mitad la pena prevista si la persona acusada es servidora pública.

En un mensaje en redes sociales, el activista Luis Felipe Zamudio lamentó que Méndez haya recurrido a un tema de salud para aplazar este proceso, pues la expanista no se hace responsable de sus acciones: «Evidentemente está tratando de aplazar este proceso para no hacerse responsable de sus actos… Ahora que tenía la posibilidad de presentarse y dar la cara no lo ha hecho».

Un historial de denuncias

Cabe recordar además que existe otra sanción pendiente, pero esta de carácter administrativo ante el órgano interno de control de la Legislatura del Estado. Dado que se resolvió que sus mensajes contra la comunidad de la diversidad fueron graves, la Colectiva Juntas (que ingresó la denuncia en 2019) interpuso un recurso de reconsideración.

De igual forma, la Defensoría de los Derechos Humanos emitió una recomendación en septiembre de 2019 contra la diputada por igualmente escribir publicaciones y mensajes contra el mismo sector poblacional.

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