Jacinta Francisco denuncia hostigamiento y discriminación de delegada amealcense
Verónica Sánchez Gutiérrez “anda promoviendo que me dieron mucho dinero para comprar tianguistas y ponerla en su contra (…) Repetía que soy vividora del gobierno, que golpeo a policías y luego me hago la víctima para sacar dinero”, denunció.
Jacinta Francisco Marcial acusó a la delegada de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil, por actos discriminatorios, de ahí que la indígena otomí exigiera la intervención y el apoyo correspondiente para detener estas injusticias. Jacinta Francisco fue acusada en 2006 por el secuestro de seis agentes federales y absuelta “por faltas de pruebas” el 15 de septiembre de 2009, luego de permanecer tres años en prisión.
La semana pasada, Jacinta Francisco denunció un aumento en la cuota para instalarse en el tianguis, ubicado afuera de la iglesia de la comunidad. Dicho incremento fue anunciado por la delegada Verónica Sánchez Gutiérrez y avalado por el fiscal del templo en compañía de policías municipales, Protección Civil, personal del Municipio y operadores del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró en rueda de prensa.
Al percatarse de estos hechos ocurridos el 17 de marzo, Jacinta se acercó a la delegada para obtener alguna explicación del porqué de éstas “decisiones arbitradas y autoritarias (…) por lo que ella, de forma muy discriminatoria, me dice que ya una vez fui famosa y con lo que ella iba hacer sería famosa por segunda ocasión”, aseveró.
Añadió que por enseñanzas del Centro Prodh aprendió que nadie puede burlarse o discriminarla, por lo que no permitirá que Verónica Sánchez Gutiérrez esté “haciendo mal uso de su autoridad para generar más daños irreversibles en mí”.
Puntualizó que, con el afán de imponer su autoridad, entrometerse en asuntos de la religión católica y desconocer los derechos de los pueblos indígenas, Verónica Sánchez Gutiérrez ha encabezado actos discriminatorios: “Anda promoviendo que me dieron mucho dinero para comprar tianguistas y ponerla en su contra (…) Repetía que soy vividora del gobierno, que golpeo a policías y luego me hago la víctima para sacar dinero”, denunció.
Iglesia y gobierno juntos
Jacinta Francisco Marcial aseveró que tanto la Iglesia católica como autoridades del gobierno intentan “intimidarlos” por el riesgo que representan las comunidades organizadas en la defensa de los derechos indígenas: “Se quieren apropiar no sólo de nuestro tianguis, sino de nuestro territorio, agua y otros recursos naturales”, lamentó.
Finalmente, hizo responsable a la delegada de Santiago Mexquititlán, al presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya Aguilar, y al Gobierno del Estado de Querétaro de cualquier daño que pudiera resultar en su integridad física hacia su persona como a su familia, a la asamblea y a la comunidad que los apoya.
Así mismo, hizo un llamado para que se acaben las “injusticias” y su pueblo permanezca en un estado de paz “donde se respeten nuestros derechos como pueblos originarios, donde las asambleas comunitarias sean transparentes y se dé rendición de cuentas”.
La pesadilla empezó en 2006
La historia de Jacinta Francisco Marcial comenzó el 26 de agosto de 2006 cuando agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) —sin uniforme y sin identificarse— realizaron un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán. Decomisaron la mercancía, lo cual ocasionó la molestia de los pobladores.
Las autoridades se comprometieron a regresar lo decomisado y dejaron a Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, agente federal, “como garantía” de que volverían; mismo que no fue herido y volvió por la noche con sus compañeros.
El 3 de agosto de 2006, Jacinta fue engañada cuando le fue dicho que debía declarar sobre un árbol que supuestamente taló. A pesar de no hablar español —y otras irregularidades— se le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud, por lo que —junto a otras dos indígenas— fue condenada a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil 620 pesos.
El 15 de septiembre de 2009, sale libre Jacinta Francisco Marcial por “falta de pruebas”. El 20 de noviembre de 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acordó indemnizar a Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas hñähñú que también fueron vinculadas a proceso, así como disculparse y reconocer públicamente su inocencia. El mismo Tribunal fallaría lo mismo a favor de Jacinta en mayo de 2014 pero fue hasta el 22 de febrero de 2017 cuando las autoridades aceptaron el error.
También Wikileaks difundió un cable de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en los cuales daba seguimiento al caso de Jacinta (Tribuna de Querétaro, 825): “El caso de Marcial —a quien señala como una “vendedora de paletas”— es ilustrativo de algunos sesgos arraigados en el sistema judicial de México”, resaltó.
